El Senado dio paso este lunes, de manera unánime, a un proyecto de ley del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, para eximir a los empleados públicos estatales y municipales de rendir contribuciones por la liquidación del pago de licencias de vacaciones y enfermedad al momento de su jubilación o renuncia.

Bajo el marco contributivo vigente, estos pagos están sujetos a contribuciones, lo que reduce “sustancialmente” el beneficio económico que reciben los empleados al culminar su servicio.

“Cómo es posible que, tras que le quitamos todo, cuando a la persona se le va a dar esas liquidaciones, también se le cobren contribuciones”, señaló Matías

Según el senador, el Proyecto del Senado 1044 –atendido en la sesión por descargue, sin que se rindiera un informe– es una medida de justicia tras la aprobación de diversos estatutos que han impactado los beneficios de los servidores públicos. “Estos son los proyectos que no podemos pensar que, si lo aprobamos, no vamos a lograr que sea una realidad por la oposición de la junta de control fiscal”, expresó.

Según Matías, la legislación no afecta los estimados de ingresos del gobierno ni compromete recursos recurrentes. En términos técnicos, argumentó, la medida se considera fiscalmente neutral, y cumpliría con los criterios utilizados por el ente fiscal para la evaluación de proyectos legislativos.

Durante la sesión de este lunes en el Senado, también se aprobó el Proyecto de la Cámara 640 para que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) establezca –ya sea mediante acuerdos colaborativos– un programa de apoyo a los abuelos cuidadores.

La iniciativa debe incluir orientación legal, acceso a beneficios públicos, herramientas para desafíos de crianza, referidos de apoyo emocional y consejería comunitaria.

En Puerto Rico, para el 2016, de los 101,860 abuelos que compartían techo con sus nietos, había 31,689 que se encargaban totalmente de los menores, sin la mediación de los padres, según datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo. Entonces, el 72% de estos abuelos tenían entre 50 y 69 años de edad.

La medida, asimismo, eleva a rango de ley los programas “Abuelos Cuidando Nietos”, que ofrece reembolsos de hasta $200 por menor para la adquisición de artículos escolares, y “Abuelos Adoptivos”, a través del cual 90 voluntarios atienden a 438 menores con diversidad funcional en Ponce, Peñuelas y Juana Díaz.

“La medida promueve la continuidad en el cuidado, el alivio de cargas económicas y el acceso a beneficios sociales, beneficiando tanto a los abuelos como a los nietos y reduciendo la presión sobre los sistemas de cuidado estatal”, indica el informe de la Comisión senatorial de Famila.

De otra parte, el Senado derrotó una legislación de la Cámara de Representantes que hubiera permitido a los municipios someter solicitudes de reembolso ante la Asamblea Legislativa por los gastos en los que haya incurrido en la compra o mantenimiento de cualquier propiedad que vaya a ser adquirida por el gobierno central mediante expropiación forzosa.

Según la medida, tanto la “Ley General de Expropiación Forzosa” como el Código Municipal poseen una laguna jurídica en cuanto a la expropiación de un bien cuya titularidad o administración recae sobre un municipio, ya que “no aplica el mismo estándar de justa compensación que cobija a las personas privadas”.

El Proyecto de la Cámara 530, de la autoría del representante Edgar Robles, enmendaba los estatutos mencionados, a los fines de que los municipios sean considerados como persona para que, en caso de alguna acción dispositiva de la Asamblea Legislativa dirigida a privar a un gobierno municipal de su titularidad o uso de un bien, puedan reclamar una justa compensación.

La Comisión de Asuntos Municipales del Senado había emiitido un informe recomendando la aprobación de la medida. La Asociación de Alcaldes, la Asociación de Bancos, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Vivienda favorecieron la legislación.