El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una legislación que obligaría al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) a divulgar los proyectos tecnológicos activos ante su consideración como un mecanismo para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en esa agencia.

“A medida que los cambios tecnológicos avanzan, se ha levantado la necesidad de implementar mecanismos más robustos para garantizar el acceso público a información detallada sobre el progreso de los proyectos tecnológicos gestionados por PRITS”, lee parte del Proyecto del Senado 1031.

Este cuatrienio, el PRITS ha sido objeto de discusión pública ante su aval a un contrato concedido por el Departamento de Salud para el manejo de la plataforma que expide certificados y licencias, que según la Junta de Supervisión Fiscal no siguió el debido proceso, y ante la prolongada ausencia de un jefe en propiedad, panorama que finalmente cambió el 12 de enero con la confirmación al cargo de Poincaré Díaz Peña.

El funcionario fue el cuarto nominado al puesto por la gobernadora Jenniffer González; los tres nominados previos fueron retirados por La Fortaleza sin consideración legislativa y bajo alegatos de que eran objeto de presiones políticas en la evaluación de contratos.

La falta de personal y de autonomía han sido, según fuentes de este medio, algunas de las trabas que han dificultado la operación de PRITS, que debe evaluar todo contrato de informática o tecnología en el gobierno.

A pesar de que la gobernadora ha hablado sobre la posibilidad de que el PRITS regrese a la estructura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el presidente del Senado radicó un proyecto de ley para que sea una junta adjudicativa la encargada de evaluar y aprobar los contratos en esa agencia.

Pero, en lo que se define su futuro operacional, el presidente del Senado ha vuelto a radicar legislación, en esta ocasión, para que publique en su portal digital todos los proyectos tecnológicos activos bajo su jurisdicción. En casos excepcionales, como proyectos clasificados por razones de seguridad nacional o confidencialidad legal, podrá publicar versiones que omitan información sensitiva.

“La falta de información oportuna y accesible sobre el estado de estos proyectos ha limitado la capacidad de los ciudadanos para evaluar su impacto y contribuir a su mejora, lo que subraya la necesidad de un marco normativo que priorice la divulgación proactiva”, agrega la medida de Rivera Schatz, quien es el autor de las enmiendas aprobadas a la Ley de Transparencia que, según diversas voces, entorpecen el acceso a la información pública.

Entre las funciones del PRITS, se encuentra la coordinación y supervisión de proyectos tecnológicos de alto impacto, como sistemas de permisos digitales, plataformas de datos abiertos y soluciones de ciberseguridad, que son vitales para mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar la competitividad económica.

El Proyecto del Senado 746, que crea una junta adjudicativa para evaluar y aprobar los contratos ante la consideración de PRITS, fue aprobado por dicho cuerpo en noviembre y está ante la consideración de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

De aprobarse, la junta estaría adscrita al PRITS y contaría con tres miembros a tiempo completo y dedicación exclusiva a esas labores, y serían nombrados por el Ejecutivo y los presidentes legislativos. Todos deberán poseer experiencia en innovación, ciberseguridad, infraestructura de datos o áreas relacionadas, y sus decisiones serán públicas y documentadas mediante resoluciones escritas.