Aunque el representante Jorge Navarro presentó un nuevo proyecto con lo que llamó “enmiendas aclaratorias urgentes” a la Ley 82 de 2026, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, cerró este lunes la puerta a la consideración de esa medida y a cualquier otra que busque cambiar el estatuto aprobado por la gobernadora Jenniffer González hace solo una semana y que limita las impugnaciones de permisos de construcción en los tribunales.

Méndez afirmó que se reunió con Navarro y hablaron sobre el tema, previo a la radicación de la nueva medida, pero aun así el representante presentó este lunes la legislación.

“Él (Navarro) me lo planteó, y yo le dije que no era necesario hacerle ninguna enmienda, que la ley es clara. La ley, básicamente, atiende un problema, luego que los que puedan impugnar el proyecto han tenido, en los foros administrativos, los elementos y las oportunidades para oponerse al proyecto”, dijo el líder a El Nuevo Día.

“Ciertamente, muchas de esas personas que hablan de que no les permiten ir a los tribunales ahora porque se les exige una fianza, cuando uno busca, estuvieron en los foros administrativos haciendo esas mismas impugnaciones y, obviamente, si no prevalecieron en los foros administrativos, ¿por qué detener caprichosa y arbitrariamente un proyecto en el foro judicial?“, agregó.

Méndez se mostró confiado en que Navarro no presentaría el proyecto de ley con las enmiendas, y recalcó que, si lo hacía, no le daría paso. “Yo le dije que, si la presentaba (la enmienda), yo no la iba a considerar”, sostuvo.

Pero Navarro, autor de la medida original que se convirtió en la Ley 82, redactó el nuevo proyecto y lo sometió. Insistió en que es necesario aclarar el alcance del estatuto recién firmado.

“La Ley 82-2026 es y seguirá siendo una herramienta indispensable para dotar de estabilidad legal a los proyectos que generan empleos y desarrollo económico en nuestra isla; nuestra intención jamás ha sido debilitar esa política pública. Sin embargo, la ola de desinformación mediática y la interpretación inflexible de la fianza mandatoria del 10% han creado un escenario de incertidumbre que requiere intervención legislativa inmediata“, argumentó el legislador.

Precisó que su nuevo proyecto enmendaría el inciso (e) del Artículo 6.007 del Código Municipal para establecer bajo qué variantes un juez puede tener discreción al fijar el monto de una fianza. En la actualidad, el inciso lee: “Toda solicitud de paralización siempre requerirá el pago de fianza, cuya cantidad nunca será menor del diez (10) por ciento del valor del proyecto propuesto, según surja de cualquier autorización del desarrollo emitida por la agencia competente”.

Navarro propone que sea a discreción del juez sujeto a la ponderación de cuatro factores: los recursos económicos de la parte peticionaria, la naturaleza de los daños que se alegan, si la controversia representa o no un riesgo real a la comunidad y los efectos económicos adversos que la paralización provocaría sobre los desarrolladores de la obra.

Además, la enmienda aclara que la fianza aplica solo a solicitudes de paralización de proyectos en suelo rústico. Navarro dijo que, por ende, no afectaría a las obras que pueda hacer una persona en su residencia.

El representante dijo estar al tanto de la renuencia de Méndez en enmendar la Ley 82.

“Yo soy de los que pienso que, si esto lo llevan a los tribunales, no es inconstitucional porque tú puedes impugnarlo. Yo prefiero aclararlo antes que lo hagan los tribunales”, puntualizó.