El mismo día que la gobernadora Jenniffer González firmó una resolución para solicitar la “admisión de Puerto Rico como estado de la Unión” de Estados Unidos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó un proyecto para crear la denominada Ley de Estudios Sistemáticos para la Transición, Análisis, Desarrollo y Organización hacia la Estadidad.

El Proyecto del Senado 1565 propone crear un comité, que tendrá autonomía de criterio, será de carácter asesor e investigativo y evaluará –de manera comparativa– el impacto, económico, fiscal y contributivo de las alternativas de status, como la estadidad, independencia y el actual del Estado Libre Asociado.

El Nuevo Día solicitó este miércoles y aguarda por una reacción de La Fortaleza y del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johhny” Méndez, para saber si avalan la pieza legislativa.

El pasado viernes, la gobernadora presentó la resolución que le haría un reclamo a Estados Unidos para que la isla se convierta en estado. El documento había sido firmado por ambos presidentes legislativos.

Mientras, el propuesto comité, que estaría compuesto por cinco miembros, debería rendir un informe y, para esa encomienda, tendría un año con una asignación presupuestaria de $1 millón, pero se deja claro que sus integrantes no cobrarían salarios ni dietas, aunque podrían recibir “reembolsos de gastos previamente autorizados”.

“Corresponderá a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales y legales, evaluar las recomendaciones formuladas por el comité y determinar su viabilidad mediante legislación, acción administrativa, política pública, gestiones ante el gobierno de Estados Unidos o a través de cualquier otro mecanismo permitido por el ordenamiento jurídico”, lee el proyecto.

Los nombramientos serían por términos escalonados de tres, cuatro, cinco, seis y siete años, respectivamente, agrega la medida, que también precisa que los nombramientos posteriores serían por términos de cinco años. El cuórum quedaría conformado con tres miembros.

“Se establece como encomienda principal, prioritaria e inmediata del comité la preparación de un estudio integral sobre las consecuencias económicas, fiscales, presupuestarias y contributivas de las distintas alternativas de status político de Puerto Rico. Dentro de un término máximo de un año a partir de la fecha en que el comité esté debidamente constituido, preparará, aprobará, publicará y divulgará un informe final denominado ‘Informe sobre el Impacto Económico, Fiscal y Contributivo de las Alternativas de Status de Puerto Rico’, abunda la medida.

El comité debería evaluar los posibles cambios previsibles para Puerto Rico en programas, beneficios y transferencias federales.

“Considerará, entre otros, los programas de salud, asistencia económica y nutricional, educación, vivienda, infraestructura, veteranos y recuperación ante emergencias. Identificará los cambios en elegibilidad, financiamiento y requisitos de pareo, así como su efecto fiscal neto estimado. El comité examinará, además, cómo cada alternativa afectaría la aplicación de las contribuciones, arbitrios, derechos aduaneros y créditos contributivos federales a los residentes y entidades que operan en Puerto Rico. Procurará estimar sus efectos sobre los contribuyentes y los recaudos del gobierno de Estados Unidos”, indica el proyecto.

El comité podría contar con la asistencia de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, según el proyecto y, una vez confeccionado el informe, sería entregado a la gobernadora, los presidentes legislativos, el comisionado residente en Washington, el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el líder de la mayoría y la minoría del Senado de Estados Unidos, y el líder de la mayoría y minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El proyecto está asignado a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado.