Los tapones diarios a la salida de la Ruta 66, en Río Grande, seguirán siendo un dolor de cabeza para los cientos de conductores que transitan por la región, debido a que la construcción del proyecto de accesos elevados, anunciado en 2024 para la carretera PR-3, no comenzará hasta 2028.

El proyecto, anunciado por el exgobernador Pedro Pierluisi, aún se encuentra en la fase de diseño y permisos, la cual debe culminar en 2027, para dar paso a la construcción, informó este martes el senador Héctor Joaquín Sánchez, autor de una resolución para investigar el desarrollo de la obra.

“Con relación a la agilidad de parte de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), este proyecto comenzó hace tres años. Los fondos fueron asignados y hay un compromiso para entregar el diseño en octubre. Para nosotros, es un poco frustrante, porque hay urgencia con este proyecto para la movilidad y el desarrollo económico de la zona”, dijo.

El proyecto contempla la construcción de unos accesos elevados en los tres semáforos de la PR-3 en el área de Río Grande, que llegan hasta la entrada de El Yunque y el hotel Wyndham Grand Río Mar para disminuir la congestión vehicular que se crea en la zona. La propuesta surge tras rechazarse la posible extensión de la PR-66 por su impacto ambiental.

“Lo importante es que se cumpla con la línea de tiempo establecida. Una vez se resuelva el asunto de las utilidades en la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, va a venir un desarrollo increíble para la región y, entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos esta obra para que se beneficien todos los pequeños y medianos empresarios. Tenemos dos hoteles en Ríos Grande, uno en Luquillo y varios en Fajardo”, afirmó Sánchez.

El senador explicó que la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) utiliza un sistema de calificaciones para el flujo vehicular y advirtió que, en el caso de este tramo de la PR-3, la nota fluctúa entre D y F, lo que representa el nivel de congestión más crítico de la escala.

La información surgió durante una vista ocular de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, que preside Sánchez Álvarez. Del intercambio, participó personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la ACT, así como representantes de la firma que tiene a cargo el diseño del proyecto.

Sánchez explicó que la administración de Pierluisi asignó millones para la fase de diseño y permisos. No obstante, indicó que, según estimados de la ACT, habrá que identificar, para la primera fase de construcción –que llegaría hasta Alturas de Río Grande–, unos $136 millones.

Según el legislador, las obras de esta primera fase incluirían la edificación de los elevados, la expansión de los puentes existentes sobre los cuerpos de agua y la reconfiguración de la carretera PR-186. En esta intersección, se eliminaría el semáforo que actualmente provoca retrasos de hasta 45 minutos al salir de la Ruta 66, sustituyéndolo por rampas elevadas con dirección directa hacia San Juan y Fajardo.

Aclaró que los $136 millones estimados para la construcción no están asegurados, sino que la ACT solicitaría una subvención federal (“grant”) por la cual tendría que competir. Asimismo, enfatizó que mientras culminan las fases de diseño y permisos, es crucial que los alcaldes de la zona certifiquen el proyecto como una prioridad regional, lo que otorgaría mayor validez a la propuesta.