El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) respaldó este miércoles el proyecto dirigido a devolverle a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico, pero defendió la permanencia de un organismo consultivo que realice análisis económicos que sirvan de apoyo técnico al determinar futuras alzas.

Actualmente, dicho organismo, conocido como la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM) –creada en virtud de la Ley 47 de 2021–, no solo realiza los estudios a los que el DTRH hizo referencia, sino que es el único facultado para fijar el salario mínimo en la isla.

La agencia sostuvo, asimismo, que debe preservarse la causa de acción reconocida en la Ley 47 a favor del obrero por diferencias en el pago del salario mínimo.

“Sugerimos enmendar la Ley 47 (...) limitando su rol a la realización de estudios y análisis técnicos y a la emisión de recomendaciones dirigidas a la Asamblea Legislativa”, apuntó el licenciado Reynaldo Santiago, procurador del Trabajo, según una ponencia suscrita por la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez.

La Ley 47 estatuto colocó en manos de la Comisión Evaluadora –adscrita al DTRH– la responsabilidad de determinar los ajustes salariales pertinentes en la isla. De sus siete miembros, dos responden a los trabajadores; dos, a los patronos; dos, a los economistas; y uno, al interés público.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1115, según su autor, el presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara, Roberto López Román, tiene como meta agilizar la evaluación de futuras alzas salariales. Para sus oponentes, sin embargo, su aprobación representaría un retroceso.

Previo a la aprobación de la Ley 47, hacía 13 años que no se aprobaba un alza al salario mínimo. El primer aumento dispuesto por el estatuto, a $8.50 la hora, fue efectivo el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora y, el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.

En tanto, las entidades que agrupan al sector empresarial defendieron la legislación, alegando que la Comisión Evaluadora, tal cual compuesta, carece de funcionarios electos, así como de una representación “adecuada” del grupo comercial. A esto, se suma que nunca ha contado con la totalidad de sus miembros, dijeron.

“Independientemente de lo que cada cual piense sobre la conveniencia o no de aumentar el salario mínimo, la Comisión creada por la Ley 47 no es un mecanismo adecuado para tomar esas determinaciones que impactan a toda nuestra economía”, expuso Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico.

La ponencia traída por Cidre fue firmada también por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA, en inglés), la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Constructores, la Asociación de Bancos y la Asociación de Hoteles y Turismo.

“Entendemos que la Comisión no hay forma de que sea balanceada”, afirmó, en tanto, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, quien cuestionó que una de las sillas del organismo representativa de los patronos sea ocupada por un economista de la Universidad de Puerto Rico y no por un profesional de una institución privada. “En papel no nos representa”, expuso.

“El planteamiento es que, por diseño, está para que esté inclinado hacia un lado”, argumentó.

A esta fecha, la Comisión Evaluadora cuenta con solo tres personas nombradas, de siete. Ante tal escenario, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, les recordó a los deponentes, citando la Ley 47, que son las asociaciones representativas de los intereses patronales de industrias y negocios las encargadas de recomendarle al Ejecutivo quiénes le representarán.

Con excepción de la Asociación de Bancos, todas las entidades tienen más de 100 miembros, confirmaron.

A preguntas de Ferrer Santiago, las entidades alegaron que le han presentado opciones a la gobernadora Jenniffer González. “No hemos sido consultados, (pero) sí hemos dado privadamente recomendaciones”, señaló Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas. Los demás deponentes respondieron en la afirmativa.

“Me parece que, entonces, no es una falta de ejecución de parte de la Comisión. Es una falta de ejecución por parte de la gobernadora de tomar decisiones y presentarle al Senado de los nombramientos”, subrayó Ferrer Santiago. “Devolver el salario mínimo a la Asamblea Legislativa es convertir el salario mínimo en un balón político... cuando depende el salario mínimo de los políticos, no aumenta”.