Los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) iniciarán esta semana con interrupciones en sus labores, luego que la comunidad estudiantil de nueve de las unidades decretaran una serie de paros ante la negativa de la presidenta Zayira Jordán Conde a renunciar a su cargo.

“La UPR sí está en una crisis, y nosotros necesitamos un cambio en nuestra Universidad, y lo hemos pedido desde el día uno. Que no se nos escuche y se evada hablar del tema es ilógico”, expresó la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Mayagüez, Tainary Delgado.

Jordán Conde anunció, este domingo, que dio instrucciones a los rectores para que tomen medidas que permitan garantizar la continuidad de las labores académicas, a pesar de los paros.

“La Universidad de Puerto Rico cuenta con los mecanismos, la capacidad académica y el compromiso institucional para continuar operando. Nuestro deber es actuar con responsabilidad, firmeza y sensibilidad para proteger tanto la misión educativa como el bienestar de nuestra comunidad universitaria”, manifestó la presidenta, en declaraciones escritas.

El recinto de Mayagüez se encuentra en una manifestación indefinida desde el 13 de abril, mientras que los estudiantes de Río Piedras iniciaron una huelga el pasado 27 de abril.

Este lunes, los recintos de Aguadilla, Bayamón, Carolina y Humacao inician paros de 72 horas. Por su parte, el estudiantado de Arecibo, Ciencias Médicas y Ponce comienza paros de 48 horas, mientras que Cayey y Utuado decretaron paros de 24 horas.

Como parte de la directriz a los rectores, Jordán Conde señaló que se deberán activar métodos alternos de enseñanza a distancia y garantizar que los alumnos tengan acceso a recursos para tomar sus cursos. Asimismo, no se podrá penalizar a aquellos que tengan “dificultades justificadas para participar en actividades académicas”.

Los rectores también tendrán que certificar si cuentan con servicios académicos y administrativos, y si han experimentando interrupciones de más de 72 horas en lo que va del semestre. Del mismo modo, deberán documentar si cuentan con el personal necesario para operar.

Las instrucciones, precisó la presidenta, están amparadas en la Certificación 81 (2023-2024) de la Junta de Gobierno de la UPR, la cual establece la “política institucional para suspender, detener y desautorizar el desembolso de fondos públicos en caso de interrupción ilegal de los servicios académicos, administrativos, de enseñanza y de investigación en la Universidad de Puerto Rico”.

“Como institución pública, tenemos la responsabilidad indelegable de garantizar la continuidad académica, proteger el derecho de nuestros estudiantes a recibir su educación sin interrupciones y asegurar una administración responsable de los fondos públicos”, indicó Jordán Conde.

La presidenta universitaria hizo un llamado, en el fin de semana, a los estudiantes a desistir de las manifestaciones, bajo el argumento de que estas perjudican las acreditaciones de la institución y la elegibilidad de los alumnos para recibir asistencia económica federal.

Al menos dos recintos, Río Piedras y Mayagüez, recibieron comunicaciones del Departamento de Educación federal y de la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education para solicitar más información sobre la interrupción de labores por manifestaciones estudiantiles.

Delgado resaltó que, bajo períodos más extensos de huelgas o paros, en el pasado, los estudiantes de la UPR no han perdido acceso a ayudas económicas federales, como la beca Pell.

“No entiendo cuál es la narrativa de meterle miedo a los estudiantes cuando conocemos cuál es la verdadera crisis”, sostuvo la líder estudiantil.

La coordinadora del caucus claustral ante la Junta Universitaria y profesora en el recinto de Ponce, Margarita Villamil, apuntó que los argumentos de la administración universitaria sobre la pérdida de elegibilidad a fondos bajo lo que se conoce como Título IV de la Ley federal de Educación Superior solo aplican en caso del cierre de la universidad.

“La regla dice que la participación termina cuando la institución cierra o deja de ofrecer programas educativos, pierde elegibilidad institucional, pierde acreditación, pierde licencia estatal, se termina su participación bajo procesos sancionatorios u ocurren otras condiciones graves”, explicó.

A raíz de una extensa huelga estudiantil en 2017, el Departamento de Educación federal retiró la elegibilidad de los recintos de Río Piedras, Humacao, Ponce, Bayamón y Carolina de ofrecer a sus estudiantes asistencia económica. Para recuperarla, la agencia federal exigió a la UPR entregar los estados financieros auditados que tenían atrasados desde 2015.

Villamil -quien ha sido vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles e integrante de la Junta de Gobierno- apuntó que hay otras maneras de manejar, administrativamente, las interrupciones en labores a causa de las manifestaciones sin perjudicar a la institución y a los estudiantes.

Las normativas permiten documentar los días lectivos que se han perdido, enmendar el calendario académico y, si lo amerita, se extiende el semestre académico, explicó.

Notificar a Educación federal sobre la interrupción en labores académicas atenta contra la institución, argumentó.

“De lo que estamos hablando es que la Universidad, al final, está en las peores manos de su historia”, indicó Villamil. “Dentro de sus acciones, está haciendo daño, un daño a propósito, y eso los universitarios responsables no se lo vamos a permitir”, añadió.

Jordán Conde ha insistido, en sus expresiones públicas, que no renunciará al cargo.

“Muchas personas dicen, ‘¿y qué soluciona quitarla a ella?’ Es importante que las personas comprendan que el líder es clave para superar los retos. Los problemas no se resolverán de manera inmediata aun con el cambio de presidencia, pero sí con un mejor ambiente, con respeto, con transparencia, con trabajo en equipo y amor por la institución claro que se puede fortalecer nuestra amada UPR", resaltó Villamil.

Además de la salida de Jordán Conde, el sector estudiantil ha reclamado que se le asignen a la UPR los recursos económicos que requiere. Han apelado directamente a la gobernadora Jenniffer González, quien el viernes se reunió con la presidenta universitaria.

Villamil lamentó que no se le ha dado un espacio a la comunidad universitaria para el diálogo con la primera ejecutiva.

La presidenta del CGE de Mayagüez sostuvo, por su parte, que el paro sistémico a partir de este lunes debe ser visto como un mensaje urgente de la comunidad universitaria para que el gobierno central tome acción.

“Yo esperaría que la gobernadora haga algún tipo de expresión porque simplemente ignorar la crisis que tiene la UPR sería irresponsable”, manifestó Delgado.