Pese a los señalamientos levantados en su contra y de no contar –al momento– con el favor de la mayoría senatorial, el designado a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), el doctor David Figueroa Betancourt, sostuvo este miércoles que va “pa’lante” en sus aspiraciones y, una vez más, se desligó de cualquier conducta impropia imputada.

Asimismo, aclaró que son 22 y no 27, como se alegó durante su vista de nombramiento en el Senado, las demandas que ha presentado contra comercios locales por presuntas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

Dijo que 13 de estos pleitos los sometió en su carácter personal y en los restantes nueve, aparece como codemandante junto a la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (Cadfi).

“Continuaremos en defensa y protección de los más vulnerables. Si quieren a alguien que defienda otros intereses, pues, escojan a otra persona”, apuntó. “Yo voy pa’lante”, agregó, a preguntas de El Nuevo Día sobre si persiste en sus aspiraciones a pesar del difícil escenario,

El martes, la gobernadora Jenniffer González defendió nuevamente el nombramiento de Figueroa Betancourt y enfatizó que no lo retirará. “La gobernadora me reclutó porque conoce mi trabajo, y sabe que aquí nadie puede probar con evidencia que haya algún esquema o alguna reclamación ilegal”, expuso el designado.

En una conferencia de prensa desde el Centro Gubernamental Minillas en Santurce, donde ubica la DPI, Figueroa Betancourt compartió con los medios un resumen de los casos incoados a nivel estatal, así como el detalle de la situación fiscal que encontró en la dependencia a su llegada.

Al igual que hizo durante la audiencia senatorial, negó que haya recibido compensación económica por alguno de los pleitos que presentó. A tales efectos, dijo, prestó una declaración jurada. “Nadie puede probar... ni ha presentado una sola evidencia que me vincule a mí con alguna reclamación”, dijo.

Detalló que el pasado 8 de agosto, tras conocerse su designación, le solicitó a su abogado, José Vélez Colón, que “desistiera con perjuicio” en ocho de los 13 pleitos presentados en su carácter personal. Este recurso legal impide que la misma reclamación pueda volver a ser radicada.

Estas ocho demandas, presentadas el 1 de julio, fueron incoadas contra Bebo’s BBQ, Big China, Burrillos, Casahavana Puerto Rico, El Parrillón, China Bistro, China Classic y Ferrari Gourmet. Alegó que a cada comerciante se le envió tres intentos de diálogo entre abril y mayo de este año. En ninguna de las comunicaciones se solicitó alguna compensación, recalcó.

“Aquí, el hecho de reclamar no se debe estar cuestionando. Aquí, lo que se debe estar cuestionando es la avalancha de incumplimiento con las leyes federales. Ese es el esquema que hay que investigar”, dijo durante el intercambio con la prensa, donde estuvo acompañado de miembros de la población con diversidad funcional que apoyan su designación.

Sobre los restantes cinco pleitos presentados a nivel personal, dijo que se resolvieron, ya sea a través de una sentencia emitida por el tribunal o mediante acuerdo extrajudicial. Otros fueron desestimados porque la parte demandada corrigió las barreras de accesibilidad.

En cada uno de los pleitos, el abogado fue Vélez Colón, quien ha sido señalado por sectores comerciales por presuntamente presentar demandas frívolas. El licenciado ha negado estos señalamientos.

Una de las mayores preocupaciones del sector comercial –y así lo esbozaron durante la vista pública– es el rol que Figueroa Betancourt pueda desempeñar desde la DPI por su cercanía con Vélez Colón, quien ha sido cuestionado en los tribunales por supuestamente promover pleitos de ley ADA, sobre todo, contra pequeñas empresas.

“Esas reclamaciones fueron legítimas y tuvieron resultados positivos. Solo las personas con impedimentos sabemos el discrimen, el dolor y el sufrimiento que uno tiene cuando uno llega a un lugar y no puede participar en igualdad de condiciones”, recalcó el nominado.

Agregó que redactó un un documento para inhibirse de cualquier reclamación que llegue a la DFI por parte de algún representado de Vélez Colón.

Figueroa Betancourt dijo, en tanto, que analiza legalmente la posibilidad de solicitarle a la Oficina de Ética Gubernamental que reconsidere su determinación de no concederle una dispensa para que su hija trabaje como su ayudante especial en la DPI.

Actualmente, dijo, su hija realiza dichas funciones y le paga de sus finanzas personales. Estas funciones no son como contratista de la agencia. “Lo que le pague a ella es privado, es de mis recursos”, respondió, al señalar que existen precedentes respecto a este tema, uno de ellos, cuando José Raúl Ocasio dirigió la DPI.

El nominado señaló que revisará cómo se redactó el documento sometido ante la OEG. Sostuvo que el derecho a “acomodo razonable” está protegido por la ley ADA. “Quizás, en la forma que se sometió no procedió, pero estamos en récord y estamos en ley”, expuso, para luego estimar en $90,000 su salario anual.

Figueroa Betancourt alegó, de otra parte, que, al llegar a la DPI, se topó con un descalabro fiscal, además de que la oficina presuntamente incumple con los estándares de accesibilidad dispuestos en la ley ADA, por lo que analiza la posibilidad de mudar la sede a un nuevo espacio.

Dijo que la DPI mantiene deudas acumulados ascendentes a $2.9 millones, y alegó que en los pasados cuatro años la dependencia solo ha atendido a 36 personas sordas, cuando esta población alcanza los 250,000.

Al momento, el Senado no ha anticipado cuándo llevará la designación a votación. Su presidente, Thomas Rivera Schatz, dejó la puerta abierta a la celebración de una nueva audiencia.