En el Senado, la votación fue de 16 votos a favor, dos abtenidos y 11 en contra, mientras que en la Cámara la pieza resultó favorecida con 29 votos. (semisquare-x3)
En el Senado, la votación fue de 16 votos a favor, dos abtenidos y 11 en contra, mientras que en la Cámara la pieza resultó favorecida con 29 votos. (Teresa Canino)

La Asamblea Legislativa aprobó hoy, lunes, el informe del Comité de Conferencia sobre el controvertible Proyecto de la Cámara 1018 que establece la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa”.

La medida pasa ahora a la consideración del gobernador Ricardo Rosselló, quien había expresado no favorecía la misma en su versión original. 

En la Cámara, la pieza resultó favorecida con 29 votos. Mientras, 16 legisladores no votaron (cuatro ausentes) y otros seis rechazaron la pieza legislativa, siendo estos los populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Jesús Santa, Ramón Luis Cruz Burgos, José “Conny” Varela; y el independentista Denis Márquez. 

Por su parte, en el Senado la votación fue de 16 votos a favor, dos abtenidos y 11 en contra, incluyendo la delegación del Partido Popular Democráctico (PPD), el independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot. Por el Partido Nuevo Pogresista (PNP) votaron en contra Zoé Laboy y Miguel Romero y se abstuvieron Larry Seilhamer y Axel Roque Gracia.  

La medida, que ha sido señalada por diversos grupos como una discriminatoria hacia la comunidad LGBTT, fue enviada -el pasado 10 de diciembre- a Comité de Conferencia al culminar la pasada sesión legislativa luego que los cuerpos no coincidieran con las enmiendas realizadas a la pieza. Ayer, se sometió el documento que favorecía la aprobación del proyecto cameral.

El documento está suscrito por los senadores de la mayoría Thomas Rivera Schatz, Axel Roque Gracia, Carmelo Ríos; y por lo representantes penepé Carlos “Johnny” Méndez, Guillermo Miranda Rivera y Pedro “Pellé” Santiago. Las minorías de Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que formaban parte del Comité no firmaron el informe. 

La versión final enmendó el Artículo 7 eliminando la posibilidad de que la parte demandante prevaleciente en cualquier acción judicial o procedimiento administrativo reciba una indemnización por parte del Gobierno por concepto de costos y honorarios de abogados.

En su lugar, se estableció que “cualquier empleado, contratista o funcionarios que se considere afectado en el ejercicio de la libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”.

Igualmente, descarta por completo el Artículo 10 (Cláusula de Separabilidad) en donde se establecía que de ser anulada o declarada inconstitucional cualquier fragmento de la ley, dicha acción no afectaría ni invalidaría el remanente del estatuto, sino que su efecto quedaría limitado al fragmento bajo cuestionamiento.

Una de las enmiendas removió del proyecto de ley un fragmento que le impedía al estado cancelar, aumentar o disminuir donativos o créditos contributivosa personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro religiosas, utilizando como criterio la postura institucional de estas en cuanto a sus principios religiosas.

En cuanto a la definición de “ejercicio religioso” lo limita a “un acto, expresión, hacer o no hacer algo, que es sustancialmente motivado por una creencia religiosa”. Y, todo empleado, contratista o funcionario que tenga alguna objeción religiosa “vendrá obligado a plantear su objeción religiosa de forma fundamentada y escrita”.

Rivera Schatz argumentó que la medida no es una discriminatoria y sostuvo que la misma incluye el lenguaje necesario para asegurar que todo ciudadano reciba los servicios que otorga el Estado.

“El proyecto de la Cámara, luego de las modificaciones que hemos hecho, se ajusta al Plan para Puerto Rico, no lastima nada, no le impone criterios de religión a nadie…es el cristiano diciendo: ‘yo me muevo a un lado para que la persona que no cree como yo, reciba el servicio’”, expuso Rivera Schatz.

“Cuando se actúa en nombre del Estado, uno actúa en nombre del Estado. Por eso es que la nación de los Estados Unidos se creó bajo un principio fundamental que es la separación de Iglesia y Estado”, sostuvo el portavoz senatorial del PPD, Eduardo Bhatia.

El senador Miguel Pereira reconoció el valor fundamental de la libertad religiosa para los valores de Puerto Rico, pero “la libertad religiosa no puede definirse como la habilidad de imponer la voluntad personal a otras personas”.

El independentista Juan Dalmau también se expresó en contra de la aprobación del informe y destacó la peligrosidad que representa la inclusión de lenguaje que establece que “las disposiciones de esta ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido”.

“Coloca al Estado – a cada funcionario público- a comenzar a equilibrar a quién le da y cómo le da servicio, dependiendo de cómo se ajusta a sus creencias religiosas”, añadió Dalmau al advertir que “hay que tener cuidado cuando se empieza a hacer clasificaciones”.

En la sesión senatorial también resultó favorecido el Proyecto del Senado 803, de la autoría del senador Larry Seilhamer, para enmendar la Ley 14-2017, conocida como la “Ley de Incentivos para la Retención y retorno de Profesionales Médicos” a los fines de establecer el 15 de marzo como la fecha límite para someter las solicitudes de derechos que cubran el período contributivo que culminó en el 2017.

La legislación establece una tasa fija de contribución de 4% sobre los ingresos generados como parte de su práctica profesional.  

La fecha límite para presentar la solicitud para obtener el decreto ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se vio afectada por el paso del huracán María, por lo que se había concedido una primera extensión hasta el 31 de enero de 2018. El proyecto extiende ese período hasta el 15 de marzo de este año.

Entretanto, Vargas Vidot se expresó en contra de la medida no porque no entienda necesaria la retención de la clase médica del país, sino porque el estatuto no ha cumplido su cometido desde su aprobación. “No ha logrado ni siquiera detener lo que pretende detener. Es hora de que nos movamos a hacer de contingencia porque sigue la huida de los médicos”, subrayó. 


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