El anuncio es sumamente llamativo: “Por solo $20 pesitos, tienes la oportunidad de llevarte a casa una camioneta Ford Raptor R 2026, un vehículo cuyo precio puede sobrepasar los $100,000”. Para cualquiera, la oferta suena como el negocio de la vida; para algunos, incluso, resultaría imposible de rechazar.

Pero, realmente, ¿para quién es el verdadero negocio? ¿Es legal este tipo de rifas? ¿Qué inherencia tiene el gobierno en este tipo de transacciones?

Estas y otras preguntas son las que la Asamblea Legislativa pretende responder a través de la Resolución del Senado 509, que busca frenar una preocupante modalidad de loterías que, al momento, opera sin ningún tipo de fiscalización ni garantías para el consumidor.

“Esta resolución persigue realizar un estudio general sobre las disposiciones que rigen localmente en cuanto a la promoción comercial por medio de sorteos y constatar el cumplimiento de los niveles mínimos de divulgación, difusión y publicación aplicables a los promotores de tales actividades”, consigna la legislación, de la autoría del senador Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor.

Según la medida, esta práctica comenzó originalmente con el sorteo de artículos menores, como relojes, aunque poco a poco han ido aumentando de valor, incluyendo vehículos, embarcaciones, ventanas de aluminio para el hogar y hasta una residencia. La dinámica, agrega la resolución, se basa en la venta de una cantidad de boletos, que promedia entre 10,000 y 15,000 por sorteo, con un costo que oscila entre $20 y $30 cada uno.

“Siendo política pública en Puerto Rico vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo, entendemos apropiado cotejar el grado de cumplimiento de las disposiciones que rigen la promoción comercial”, dispone la medida.

El “Reglamento de Prácticas Comerciales” (9158) del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) define las obligaciones mínimas de los promotores en cuanto a divulgación y publicidad, así como los protocolos obligatorios para alterar los términos, condiciones o premios, o para ejecutar la suspensión de los eventos.

Igualmente, define el término “sorteo” como “la actividad mediante la cual se le ofrece a más de una persona la oportunidad o expectativa de que una o más, pero no todas ellas, recibirán uno o más premios, y donde el azar es el elemento predominante en la selección del ganador”.

“Todo sorteo donde se requiera que los participantes paguen una prestación se considera una lotería ilegal”, consigna la resolución, según dispuesto en el Artículo 15 de la “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, a menos que el promotor provea, al menos, una forma alterna de participar sin pagar dicha prestación.