Tras el revés ejecutivo de agosto, la Cámara de Representantes volvió a darle paso este jueves a una medida, del novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro, para prohibir el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, hasta octavo grado en las escuelas públicas.

“Estudios recientes han demostrado que el uso excesivo de la tecnología en niños de edad escolar puede tener efectos perjudiciales en varias áreas claves, como el desarrollo cerebral”, dijo Navarro, al defender su pieza.

El Proyecto de la Cámara (PC) 808 prohíbe el uso de dispositivos móviles hasta octavo grado, en vez de solo en las escuelas elementales, como disponía la medida original radicada en la pasada sesión y que, en el trámite legislativo, sufrió enmiendas para que la restricción aplicara a alumnos “de todos los niveles”. Esas disposiciones fueron rechazadas por la gobernadora Jenniffer González.

Ahora, la medida fue aprobada con 35 votos a favor y 11 en contra.

Al vetar el antiguo PC 179, González recalcó que creía “en la privación del uso de celulares en estudiantes de escuela primaria”. “Los estudiantes ya de secundaria utilizan también su celular para la parte del internet, hacer asignaciones en la escuela. Y yo creo que, obviamente, con restricciones de uso, pero no se les debe prohibir”, argumentó, entonces, al anunciar el veto.

“La gobernadora entendía que debía ser hasta octavo, ya que los estudiantes de 10, 11 y 12 (grados superiores) están previos a entrar a la universidad y necesitan más utilizar artefactos en el horario escolar para adelantar diferentes circunstancias académicas. Lo dialogamos y entendí las sugerencias”, señaló Navarro.

El PC 808 contempla, al igual que la propuesta previa, tres excepciones: cuando el dispositivo se utilice para fines educativos, para comunicarse con padres por alguna emergencia o en casos de acomodo razonable.

El representante popular Reinaldo Figueroa Acevedo cuestionó la necesidad de la medida, así como que el informe de la Comisión cameral de Educación favoreciéndola se haya trabajado con los mismos memoriales del PC 179.

“Vengo del Departamento de Educación, 25 años como maestro, y con requerirle al estudiante que no lo utilice (el celular) en el salón de clases, porque interrumpe el buen manejo del período electivo, creo que sería más que suficiente”, indicó Figueroa Acevedo, al solicitar que el proyecto fuera devuelto a comisión, un reclamo que fue rechazado por la mayoría parlamentaria.

Durante la discusión de la legislación previa, Educación la favoreció y recomendó ampliar la restricción a nivel secundario. Mientras, la Federación de Maestros se opuso, por entender que las disposiciones ya se contemplan en el Reglamento General de Estudiantes y Asistencia Obligatoria de la agencia. El gremio, asimismo, criticó el proyecto por ser, a su juicio, un ejemplo de “sobrerregulación” y reforzar una visión autoritaria del proceso educativo.

“El celular, en horas de recreo y de ‘break’, lo vas a tener guardado. Tú vas a compartir con los pares, vas a interactuar con tus compañeros de escuela... eso es lo que se busca con esta medida”, ripostó Navarro. “Una vez cruce al Senado, comenzaremos el cabildeo para que se apruebe allá, pero es importante recalcar lo importante que es la regulación del celular”.

La prohibición propuesta aplicaría a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, computadoras portátiles, audífonos y equipo de juegos electrónicos.

Este jueves, la Cámara también aprobó los proyectos 648, 649 y 652, presentados a petición de la organización AARP. Buscan promover la formación académica y profesional en las áreas de geriatría y gerontología, así como la construcción, mantenimiento y operación de viviendas para personas de edad avanzada y hogares sustitutitos.

Asimismo, persiguen expandir el alcance de la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal”, a los fines de identificar e incluir a los cuidadores informales como miembros esenciales en el equipo de la persona que recibe apoyo, y ampliar los programas y servicios de apoyo a este grupo para que mantengan un buen estado de salud

Según estudios de AARP, entre un 40% y 55% de los cuidadores informales en Puerto Rico pertenecen a la fuerza laboral, intentando mantener un balance entre su rol y sus trabajos, ya que el 67% ha ejercido roles de cuidado sin remuneración económica.