A horas de que fuera presentado, el Senado derrotó a viva voz este martes un proyecto de administración de la gobernadora Jenniffer González que abría la puerta para que el ingeniero Carlos Pesquera se integrara a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), una movida que bajo el ordenamiento actual resulta imposible.

El Proyecto del Senado 1453, radicado este martes, eliminaba la prohibición que actualmente impide el ingreso a la Junta de Gobierno de la AAA de cualquier persona que haya sido integrante de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político durante el año anterior a su nombramiento. Pesquera, expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), forma parte del Directorio de la colectividad.

Tras participar durante la mañana en la reunión semanal del Comité de Sequía, en La Fortalezs, Pesquera confirmó su disponibilidad para ser parte del cuerpo rector. “Sí, estoy disponible. Actualmente, la ley no lo permite porque yo soy miembro vitalicio del Directorio del PNP por haber sido presidente del partido en un momento dado. Eso me inhabilita de ser presidente hoy”, expuso en conferencia de prensa.

“Si cambiara la ley y la gobernadora le interesa que la ayude, estaría dispuesto (para integrar la Junta de Gobierno), pero correr la Autoridad, el día a día, no se ha discutido nunca y no está entre las posibilidades”, agregó el ingeniero, a preguntas de El Nuevo Día, al rechazar su disponibilidad para ocupar la dirección ejecutiva de la corporación pública.

Entre los cambios principales contenidos en el proyecto de administración sobre la Junta de Gobierno, figuraba restablecer el mecanismo de “holding over” (cláusula de continuidad) ante vacantes, preservar la estructura escalonada de los términos de los directores independientes, extender de tres a cinco años el término de los representantes de los clientes y eliminar el requisito de contratar firmas de búsqueda ejecutiva (“head hunters”) para los nombramientos.

Eliminaba, asimismo, el requisito de que los directores independientes nombrados por el gobernador o gobernadora de turno provengan de una lista preparada por una firma especializada en búsqueda de talento ejecutivo, un mecanismo que, según la gobernadora, ha resultado “costoso, lento y oneroso, sin que haya demostrado ser indispensable para preservar el profesionalismo de la Junta de la AAA”.

Referente a las exigencias para las personas designadas al cuerpo rector, eliminaba el requisito de experiencia en el campo de las finanzas corporativas y lo sustituía por “amplio conocimiento” en esa disciplina. De la misma manera, descartaba las funciones asignadas a los directores de la Asociación y la Federación de Alcaldes.

“Se elimina totalmente la obligación de la adopción de un código de ética para la Junta de Directores de la AAA y se sustituye ese requisito por la mención muy escueta de algunos elementos francamente ‘muy elementales’”, denunció, durante la sesión, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago.

De igual forma, la medida limitaba los temas a discutirse en las reuniones públicas de la Junta de Directores de la AAA. Bajo este nuevo marco legal, la corporación pública hubiese quedado exenta de transmitir las sesiones en las que se deliberaran asuntos sujetos a votación, así como los temas relacionados con la vulnerabilidad de la infraestructura de la corporación.

“Los asuntos que más le preocupan o le competen al país van a estarse resolviendo absolutamente a oscuras”, adivirtió la senadora previo a la derrota de la propuesta de administración.

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El periodista Richard Colón Badillo colaboró en esta historia.