Tras paralizar el sistema universitario completo por un día, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) continuaban este martes a la espera de que se cumplan los reclamos que han esbozado para que se generen cambios en la institución académica.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, Dyamar Cruz, resaltó que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, ha insistido en que solo falta la participación de alumnos en la creación de un comité de diálogo desde la Administración Central.

No obstante, Cruz indicó que tanto Río Piedras como el recinto de Mayagüez cuentan con sus comités ya conformados.

“Ella (Jordán Conde) no ha contestado a los efectos de ese comité de diálogo y negociación que está constituido en Río Piedras. Quien único se ha reunido con ese comité de diálogo ha sido la rectora Mayra Charriez Cordero”, sostuvo Cruz.

El recinto de Mayagüez se encuentra en una manifestación indefinida desde el 13 de abril, mientras que los estudiantes de Río Piedras iniciaron una huelga el 27 de abril.

El lunes, los recintos de Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao inician paros de 72 horas. El estudiantado de Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce comenzó paros de 48 horas, mientras que Cayey y Utuado realizaron paros de 24 horas.

Los estudiantes reclaman la salida de Jordán Conde como presidenta de la UPR, así como que se tomen medidas para que la institución cuente con los recursos económicos que necesita. Una de las medidas favorecidas es que se restituya la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que destinaba, cada año, un monto equivalente al 9.6% de los ingresos de años previos del Fondo General.

Jordán Conde se reunió la semana pasada con la gobernadora Jenniffer González, encuentro en el cual la presidenta indicó que impulsó que se asignen $118 millones adicionales a la UPR para establecer los planes de clasificación y retribución del personal docente, no docente y de confianza.

La presidenta indicó, mediante un comunicado de prensa, que solicitó una reunión a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para discutir las alternativas para atender la situación actual de la UPR. A ese encuentro, propuso Jordán Conde, iría acompañada de estudiantes.

“La Universidad se fortalece cuando sus distintos sectores forman parte de las conversaciones importantes. Nuestro compromiso establecido desde el primer día es construir soluciones que integren perspectivas y adelanten el bienestar institucional”, señaló.

Al momento de publicación, la JSF no respondió si se concretará la reunión con la presidenta.

No obstante, Cruz indicó que la presidenta planteó la posibilidad de llevar “de tres a cinco” estudiantes, lo cual el liderato estudiantil no considera una representación apropiada.

“A nivel multisectorial, eso a nosotros no nos parece representativo para nada, no es proporcional porque tenemos 11 unidades y las 11 deben estar representadas”, sostuvo la líder estudiantil.

La estudiante riopedrense indicó que, luego de la paralización del sistema completo el lunes, no han recibido comunicaciones adicionales de la Administración Central. Sin embargo, resaltó que no debe ser casualidad que, este martes, el representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro presentó una medida legislativa para establecer un período de emergencia en la UPR bajo el cual se concentraría el poder administrativo en su Junta de Gobierno.

“Que salga este proyecto hoy (martes) después de que ayer (lunes) las 11 unidades estaban paralizadas, ciertamente, hay una presión y no estamos viendo, a raíz de esto, unas intenciones de dialogar con el estudiantado o la comunidad universitaria, sino seguir atacando con medidas legislativas”, manifestó Cruz.

Navarro presentó un proyecto de ley que modifica la composición y aumenta las facultades de la Junta de Gobierno de la UPR por un período de cinco años, como medida de emergencia para atender la “crisis estructural, recurrente y multifactorial, sin precedentes en su historia institucional” que atraviesa la institución académica.

“La Asamblea Legislativa reconoce y respeta plenamente el principio de autonomía universitaria. No obstante, el principio de autonomía no es absoluto ni excluye la facultad legislativa de intervenir cuando concurren circunstancias extraordinarias que ponen en riesgo cierto, presente y verificable la continuidad operacional, la solvencia fiscal y la viabilidad institucional de la Universidad”, lee la exposición de motivos.

Si se aprueba, a los 14 integrantes actuales de la Junta de Gobierno se sumarían, como miembros con voz y voto, la presidenta de la UPR y los 11 rectores. Asimismo, suspende por cinco años “las facultades decisionales” de otros organismos dentro de la estructura de la universidad, como los Senados Académicos y Juntas Administrativas de los recintos, y la Junta Universitaria, entre otros.

El abogado y exrepresentante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR Marcus Ramos Cintrón explicó que la medida legislativa trastoca las esferas de gobernanza de la universidad, lo cual amenazaría el cumplimiento con estándares de acreditación de la Middle States Commission on Higher Education.

La medida no deja claro cómo se manejarían los procesos de apelaciones, alertó Ramos Cintrón.

“Lejos de reestructurar la UPR para que le pueda servir mejor al país, (el proyecto) va a acelerar su desmantelamiento y potencialmente redundará en legislación posterior a los efectos de hacer una reforma universitaria a cuenta gotas a base de las recomendaciones de los integrantes de la Junta de Gobierno ampliada”, expresó.

“A la UPR, le urgen transformaciones estructurales que le permitan atemperarse a los tiempos y fortalecer la misión educativa e investigativa de la institución. No obstante, dichas transformaciones deben ser producto de un proceso deliberativo amplio, en el cual participe la ciudadanía, la Asamblea Legislativa, la Rama ejecutiva, los integrantes de los distintos sectores que componen la comunidad universitaria y otras partes interesadas”, añadió Ramos Cintrón..