Al proponer varias enmiendas, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, condicionó este miércoles el endoso de la agencia a la legislación que integra a los “nurse practitioners” como profesionales autorizados para prescribir medicamentos, advirtiendo que el texto aprobado por el Senado excedió los propósitos originales de la medida.

Ramos señaló que, bajo la redacción actual, el “nurse practitioner” operaría sin supervisión médica directa y con la facultad de emitir órdenes para laboratorios y estudios, además de prescribir medicamentos. La legislación, asimismo, enmienda cuatro estatutos distintos y trastoca los procesos de credencialización de los planes médicos, al imponer un plazo de 90 días para completar dicha acreditación.

“Cómo está el proyecto, no tiene que tener la supervisión directa del médico”, sostuvo el titular, durante una vista pública en la Cámara de Representantes para evaluar el Proyecto del Senado 757, de la autoría de su presidente, Thomas Rivera Schatz, junto a José Luis Dalmau Santiago y Joanne Rodríguez Veve.

La pieza, según su exposición de motivos, va dirigida a reconocer a estos profesionales dentro del sistema de salud como mecanismo para promover mayor accesibilidad y continuidad en la atención médica. “La inclusión de los ‘nurse practitioners’ en el sistema de salud contribuye a optimizar la distribución de los recursos médicos, mejorando la cobertura en áreas con déficit de profesionales y aumentando la capacidad de respuesta del sistema”, lee el proyecto.

Actualmente, sin embargo, la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” (Ley 247-2004) solo reconoce como prescriptores a médicos, odontólogos, dentistas, podiatras y veterinarios.

“El contrato de acuerdo tiene que establecer cuáles son los límites que va a tener o no el ‘nurse practitioner’”, reiteró Ramos, al sostener que la medida, como está radicada, pretende equipararlo con la práctica en Estados Unidos, donde, en la “mayoría de los estados”, no se exige este tipo de contrato.

“Ciertamente, es el resultado de tratar de ayudar con la escasez que hay, pero, si a mí me preguntan, yo preferiría ir al médico”, agregó.

Ramos presentó varias enmiendas orientadas a garantizar que cualquier disposición que faculte al “nurse practitioner” como prescriptor especifique que debe actuar estrictamente dentro de los límites de su licencia y especialidad. Condicionó ese ejercicio a la existencia de un acuerdo colaborativo vigente, registrado y aprobado con un médico. Asimismo, planteó salvaguardar el derecho del paciente a solicitar y recibir una evaluación médica directa, lo que no está incluido actualmente.

Por último, recomendó descartar la imposición de una acreditación automática en los planes de salud, sustituyéndola por la obligación de procesar los casos en plazos específicos, a la vez que instó a establecer una implantación escalonada que permita a la Junta Examinadora de Enfermería fiscalizar y registrar adecuadamente estos acuerdos clínicos.

Actualmente, en la isla hay 108 “nurse practitioners” registrados. Dicha especialización académica se ofrece localmente en la Universidad Ana G. Méndez, la Escuela de Medicina San Juan Bautista, EDP University y Dewey University. El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico tuvo un programa, pero ya no está activo.

“Mi mayor preocupación, claramente, es que la Junta de Enfermería se tiene que asegurar que a ese profesional que se le va a permitir esto, que es un privilegio… se haga de la manera más estricta posible”, dijo Ramos. “Tiene que evaluarse dónde estudió y los acuerdos colaborativos”.

Durante la audiencia, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, enfatizó en la necesidad de establecer garantías estrictas en la medida, contrastando la flexibilidad otorgada a los “nurse practitioners” con las restricciones que enfrentan cientos de graduados en medicina que no han revalidado. A estos últimos, argumentó, no se les permite recetar ni ejercer por no estar licenciados, pese a su conocimiento y preparación.

“Me preocupa hasta dónde vamos a llegar cediendo los deberes y las responsabilidades de un profesional que se mata estudiando, y estamos aquí tocando la puerta para darles unos poderes a unos sectores, con razón o sin razón, mediante acuerdos colaborativos”, expuso, por su parte, el representante Pedro “Pellé” Santiago.

La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Marisel Delgado, favoreció la propuesta, al asegurar que contribuiría a optimizar la distribución de los recursos médicos, mejorando la cobertura en áreas con déficit de profesionales.

“En los estados que poseen legislación sobre el tema, uno de los mayores beneficios que se ha reportado es una mayor eficiencia y acceso en beneficio de los pacientes, mejora el flujo y atención de estos y reduce la saturación en las salas de emergencia y clínicas”, declaró.