La eliminación de la categoría de juez municipal y la adopción de un nuevo “modelo de gobernanza” que le retiraría a la figura del juez presidente del Tribunal Supremo la facultad exclusiva sobre ciertas funciones administrativas son dos de los principales cambios al Poder Judicial que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, promueve a través de una legislación de su autoría.

El Proyecto del Senado 1096 crearía, asimismo, el “Patronato del Poder Judicial” y le impondría al Negociado de Traducciones del Tribunal Supremo la obligación de traducir decisiones y resoluciones certificadas para publicación en un término máximo de 20 días. En ese mismo tiempo, el documento debería estar colgado en el portal oficial del Poder Judicial.

Según la exposición de motivos de la legislación, tras más de dos décadas de su aprobación, la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado” (Ley 201-2003) “se ha convertido en un marco legal obsoleto que no responde adecuadamente a los desafíos contemporáneos que enfrenta el sistema judicial”.

“Resulta imperativo revisar la misma, atemperarla a la judicatura moderna y delimitar, sin ambages, las facultades delegadas a nuestro máximo foro por la Constitución”, agrega el proyecto, de 52 páginas.

De acuerdo con Rivera Schatz, la Ley 201 le confirió al juez o jueza presidenta ciertas facultades administrativas de carácter exclusivo que, en la práctica, “transgredieron la letra y el espíritu de nuestra Constitución, pues, concentró en una sola figura poderes que debían ejercerse de forma compartida, por mandato constitucional, entre el Tribunal Supremo en pleno y el juez presidente”.

“Con esta enmienda, no se le retiran o eliminan poderes a la figura del juez presidente y mucho menos se pretende coartar sus facultades. Todo lo contrario, lo que se pretende es reconocer los poderes de coadministración de los tribunales, conferidos por el pueblo en la Constitución, al Tribunal Supremo y al juez presidente”, abunda la medida.

Entre los cambios propuestos, está retirarle al juez presidente del Tribunal Supremo –cargo que ocupa, desde 2016, Maite Oronoz Rodríguez– la “facultad exclusiva” de designar y asignar a los togados que administrarán las regiones judiciales del Tribunal de Primera Instancia y al juez administrador del Tribunal de Apelaciones. Bajo la legislación senatorial, esa responsabilidad recaería en el Tribunal Supremo en pleno.

Mientras, el cambio en la composición del Tribunal de Primera Instancia, según la pieza, persigue uniformar la estructura judicial, optimizar la asignación de recursos humanos y administrativos, y garantizar una carrera judicial coherente, con criterios uniformes de reclutamiento, ascenso, remuneración y educación judicial.

“Este cambio responde a la necesidad de dotar al Poder Judicial de una estructura flexible, eficiente y transparente, que asegure una administración de justicia uniforme y equitativa en todo Puerto Rico”, lee la medida.

De aprobarse tal cual redactada, los jueces municipales en funciones al momento de entrar en vigor el nuevo estatuto continuarían ejerciendo sus deberes, según Ley 201, hasta que el Tribunal Supremo adopte la reglamentación sobre competencia judicial contemplada en el proyecto.

De la misma forma, los jueces municipales en funciones mantendrían su remuneración vigente, pero el Poder Judicial tendría que realizar las gestiones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones incluidas en la legislación, que dispone que todos los togados del Tribunal de Primera Instancia recibirían un sueldo anual de $126,875.00, según la Ley 101-2024.

Actualmente, los jueces municipales reciben un salario anual de $107,844.

La propuesta ley también le permitiría al Tribunal Supremo asignar una compensación adicional a los togados que dirijan las regiones judiciales, que ejercen funciones en asuntos especiales o funciones de superior jerarquía, de hasta 6% sobre el sueldo correspondiente a sus plazas.

El lunes, en una vista pública en la que se evaluaron varios nombramientos a la judicatura, Rivera Schatz sostuvo que, en la práctica, hay jueces municipales realizando funciones correspondientes a los jueces estatales y viceversa. “Luego de la revisión de los sueldos que tuvo la judicatura recientemente, la pregunta que nos debemos hacer es si debe haber esos dos cargos”, expuso el líder senatorial, quien tiene la misma apreciación sobre la división por escalas que rigen los cargos a fiscales.

“En las salas, el fiscal dos, el uno y el tres ven exactamente los mismos casos”, agregó, en la vista, al señalar que la división sobre los funcionarios del ministerio público responde solo a la compensación económica.

En tanto, el “Patronato del Poder Judicial” tendría la responsabilidad de allegar y administrar fondos provenientes de donaciones, aportaciones y subvenciones públicas o privadas, a fin de invertir en la preservación, restauración y modernización de las estructuras físicas del Poder Judicial.

“Durante décadas, la rama judicial del gobierno ha enfrentado limitaciones presupuestarias que han dificultado el mantenimiento y la mejora de las instalaciones judiciales. A diferencia de las ramas Ejecutiva y Legislativa, el Poder Judicial carece de mecanismos autónomos de captación de recursos, lo que ha comprometido la capacidad”, lee el proyecto.

Las funciones incluirían, también, promover la autosuficiencia económica del Poder Judicial, incentivar la inversión en infraestructura judicial, y fortalecer la confianza ciudadana en la institución mediante proyectos visibles de mejora y preservación.

Tras la radicación, el Colegio de Abogados y Abogadas reclamó la celebración de vistas públicas que permitan una discusión amplia de la legislación. La entidad le cursó una carta a Rivera Schatz con su pedido.

“No se trata meramente de un ajuste administrativo, sino de una reconfiguración de los pilares que sostienen el acceso a la justicia y la independencia judicial en Puerto Rico. Una deliberación inclusiva, que integra el peritaje de la academia, los gremios profesionales y los sectores de la comunidad jurídica, es la única garantía de que cualquier cambio legislativo no solo sea tecnológicamente avanzado, sino jurídicamente sólido y socialmente legítimo”, consignó el Colegio, en declaraciones escritas.

Anticipó, igualmente, que encaminará un análisis del proyecto y escuchará a su matrícula para emitir una posición oficial sobre sus disposiciones.