El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó el recurso de “mandamus” con el que varias organizaciones ambientales buscaban que la Cámara de Representantes remitiera a la gobernadora Jenniffer González el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático y que esta, a su vez, procediera a aceptarlo y firmarlo o vetarlo.

El tribunal concluyó que la Cámara, al cierre de la segunda sesión del cuatrienio, no dispuso del tiempo necesario para evaluar adecuadamente el plan ni ponderar su impacto fiscal. Agregó que la falta de una oportunidad razonable para hacer dicho análisis impidió que el cuerpo legislativo actuara sobre el documento conforme a la Ley 33-2019.

“En consecuencia, se desestima la petición de ‘mandamus’ que presentó la parte demandante, El Puente de Williamsburg, Inc.; Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, Inc. y Lissette A. Avilés Ríos”, lee la decisión, de 26 páginas, emitidas por Cuevas este lunes.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por comentarios de El Puente.

Desde finales de 2025, el plan ha permanecido en un limbo que mantiene al país desprovisto de una política pública clara y certera para responder a problemas crecientes como la erosión costera y el calor extremo.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, sostiene que la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático refirió a la Cámara, el 18 de noviembre de 2025, un informe final sobre el plan, pero el Senado insiste en que no solo consideraron el informe final, sino que también aprobaron el plan, y así lo hicieron constar en una misiva cursada a La Fortaleza el 20 de noviembre de ese año.

Aun así, los demandantes sostienen que, al concluir la sesión ordinaria ese 18 de noviembre, el plan quedó aprobado conforme a la ley. Posteriormente, el 20 de noviembre, el Senado lo remitió a La Fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano, devolvió el documento a la Cámara, alegando que solo había sido aprobado por uno de los cuerpos.

El Puente indicó que, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que dicha devolución no procedía, el documento permaneció en manos de la Cámara.

“Es la contención de los demandantes que la Cámara de Representantes incumplió con su deber ministerial porque debió aprobar el plan durante la misma sesión ordinaria en la que se le remitió. No obstante, es necesario destacar que, apenas una hora y media luego de que la Comisión Conjunta presentara el informe final al pleno de ambos cuerpos, la Cámara de Representantes cerró sus trabajos. Este elemento no debe menospreciarse”, dispone la determinación.

El lunes, abordado por El Nuevo Día sobre el tema, Méndez sostuvo que, para aprobar un plan que verdaderamente atienda el cambio climático, se tendrían que haber cumplido dos condiciones: el Comité de Expertos debió haber presentado un proyecto de ley formal para la evaluación de la Comisión Conjunta y su posterior votación en el hemiciclo o, en la alternativa, el informe entregado debía contener un diagrama claro que sirviera de guía para confeccionar una legislación.

Méndez dijo que, con motivo del inicio de la nueva sesión, recomendó a su delegación del Partido Nuevo Progresista citar de forma inmediata a los miembros del Comité de Expertos y a las presidentas de la Comisión Conjunta, la senadora Marissa Jiménez y la representante Elinette González, para discutir los pasos a seguir. El objetivo de este encuentro sería estructurar y radicar un proyecto de ley junto al plan para tener visibilidad, adelantó.

A la vez, reiteró que hay que considerar de dónde se obtendrán los $6,300 millones que costaría implantar las medidas recopiladas en el plan, según estimados de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

El tribunal también determinó que el daño alegado por los demandantes no es seguro ni inminente. Esto se debe a que el propio plan no se encuentra formalmente ante la consideración del Ejecutivo para su firma o veto, ya que fue devuelto previamente a la Asamblea Legislativa por falta de aprobación constitucional.

“Esta decisión del Tribunal Primera Instancia de San Juan valida las acciones de la Cámara de Representantes en torno al trámite que se ha dado al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Dicho plan fue presentado minutos antes de concluir los trabajos de la segunda sesión ordinaria, así que no hubo tiempo de analizarlo”, sostuvo Méndez.