El Senado concurrió este sábado con las enmiendas introducidas en la Cámara de Representantes a una veintena de medidas que incluyen ampliar la definición de acoso cibernético, permitir que el sector privado emplee a confinados y modificar la forma de fijar los sueldos de los alcaldes.

Entre los 17 proyectos y tres resoluciones conjuntas aprobadas, que ahora pasan a la consideración de La Fortaleza, está el Proyecto del Senado (PS) 61, que enmendaría la ley para contratar personas privadas de su libertad para tareas en dependencias gubernamentales para que empresas privadas también puedan emplearles, como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción.

“Al presente, Puerto Rico, como muchos otros lugares, enfrenta importantes retos en su mercado laboral. Hay una escasez de mano de obra en varios sectores de la actividad económica, siendo los más afectados, la agricultura y la construcción. Esto amenaza los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de la economía de la isla. Y es que, aunque hay fondos disponibles para llevar a cabo la reconstrucción de Puerto Rico, hay una necesidad de trabajadores para laborar en dicho sector”, lee la exposición de motivos del PS 61.

“Abordar la escasez de mano de obra mediante la formación de la población correccional es una alternativa que contribuye no solo a la recuperación económica de Puerto Rico, sino que también ayudaría a la rehabilitación y reintegración de estos en la sociedad”, resaltó la legislación de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y con coautoría tripartita.

Asimismo, el Senado aprobó el PS 615, una medida radicada a petición de la Federación de Alcaldes, que enmienda múltiples disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), proponiendo un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas que colocaría en manos de los miembros de las legislaturas municipales dicha determinación.

Actualmente, los salarios de los ejecutivos municipales están sujetos a unas escalas. Por ejemplo, un alcalde de un municipio cuya población fluctúa entre los 35,000 y 45,000 habitantes recibe una paga de $6,000 mensuales. Mientras, el de un pueblo con más de 300,000 residentes recibe una compensación que alcanza los $9,500 al mes.

El Senado, igualmente, avaló las enmiendas de la Cámara en el PS 91 que ampliaría la definición de “cyberbullying” contempladas en la Ley 85-2017 y Ley 85-2018, para que se incluya como acoso cibernético aquellos “casos en los que una persona se hace pasar por otra en la red, ya sea creando una página en internet o publicando contenido en línea sin su consentimiento, con la intención de dañar su imagen o identidad”, según la medida.

Por otro lado, el cuerpo estableció comités de conferencia tras no concurrir con las enmiendas presentadas por la Cámara en nueve medidas, que incluyen el PS 5 que crearía la “Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico”.

La primera sesión ordinaria del cuatrienio culminará el 30 de junio.