La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, aseguró que la administración universitaria no tomará represalias contra los estudiantes que participen de manifestaciones, paros o huelgas en los portones de los recintos, pero no descartó que se puedan iniciar procesos judiciales contra universitarios por paralizar las labores de la institución.

Jordán Conde respondió con un “no” cuando fue cuestionada este jueves, durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR, sobre si la presidencia o los rectores tomarían represalias contra alumnos.

No obstante, no fue igual de contundente cuando se le preguntó por posibles acciones judiciales.

“Esa es una pregunta que no puedo contestar porque no tengo datos sobre el futuro”, sostuvo la presidenta. “Sería irresponsable de mi parte hacer un juicio sobre un posible incidente sobre lo que no tengo elementos de juicio para decidir en este momento, no es posible juzgar una situación que no ha sucedido”, añadió.

Las expresiones de Jordán Conde surgieron al finalizar la reunión ordinaria de abril de la Junta de Gobierno, ante cuestionamientos de representantes claustrales y estudiantiles sobre cómo atenderá las manifestaciones estudiantiles que se han reportado en varios recintos.

Las manifestaciones estudiantiles están dirigidas a exigir que se asignen más recursos económicos para la institución académica y dejar claro su rechazo hacia las acciones de la presidenta Jordán Conde, que por meses ha sido criticada y que, a finales de marzo, forzó la salida de cinco rectores de la UPR.

Los estudiantes de, al menos, cinco recintos han realizado paros, manifestaciones y huelgas a lo largo del último mes. A su vez, otros cuatro recintos –Ciencias Médicas, Humacao, Ponce y Cayey- se unirán a las movilizaciones si la salida de Jordán Conde no se materializa al iniciar mayo.

En el pasado, administraciones universitarias durante paros o huelgas han recurrido a los tribunales para lograr que los estudiantes permitan acceso a los recintos. En 2010, a raíz de una demanda de la UPR, el Tribunal Supremo determinó que los estudiantes no tienen un “derecho legítimo a la huelga”.

El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, Simonely Hidalgo, intentó obtener un compromiso de la presidenta, pero esta insistió en que no podía eliminar alternativas.

“No tengo interés alguno de hacer acusaciones que no tengan fundamento, pero si se cometen delitos, tengo la responsabilidad de llevarlos a causa”, señaló Jordán Conde.

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Vanessa Santo Domingo, requirió a la presidenta certificaciones de cada uno de los recintos que detallen si sus labores se han paralizado por más de 72 horas.

Santo Domingo no precisó las razones para solicitar la información. No obstante, tanto Jordán Conde como el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Jonathan Muñoz Barreto, han recordado, en expresiones públicas, que la paralización de labores por razones que no sean de emergencia puede conllevar que la UPR pierda elegibilidad a asistencia económica federal, como la beca Pell. Además, existen normativas que restringen el pago a empleados cuando se paralizan los trabajos.

El intercambio con Jordán Conde poco antes de terminar fue la única instancia en la reunión, de poco más de tres horas, en la que se hizo referencia directa a las manifestaciones estudiantiles, que ya se extienden por más de un mes.

Previo al encuentro, un grupo de senadores claustrales llegaron hasta la sede de la Administración Central de la UPR para exigir la destitución de Jordán Conde. Estos entregaron una misiva a la Junta de Gobierno para solicitar una reunión.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, confirmó que se recibió la comunicación escrita y sostuvo que se trabajará para “coordinar una reunión”, pero no esbozó una postura sobre los reclamos de los docentes.

El cuerpo rector, además, avaló este jueves las designaciones de tres rectores en propiedad para los recintos de Arecibo, Cayey y Humacao, cargos que han estado bajo interinato desde principios del año académico.

De este modo, la Junta de Gobierno aprobó -con ocho votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención- que Lisette Marrero Valladares sea la rectora en propiedad del recinto de Arecibo. Con 12 votos a favor y uno en contra, Rochelli Martínez Vivas se convirtió en rectora en propiedad del recinto de Cayey. Mientras, Edwin Mojica Rodríguez será rector en propiedad del recinto de Humacao, tras recibir 12 votos a favor y uno en contra.

Asimismo, la Junta de Gobierno reafirmó las designaciones de cinco rectores interinos para dirigir los recintos de Aguadiilla, Bayamón, Mayagüez, Ponce y Río Piedras. Ante esto, el cuerpo rector votó por Wilma Santiago para rectora interina de Aguadilla, Jorge Rovira como rector interino de Bayamón, Miguel Muñoz Muñoz como rector interino de Mayagüez, Eliezer Barrios Colón como rector interino de Ponce y Mayra Charriez Cordero como rectora interina de Río Piedras.

Estos han estado ocupando esos cargos desde marzo. La Junta de Gobierno estableció, el 26 de marzo, que los candidatos que fueran nominados como rectores interinos por Jordán Conde para los cinco recintos entrarían en funciones el 28 de marzo, pero la Certificación 88 (2025-2026) no contiene los nombres de los funcionarios designados.