La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género consignó este martes su oposición al proyecto de ley que viabilizaría la construcción de estos espacios bajo alianzas público privadas.

La presidenta de la Red, Coraly León Morales, sostuvo que el país no tiene necesidad de más camas o espacios físicos para resguardar a las víctimas, sino “necesidad urgente de más recursos humanos y económicos que permitan a los albergues existentes operar a plena capacidad”.

“En este contexto, sugerimos que, en lugar de promover alianzas público privadas para la creación de albergues, se considere establecer alianzas estratégicas dirigidas a desarrollar proyectos de vivienda accesible y permanente que respondan a la realidad de las sobrevivientes, especialmente ante la actual escasez de inventario de viviendas seguras”, expresó.

Alertó, además, de los “efectos adversos” que traería la potencial aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 415, o Proyecto de Administración 15, con la integración de organizaciones con fines de lucro a la administración de estos centros esenciales para salvaguardar la vida de las personas en situaciones de violencia.

Entre las preocupaciones, está que se imponga algún costo a la sobreviviente de violencia, pérdida de fondos federales destinados a entidades, barreras de acceso, potencial segregación y limitación de un acceso equitativo a servicios esenciales.

Tras reunirse con representantes de la Red –que agrupa a los nueve albergues de la isla, todos gestionados por organizaciones sin fines de lucro–, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, mostró su respaldo a los planteamientos del colectivo, particularmente a la intención de que el proyecto responda a la necesidad de vivienda permanente.

“Ellas entienden que el proyecto sería un buen puente para trabajar en lo que sería la necesidad de vivienda asequible en Puerto Rico. Sé que se están considerando las enmiendas. Yo estoy integrando, al memorial que nosotros vamos a estar haciendo entrega a la Comisión (de Gobierno), este punto de vista de la Red de Albergues”, sostuvo la funcionaria, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Piñeiro Vázquez validó que el problema de falta de vivienda asequible para renta en Puerto Rico impacta de manera desproporcional a los albergues, que buscan viviendas permanentes o transitorias para las sobrevivientes de violencia, una vez culminan el proceso de albergue de emergencia. Además, aseguró que es un asunto que ha discutido con la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

“En esa línea, igual que ellas pienso que sería favorecedor el proyecto de las APP (alianzas público privadas), redirigiéndolo a lo que es la necesidad específica de vivienda en Puerto Rico”, dijo.

La procuradora destacó que estarían “sirviendo a la misma población”, pero en otra etapa, pues la escasez de vivienda asequible puede atrasar la salida del albergue de las sobrevivientes y reubicación. “Vendría a ayudarlas a ellas, solo que de manera distinta”, consideró.

La vicepresidenta de la Red y directora ejecutiva de Hogar Ruth, Lisel Flores Barger, agradeció el respaldo de Piñeiro Vázquez en la gestión para consignar sus preocupaciones respecto al proyecto.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de un modelo de atención centrado en las personas, con enfoque de derechos humanos, equidad y justicia social. Seguiremos colaborando con todas las instancias pertinentes para garantizar que las políticas públicas protejan y fortalezcan, en lugar de debilitar, la red de apoyo a las sobrevivientes en Puerto Rico”, subrayó.