Tras cinco meses de la administración de Jenniffer González en el poder, dos nominaciones previas y sonadas discusiones entre el Senado y el Ejecutivo, la jefatura del Departamento de Estado finalmente será ocupada en propiedad por Rosachely Rivera Santana.

Este lunes, en el último día de sesión ordinaria, Rivera Santana fue confirmada al cargo por la Cámara de Representantes de manera unánime. La aún alcaldesa de Gurabo ya había recibido el aval, también por unanimidad, en el Senado el 9 de junio, junto a las entonces nominadas a las jefaturas de los departamentos de Justicia y Trabajo, Lourdes Gómez Torres y María del Pilar Vélez, respectivamente.

Rivera Santana no estuvo presente en el Capitolio cuando se consideró su nombramiento, pero una vez confirmada en el puesto presentó su renuncia a la alcaldía ante la Legislatura Municipal de Gurabo, efectiva este miércoles, 2 de julio.

“Renuncié a mi cargo como alcaldesa y daré continuidad a una transición organizada para que los trabajos en el municipio sigan su curso habitual. Seré juramentada el jueves,3 de julio, en el nuevo cargo”, indicó la saliente ejecutiva municipal en un comunicado.

Precisó que Glenda Villafañe permanecerá como alcaldesa interina hasta que se escoja quién le sustituya en Gurabo.

“Lo importante es que Puerto Rico se mueva hacia adelante y tenga una secretaria de Estado, en este caso, una alcaldesa que ha demostrado excelencia y que ganó por la mayor cantidad de votos en Puerto Rico, así que, con la organización que le conozco a ella..., sé que la secretaría de Estado está en buenas manos”, expuso el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Jose “Pichy” Torres Zamora, previo a la votación.

Tal y como habían anticipado el viernes -durante la vista pública de confirmación en la Cámara-, las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) emitieron un voto de confianza a favor de Rivera Santana. De la misma forma, actuó la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.

“Esto le da paz al pueblo de Puerto Rico, que necesita tranquilidad y que el gobierno siga haciendo sus funciones, que no estaba pasando”, expuso Burgos previo a que comenzaran los trabajos del último día de la primera sesión ordinaria.

El camino de Rivera Santana hacia el Departamento de Estado no estuvo libre de conjeturas luego que la semana pasada trascendiera que la nominada analizaba la posibilidad de permanecer por un tiempo adicional frente a la alcaldía de Gurabo para lograr una transición ordenada.

Durante la audiencia ante la Cámara, sin embargo, Rivera Santana rechazó dicha posibilidad. La nominada había conversado antes con la gobernadora al respecto, según confirmó el jueves la propia mandataria.

“Puedo asegurarle que, tan pronto ocurra todo el proceso (de confirmación), mi renuncia va a estar presente. No voy a ocupar los dos puestos. Eso no va a ocurrir”, contestó el viernes la designada, a preguntas del portavoz cameral del PIP, Denis Márquez.

Rivera Santana ha dicho que su visión de trabajo incluye la innovación, modernización y digitalización de los servicios y trámites corporativos que ofrecen en la agencia. También indicó que buscará impulsar las relaciones exteriores y fortalecer las alianzas con países del Caribe y América Latina.

“Examinamos su expediente, y no encontramos nada para objetar el nombramiento... Por lo tanto, no vemos un impedimento, en este caso, de los pocos puestos que atiende la Cámara, en votarle a favor”, expuso Márquez este lunes.

Fue el legislador del PIP quien divulgó la presunta intención de la nominada de permanecer un tiempo adicional como alcaldesa de Gurabo aun luego de ser confirmada a la secretaría de Estado.

Previo a la nominación de Rivera Santana, la primera ejecutiva designó al cargo a la licenciada Verónica Ferraiuoli, cuya nominación fue retirada por la gobernadora luego que se confirmara que incumplió con su responsabilidad contributiva tres años consecutivos.

Posteriormente, designó a la silla a Arthur Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública, pero también fue retirado porque no cumplía con los criterios de residencia para ocupar el cargo público.

“Esa designación y esa aceptación de la nominación, ciertamente, representa un sacrificio para Rosachely... pero ha antepuesto su voluntad y su deseo para el servicio del pueblo de Puerto Rico”, aseveró el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El líder cameral mencionó que Rivera Santana no solo tiene la responsabilidad de sustituir a la gobernadora, como parte del orden de sucesión constitucional, sino que también tendrá la responsabilidad de representar al país en múltiples foros y poner en funcionamiento las juntas del gobierno de Puerto Rico.

En cambio, en medio de señalamientos y sin el aval de las minorías legislativas, la Cámara de Representantes confirmó, asimismo, a la licenciada Olga Birriel Cardona como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Esta Cámara va a confirmar a Olga Birriel Cardona porque tiene los quilates, porque tiene las herramientas, la capacidad y la integridad para ocupar esta posición de miembro alterno del PFEI”, afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés.

El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, indicó que, posterior a la vista pública para evaluar las credenciales de la nominada -celebrada el 12 de mayo-, trascendió que Birriel Cardona despidió injustificadamente a una abogada que asistió a una víctima de hostigamiento sexual, según una sentencia adjudicada por un jurado en el Tribunal Federal de Puerto Rico.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló a Birriel Cardona por incumplir con los cánones de ética de la profesión.

“Hoy, esta Cámara de Representantes pretende confirmar a una persona que no cumple con los requisitos... Aquí existen dudas sobre el carácter y la persona de Olga Birriel”, advirtió Ferrer Santiago, quien, a su vez, ha sido un fuerte crítico del funcionamiento del PFEI.

El nombramiento de Birriel Cardona, aunque fue a vista pública, fue atendido por descargue y sin informe de la Comisión de Gobierno. “La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente no sirve, ni es independiente ni lucha contra la corrupción”, aseveró Ferrer Santiago durante la discusión del nombramiento.

“Lo que nos dice la lógica, lo que nos dice la buena política pública, y a base de los hechos que hemos discutido aquí, hechos adjudicados, procede que la delegación del PIP votemos en contra de este nombramiento”, expuso, por su parte, Márquez.