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Varios jóvenes fueron arrestados el martes en la urbanización Santa Rita, ubicada en la zona universitaria de Río Piedras, luego de una persecución que comenzó en Hato Rey. (Teresa Canino )

Los arrestos de la Policía en el patio de una residencia en la urbanización Santa Rita, en Río Piedras -luego la manifestación del 1 de mayo-, fueron realizados indebidamente, aseguraron ayer dos abogados expertos en derechos humanos.

“Toda la forma en que se dio este proceso de intervención policiaca en Río Piedras es contraria al ordenamiento vigente y a los propios protocolos de la Policía, así que estimo que ocurrirá lo que pasa en este tipo de caso que no prospera en los tribunales”, anticipó el abogado Osvaldo Burgos, presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional en Puerto Rico.

El abogado Josué González, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), agregó que le parece “sospechoso” que un operativo policiaco “que comienza con una dispersión en Hato Rey, termine en una persecución en Río Piedras”.

“Ciertamente, lo que ocurrió fue motivado por la Policía, un acorralamiento de los manifestantes para que terminaran arrestados”, indicó González, quien ofrecerá hoy una conferencia para presentar los hallazgos de la ACLU sobre la protesta del martes.

A pesar de las denuncias de violaciones, el comisionado interino del Negociado de la Policía, Henry Escalera, defendió ayer el proceder de la Uniformada. Sostuvo que la intervención se hizo conforme a la ley y que fue resultado de una “persecución en caliente” tras un joven agredir a un agente.

Pero Escalera no pudo precisar en qué consistió la agresión contra el oficial ni dónde se originó. “Entiendo que tiene que haber sido en el área... dónde lo agredió y con qué, si fue con las manos, no tengo esa información”, expresó.

La jornada en repudio a las medidas de austeridad que se consideran en contra de la clase trabajadora culminó ayer con la detención de 19 personas. Al cierre de esta edición, solo se habían presentado cargos contra Ediel Robles por violaciones a tres artículos de la Ley de Armas. A este se le impuso una fianza de $1,000 por cada caso, informó Karixia Ortiz, directora de prensa del Departamento de Seguridad Pública.

En el grupo, figuran dos mujeres y un menor de 15 años. De los 19 detenidos, cuatro fueron puestos en libertad, mientras que a una de las mujeres -a quien se le imputa agredir en la cabeza a un policía- fue citada para el 18 de mayo.

Según el informe policiaco, a estos se les arrestó por los delitos de robo, agresión, obstrucción a la justicia, posesión de sustancias controladas, amenaza y motín.

En cuanto al caso de sustancias controladas, Escalera dijo desconocer el material que fue ocupado. “Eso fue un arresto posiblemente por agresión y al hacer el registro legal tenía en su persona sustancias controladas”, dijo Escalera.

“Acciones cuestionables”

Por otro lado, Burgos denunció también que las acciones de la Policía, durante la manifestación del martes, constituyen “serias violaciones” a la reforma policial por el uso inadvertido de gases lacrimógenos y el manejo inadecuado de la multitud a la que se le cerró el paso.

El abogado citó la sección 604, del capítulo 600 de la Reforma de la Policía, sobre el uso y manejo de agentes químicos, que prohíbe, entre otras cosas, utilizarlos en áreas en las que haya personas de 70 años o más con condiciones respiratorias y limitaciones físicas. Esa sección establece, a su vez, que tiene que haber comandos antes, durante y después del uso del agente químico. Burgos indicó que la sección 625 también define las medidas que debe adoptar la Policía para dispersar multitudes, como un aviso previo y el no cerrar el paso a las salidas.

“Me preocupa esta obstinación de la Policía con un sector particular, con estos jóvenes que se identifican con el colectivo Se Acabaron las Promesas o que se tenga un profile. Todas las personas arrestadas siguen las mismas características”, dijo Burgos, quien estuvo presente en el momento en que se originó la confrontación.

En ese contexto, denunció “la demonización” de los que protestan como justificación de las acciones del gobierno y la pretensión del Estado de decidir dónde y cuándo se hacen las protestas.

Responderán denuncias

Escalera dijo que los organismos que velan por los derechos civiles “pueden hacer sus planteamientos en los foros pertinentes y nosotros vamos a responderlos”.

Señaló que, según lo establecido en la Reforma policial, se someterá un informe de lo ocurrido.


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