En el inicio este martes de la discusión legislativa del nuevo presupuesto, quedó claro que la reforma contributiva –una de las principales propuestas de la administración de Jenniffer González– sigue en el tintero y ni siquiera hay un cuadro definitivo de cuándo se aprobaría la prometida reducción de tasas a la clase trabajadora del país.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que, como parte del análisis presupuestario, la consideración y posible aprobación de una reforma contributiva dependerá de que la Legislatura tenga “certeza” tanto de las proyecciones de ingresos del gobierno como de sus gastos u obligaciones.

“Es el deseo de esta Asamblea Legislativa reducirles las tasas contributivas a los individuos, pero necesito tener certeza de que el dinero que va a entrar (a las arcas del gobierno) va a ser suficiente para cubrir lo que para nosotros son prioridades y, a la misma vez, poder bajar las tasas contributivas”, afirmó.

Ante los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, aseguró no tener “la menor duda” de que, “en efecto”, el gobierno “no gastó más de lo que ingresó”, con excepción del año fiscal 2022. El gobierno, sin embargo, permanece sin estados financieros auditados.

Al respecto, Pantoja dijo que los estados de 2023 y 2024 están completados en un 95% y próximos a entregarse, excepto el de la Autoridad de Energía Eléctrica. “Tenemos que tener certeza de lo que tenemos, mes a mes, para poder saber si vamos a cruzar el Niagara en bicicleta”, recalcó, en tanto, Méndez.

Sobre la mesa, sigue la entrega de un “cheque reintegrable” anual. Para este año contributivo, el gobierno destinó $554 millones del Fondo General, que cubrirían un beneficio único para entre 600,000 y 700,000 contribuyentes. La propuesta sigue ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Cuestionado, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, señaló que el gobierno cumplió con la entrega de documentos requeridos por la JSF. “Esperamos que, en su momento, y lo antes posible, la Junta tome la decisión final”, dijo.

“Yo preferiría, sinceramente, que aprobemos la reforma, que es las rebajas en las tasas contributivas porque eso significa certeza para el contribuyente. Eso es el cumplimiento de un compromiso. Yo quiero algo que sea definitivo, que sea palpable, y que tengamos certeza de que bajamos las tasas”, insistió Méndez.

En 2025 y lo que va de 2026, la Legislatura ha aprobado varias medidas que forman parte de la visión de la administración de González para reformar el sistema contributivo. Estas piezas modernizaron disposiciones del Código de Rentas Internas, fortalecieron incentivos económicos y simplificaron procesos administrativos.

“La gente allá afuera está esperando ese dinero (cheque reintegrable). Es dinero que certificamos que está disponible... debería ser la prioridad (del gobierno)”, expuso, por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier.

Precisamente, la Comisión cameral de Hacienda comenzó la evaluación del presupuesto sin que se le haya entregado, por parte del Ejecutivo, el borrador que la administración de González le entregó a la JSF, confirmó Charbonier.

Para el próximo año fiscal 2026-2027, que inicia el 1 de julio, el gobierno –del Partido Nuevo Progresista–está proponiendo un presupuesto, con cargo al Fondo General, ascendente a $13,180 millones, un incremento de $85 millones respecto al vigente.

El presupuesto consolidado propuesto, no obstante, asciende a $33,515 millones, lo que representa un aumento de $803 millones en comparación con los $32,712 millones del vigente. El cambio se debe, principalmente, a un incremento en $678 millones en subvenciones federales asignadas a las agencias, en específico, la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de la Vivienda.

Del total propuesto consolidado, $13,181 millones provienen del Fondo General; $5,467 millones, de fondos de ingresos especiales; y $14,866 millones, de fondos federales.

Para el año fiscal corriente, entre julio 2025 y enero 2026, los ingresos netos del gobierno alcanzaron $7,069 millones, $223 millones adicionales a lo proyectado, especificó Pantoja.

El presupuesto propuesto, añadió Pantoja, contempla una asignación adicional de $20 millones al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para cubrir el aumento salarial de los oficiales correccionales. De igual forma, la Policía recibiría un aumento de $25 millones para la implantación de nuevas escalas salariales para los distintos rangos dentro de la fuerza.

“El presupuesto del año fiscal 2027 refleja un proceso estructurado de transformación institucional orientado a mejorar la disciplina presupuestaria, fortalecerla capacidad analítica del gobierno y establecer herramientas permanentes de coordinación interagencial, análisis económicos y monitoreo del gasto público”, apuntó, en tanto, Rivera.

Se incluye, asimismo, una asignación de $20 millones para Invest Puerto Rico, así como otra de $150 millones para inversión en mejoras orientadas a la infraestructura pública y la modernización de los sistemas gubernamentales.

El presupuesto, destacaron los deponentes en su ponencia conjunta, prioriza la asignación de recursos hacia áreas que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, entre las que destacaron el fortalecimiento de la educación, el financiamiento de programas de salud pública y servicios sociales, la seguridad pública y la transformación digital.

A estas prioridades, Charbonier agregó la inclusión de fondos para conferirle ajustes salariales a los empleados no docentes del Departamento de Educación. Méndez mencionó, por su parte, la pavimentación de vías públicas y la rehabilitación de la base Roosevelt Roads, en Ceiba.

Según el calendario de trabajo, el Ejecutivo tiene que someter su propuesta de presupuesto a la JSF en mayo. Las vistas públicas continúan el 23 de marzo, con la comparecencia de la Oficina del Contralor. Mientras, el 7 de abril, está convocado el DCR.