¿Compró un vehículo usado y meses después, o quizás años, supo que contra la licencia se emitieron infracciones de tránsito? ¿Y, no tan solo eso, sino que también tuvo que hacerse cargo del pago de las multas, aun cuando fueron emitidas previo a aparecer como titular del auto?

Pues sepa que el Senado, en su sesión de este jueves, dio paso a una medida legislativa que busca, precisamente, evitar que, como resultado de una transacción de compra venta automotriz, el nuevo dueño tenga que acarrear con cualquier cargo indebido.

“Esto le crea un problema al nuevo titular porque, cuando va a hacer alguna gestión, queda como en un limbo, no puede hacer ninguna transacción. Si va a hacer un traspaso, no se lo permite porque el vehículo tiene deuda”, explicó el senador penepé Héctor Gabriel González, autor del Proyecto del Senado 694.

Durante la evaluación de la legislación, tanto el Departamento de Asuntos del Consumidor como el Departamento de Transportación y Obras Públicas la avalaron.

“Me parece que es un proyecto muy loable y que es de las cosas que tenemos que seguir haciendo en esta Asamblea Legislativa… es un asunto que tiene que ver con tanta gente que, al adquirir un vehículo usado, tiene tantas dificultades cuando hacen gestiones en el DTOP”, expuso, por su parte, el senador popular José A. “Josian” Santiago.

Según el DTOP, la práctica de imponer automáticamente multas, cargos administrativos y bloqueos sin verificar quién es el titular de un vehículo genera “consecuencias legales injustas” para ciudadanos que han actuado conforme a la ley. Asimismo, la omisión de validar la titularidad antes de imponer sanciones constituye una forma de “negligencia administrativa”, indicó la agencia.

La legislación propuesta enmendaría la “Carta de Derechos al Conductor” para disponer que el gravamen sea trasladado al expediente del dueño anterior.

El Senado también aprobó el Proyecto de la Cámara 201 para eliminar las áreas designadas para fumadores en planteles educativos e instalaciones recreativas públicas y privadas.

“Los planteles de enseñanza e instalaciones recreativas concurridas en su mayoría por niños y adolescentes deben gozar de las mayores protecciones contra el mal de la nicotina y el tabaco en general”, lee la medida, de la autoría de la representante popular Swanny Enit Vargas.

Aunque la Ley 40-1993, según enmendada, ya prohíbe fumar en escuelas e instalaciones recreativas públicas y privadas, permite designar áreas en estos espacios para fumadores, lo que quedaría vetado con este proyecto. La medida establece, además, un perímetro libre de humo de 20 metros alrededor de estas zonas.

De igual forma, fue avalado el Proyecto del Senado 171, de la senadora popular Ada Álvarez Conde y que propone enmendar el Código Penal, a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución contra toda persona que resulte convicta por el delito de enriquecimiento ilícito.

La medida, que recibió 17 votos a favor y 11 en contra, dispone pena de reclusión de tres años a todo funcionario o exfuncionario que, para beneficio personal o de un tercero, utilice información o datos que solo haya podido conocer por razón del ejercicio de su cargo, empleo o encomienda.

Mientras, si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con ocho años de cárcel y restitución.