Organizaciones ambientales repudiaron este miércoles la decisión de la gobernadora Jenniffer González de convertir en ley el proyecto que limita las impugnaciones de permisos, por entender que coarta la capacidad de que cualquier persona pueda defender los recursos naturales en los tribunales.

La Ley 82-2026, derivada del Proyecto de la Cámara (PC) 310, define los estándares sobre legitimación en controversias de permisos. Específicamente, precisa los requisitos que deben satisfacer personas privadas, sean naturales o jurídicas, que procuren impugnaciones al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 (Ley para la Reforma del Proceso de Permisos).

Según La Fortaleza, con el nuevo estatuto, se limitarán “impugnaciones basadas exclusivamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento cuando no medie un daño particular al promovente”. Además, se “aclara que errores u omisiones procesales subsanables que no causen daño inminente no darán base” para solicitar la revocación de permisos o determinaciones finales. El “daño inminente” deberá “vincularse razonablemente” a la conducta de la parte demandada.

Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, alertó, además, que, en adelante, se exigirá el pago de una fianza, “nunca menor al 10% del valor de cualquier proyecto de construcción”, para poder impugnarlo ante los tribunales o administrativamente.

“Que quede claro lo que eso significa: si un pescador o residente quisiera cuestionar un megaproyecto como Esencia, valorado en $2,000 millones, tendría que desembolsar $200 millones solo para presentar un caso. Eso no es justicia”, dijo, en entrevista con El Nuevo Día.

La Ley 82-2026 también enmienda disposiciones del Código Municipal para, según La Fortaleza, “flexibilizar ciertos usos” en suelos especialmente protegidos bajo criterios específicos relacionados con “proyectos estratégicos, infraestructura crítica, estudios técnicos y ambientales”. En opinión de Cintrón Moscoso, estas disposiciones eliminan protecciones ambientales fundamentales.

“Desde El Puente Puerto Rico, reiteramos que esto es un plan concertado para silenciar a las comunidades y darles rienda suelta a los desarrolladores. El PC 310 llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza. No es casualidad. Es una estrategia”, afirmó el líder ambiental.

Recordó, de paso, que la organización mantiene una demanda contra el gobierno exigiendo la firma del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático –engavetado en la Legislatura–, un trámite en el que, dijo, han querido imponerles “trabas”, incluyendo una fianza.

“Esta táctica es un anticipo de lo que le espera a cualquier comunidad que quiera defenderse. La gobernadora no gobierna para el pueblo, gobierna para los intereses económicos que quieren destruir nuestras costas y comunidades”, sentenció.

En la misma línea, se expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico, quien dijo que la nueva ley “representa un cambio profundo y peligroso en la política pública ambiental del país, al debilitar los mecanismos de fiscalización ambiental y acceso a remedios judiciales, limitar la capacidad de las comunidades para impugnar proyectos y ampliar la discreción del Estado sobre desarrollos considerados estratégicos”.

“Lo que hace esta legislación es sustituir décadas de planificación ambiental basada en ciencia, evaluación técnica y participación pública por un concepto ambiguo y altamente discrecional: los llamados proyectos ‘estratégicos’. El problema es que la ley no define claramente qué significa ‘estratégico’, no establece criterios objetivos de evaluación y concentra esa determinación en el Poder Ejecutivo. Eso no es planificación responsable, es discreción política disfrazada de política pública”, afirmó Vázquez.

El PC 310 es de la autoría de los representantes Jorge “Georgie” Navarro y Luis “Joseán” Jiménez.

Los presidentes de la Asociación y la Federación de Alcaldes, Jorge González y Gabriel Hernández, respectivamente, no estuvieron disponibles para entrevista.

La Fortaleza defendió que la Ley 82-2026 “brinda certeza al momento de desarrollar proyectos de construcción de gran escala, lo que redundará en el desarrollo económico sostenido de Puerto Rico”.