El Senado dio paso este lunes a una legislación de su presidente, Thomas Rivera Schatz, que define el marco jurídico para ofrecer seguros de salud para mascotas, con la intención de aliviar la carga económica que representa el cuidado veterinario.

“Surge una necesidad real de contar con herramientas modernas que faciliten el acceso a servicios veterinarios y, a su vez, que permitan a los consumidores y dueños de mascotas manejar el impacto económico derivado de enfermedades y accidentes que estas pueden padecer”, lee parte del Proyecto del Senado (PS) 976

La legislación fue aprobada de forma unánime, con 25 votos.

El proyecto establece un marco jurídico para los seguros de mascotas, fijando requisitos mínimos de póliza, divulgaciones claras y estandarizadas al consumidor, prácticas de mercadeo y mecanismos de fiscalización por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros.

La medida reconoce que, aunque los seguros para mascotas ya se ofrecen en el mercado local, no existe hoy una estructura normativa uniforme que garantice divulgaciones claras sobre exclusiones, condiciones preexistentes, períodos de espera, deducibles, límites de cubierta y metodologías de reembolso.

Según el estudio “Radiografía del Consumidor”, de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos en Puerto Rico (MIDA), en 2023, el 48% de los hogares en la isla tenían mascotas, lo cual equivale a cerca de 643,000 hogares. El mismo análisis refleja que los hogares con mascotas gastan $92 mensuales en alimentos para los animales.

Aunque la propuesta viabilizaría la posibilidad de un seguro médico para perros y gatos, deja a discreción de las aseguradoras definir las especies domésticas elegibles para cubierta, conforme a sus criteros de suscripción y apetito de riesgo. Asimismo, les concede la responsabilidad de divulgar al consumidor si la póliza excluye cubierta por condición preexistente, trastorno hereditario, anomalía o trastorno congénito, o condición crónica.

De igual forma, fue avalado este lunes, con 21 votos, el PS 1031, que obliga al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) a divulgar los proyectos tecnológicos activos ante su consideración.

“La falta de información oportuna y accesible sobre el estado de estos proyectos ha limitado la capacidad de los ciudadanos para evaluar su impacto y contribuir a su mejora, lo que subraya la necesidad de un marco normativo que priorice la divulgación proactiva”, agrega la medida, también, de Rivera Schatz.

El PRITS, según el informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, validó la intención legislativa.

Este cuatrienio, el PRITS ha sido objeto de discusión pública ante su aval a un contrato concedido por el Departamento de Salud para el manejo de la plataforma que expide certificados y licencias, que, según la Junta de Supervisión Fiscal, no siguió el debido proceso.

Mientras, está listo para la evaluación de la gobernadora Jenniffer González, el PS 920, para prohibir la “influencia económica” de entidades o personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas.

Asimismo, va rumbo a Fortaleza el PS 921, para que el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales(NIE) integre el“Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”, creado para fomentar la coordinación entre las entidades públicas con responsabilidad en la fiscalización.

Además, el PS 921 amplía las funciones de ese grupo de trabajo para incluir la formulación de iniciativas de política pública anticorrupción, la revisión periódica del marco legal y administrativo vigente y el análisis de los patrones de riesgo identificados mediante denuncias, auditorías e investigaciones gubernamentales.

El Senado avaló también las enmiendas incluidas por la Cámara al PS 676, que amplía de cinco a 10 años el período de prescripción para los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero cuando la cuantía involucrada ascienda a $500,000.

La misma suerte corrió el PS 582, para incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los oficiales del Cuerpo de Vigilantes -activos o retirados- del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Las cuatro medidas pasan ahora a la consideración de la primera mandataria en La Fortaleza.