La Cámara de Representantes aprobó este lunes una medida para extender hasta finales del cuatrienio la investigación sobre presuntas irregularidades en los centros de inspección y venta de marbetes, asegurando la continuidad de la pesquisa que permanece detenida por orden del presidente Carlos “Johnny” Méndez.

La Resolución de la Cámara 697 extiende hasta la séptima sesión legislativa -la última de este cuatrienio- el término de la Comisión cameral de Transportación para rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones. El plazo inicial era de 180 días, y venció en marzo.

“Si no se hacía así, no había manera de continuar la investigación hasta finales del cuatrienio”, explicó el representante novoprogresista José “Cheíto” Hernández, quien lideró la pesquisa legislativa como presidente de la Comisión de Transportación.

A mediados de abril, Méndez ordenó suspender la investigación, poco después de la renuncia de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña por entender que continuar con los trabajos pudiera “perjudicar irremediablemente” los procesos penales que ya habían comenzado en torno a la exfuncionaria en el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

En aquel momento, Hernández expresó su desacuerdo con la decisión del líder cameral, y el 7 de mayo, presentó los hallazgos preliminares del informe de la Resolución de la Cámara 352 y anunció el referido de 30 centros de inspección al Departamento de Justicia por “posibles violaciones de delito”, incluido Yabucoa Auto Service, que fue propiedad de Pérez Peña hasta diciembre.

Las potenciales violaciones de los 30 establecimientos incluyen maquinarias sin autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), certificaciones falsas y alteraciones al sistema para otorgar inspecciones, entre otras.

En su sesión de este lunes, el pleno cameral también dio paso al Proyecto de la Cámara 315, para aclarar la diferencia entre un “local de propaganda” y “propaganda política”. La medida surge ante la falta de definiciones explícitas en el Código Electoral de 2020, que, según la pieza legislativa, “da lugar a interpretaciones ambiguas y a una aplicación inconsistente de la ley y sus reglamentos”.

El “local de propaganda” abarcará cualquier edificio, estructura, instalación, establecimiento, lugar o unidad rodante, en movimiento o estacionada, donde se promueva propaganda política. Por su parte, se considerará “propaganda política” cualquier letrero, rótulo, pegatina, medio visual o de audio, pantalla electrónica, entre otros, que un partido político o candidato coloque en lugares públicos para promoverse.

“Esto facilita el trabajo de fiscalización, evita disputas innecesarias sobre lo que constituye un local versus los distintos tipos de propaganda, y le brinda a los partidos, candidatos y funcionarios públicos la certeza necesaria sobre sus obligaciones legales”, concluyó la Comisión de Gobierno de la Cámara, en su informe recomendando la aprobación de la legislación.

Las enmiendas, además, modernizan el lenguaje legal y reconocen las distintas formas de comunicación política, expuso, por su parte, el autor de la medida, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.