Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denunciaron, en la noche del miércoles, que un grupo al que identificaron como guardias de la institución entraron a la zona y abrieron uno de los portones pese a que el RUM permanece bajo una manifestación indefinida desde el 13 de abril.

Los estudiantes, entrevistados por El Nuevo Día, indicaron que los guardias se aprovecharon de la celebración de una reunión para ingresar y abrir el portón 108.

De momento, pesa una decisión emitida, el martes, por el juez Tomás Báez Collado, quien ordenó el restablecimiento inmediato del acceso a la institución. Báez Collado tomó la decisión tras atender un recurso radicado por la administración del RUM, pero también citó a las partes a una vista que se celebrará el 11 de mayo.

El Consejo General de Estudiantes (CGE) del RUM aprobó una manifestación indefinida, que comenzó el 13 de abril, por diversas razones que incluyen la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del rector interino Miguel Muñoz, y que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

“La guardia universitaria, no sabemos como, aparecieron, pero como 10 o 15, cruzaron la linea de piquete y se quedaron en el porton 108. Lo que pensamos es que es una provocación de parte de ellos”, expresó un estudiante que prefirió no identificarse. “Cuando nosotros llegamos, intentaron intimidar”, añadió.

Por su parte, la portavoz estudiantil Johanna Cifredo dijo a El Nuevo Día que la guardia universitaria formó parte de las manifestaciones y que apoyó a los estudiantes. Sin embargo, Cifredo resaltó que, mediante la presunta acción realizada en la noche del miercoles por la guardia universitaria, “la administración intenta intimidar al estudiantado”.

“Dice mucho que, en medio de las negociaciones y el dialogo, ellos recurrieran a los tribunales... para mi es un acto de mala fe”, añadió Cifredo.

Al momento de publicar esta historia, los estudiantes resaltaron que los responsables de abrir el portón 108 permanecían en el lugar.

En la tarde del miércoles, las entradas al RUM permanecían cerradas pese a la orden judicial, según constató El Nuevo Día tras realizar un recorrido.

Báez Collado indicó, en la orden de entredicho provisional, que “el derecho a la libre expresión se debe garantizar a todos los componentes de la comunidad universitaria, tanto a los estudiantes que interesen protestar, como a aquellos que no deseen expresarse y no unirse a la protesta”.

“A modo de preservar los derechos de todos los involucrados, así como el mejor bienestar,resulta necesaria la intervención inmediata de este Tribunal para reiterarle a los demandados abstenerse de impedir el acceso a las instalaciones antes descritas y que no se violen los derechos de la parte demandante, sus empleados, sus arrendatarios y los estudiantes, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en una vista de interdicto”, abundó, al conceder el recurso solicitado por Muñoz y Jordán Conde.

El RUM cuenta con su propio comité de diálogo, conformado por Muñoz al inicio de la manifestación indefinida.El grupo se reunió el miércoles para “procurar entendimientos y mantener abiertos los canales de comunicación”, según el rector interino.

“Ante la falta de respuesta, este recurso judicial busca garantizar el derecho de miles de estudiantes que desean completar su semestre académico, graduarse y continuar sus proyectos profesionales y académicos. También, pensamos en los padres y madres que hacen grandes sacrificios para invertir en el futuro de sus hijos y que hoy exigen estabilidad, continuidad y acceso a la educación universitaria”, sostuvo, en tanto, Jordán Conde.

Báez Collado recalcó, en su orden, una sentencia del Tribunal Supremo, de 2010, que determinó que “el derecho a protestar de los estudiantes es incuestionable. A lo que no tienen derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta”.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González planteó el miércoles que tenía que hablar con el superintendente de la Policía, Joseph González, y con Jordán Conde sobre cómo harían cumplir la orden del tribunal.

“La información que me ha dado la presidenta de la Universidad, con quien tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada, es que hay unas peticiones ante la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF). Los estudiantes no deben perder el semestre académico. Muchos de los estudiantes están ya a través del sistema ‘online’”, dijo, desde un evento oficial.

Pese que Jordán Conde, desde la semana pasada, señaló que no descartaba recurrir a los tribunales para manejar las protestas estudiantiles que se han desarrollado en los 11 recintos, aún no se ha presentado un recurso similar sobre el Recinto de Río Piedras, donde el estudiantado inició una huelga indefinida el 27 de abril.

El lunes, los recintos de Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao iniciaron paros de 72 horas. El estudiantado de Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce comenzó paros de 48 horas, mientras que Cayey y Utuado realizaron paros de 24 horas.