El Departamento de Educación proyectó una pérdida de 33,462 estudiantes en los próximos cuatro años, una cifra que reduciría la matrícula vigente –de 231,010 alumnos– a niveles nunca antes vistos, según datos presentados este jueves por el secretario Eliezer Ramos Parés.

Para el próximo año fiscal 2026-2027, Educación estimó la matrícula en 221,800 estudiantes, lo que representa 9,210 menos que la cifra actual. Las proyecciones a largo plazo son aún más críticas: para el 2029-2030, la población escolar apenas alcanzaría 197,548 alumnos, para una pérdida total de 33,462 en cuatro años.

En el año académico 2017-2018, la agencia atendía a 346,096 estudiantes.

“Esta tendencia responde, en gran medida, a factores demográficos externos al sistema educativo, particularmente a la disminución en la tasa de natalidad y a los movimientos migratorios que ha experimentado Puerto Rico”, dijo Ramos Parés, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde defendió el próximo presupuesto de Educación.

Actualmente, el sistema público de enseñanza cuenta con 872 escuelas, 14 más que las administradas en el año escolar 2020-2021. La cifra incluye institutos y las llamadas escuelas alianza (chárter). Del total, 517 están bajo la jurisdicción de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas y 325, bajo la Autoridad de Edificios Públicos.

Durante la vista pública cameral, Ramos Parés estimó en $4,665 millones el presupuesto consolidado solicitado para el año fiscal 2026-2027. Esta cifra, de aprobarse, estaría $540 millones por debajo de la vigente. De los $4,665 millones, $3,586 millones son fondos estatales, lo que representa un alza en $542 millones en esa partida en comparación con el presupuesto vigente.

“El Departamento no es solo un sistema académico; es una red de servicios esenciales que impacta directamente la vida de nuestros estudiantes, sus familias y las comunidades. Este presupuesto está diseñado para asegurar la continuidad y calidad de esos servicios”, sostuvo.

Destacó que la mayor parte de los recursos está dirigida a garantizar servicios esenciales, incluyendo transportación escolar, comedores, enfermería, apoyo socioemocional y programas académicos, así como los servicios de los alumnos adscritos al Programa de Educación Especial, que suman 85,470.

Ramos Parés dijo que, en el borrador de presupuesto, están solicitando $656.3 millones para el Programa de Educación Especial, que actualmente opera con $506.3 millones.

“Cada asignación presupuestaria responde a una responsabilidad concreta con nuestros estudiantes. En el caso de Educación Especial, no solo hablamos de números, sino de garantizar derechos y servicios esenciales para una población que requiere atención continua y especializada”, sostuvo.

Reconoció, en tanto, que, durante el 2025-2026, Educación ha enfrentado “retos fiscales”, a causa, principalmente, de un incremento en el gasto de nómina tras la otorgación de ajustes salariales –que se habían concedido con fondos no recurrentes– y la integración de cinco escuelas alianza.

“Con relación a los gastos de funcionamiento, los fondos asignados para los servicios de transportación regular y de Educación Especial, seguridad y mantenimiento (conserjes privados) resultan insuficientes”, admitió, en alusión a la operación actual de la agencia.

A preguntas de la representante Nelie Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, Ramos Parés admitió que Educación no cuenta con una partida presupuestaria designada para la compra, actualización o mantenimiento de tecnología.

“Ahora mismo, no hay una partida específica para todo lo que es de tecnología”, dijo.

Explicó que, actualmente, los pagos correspondientes a contratos de programación y mantenimiento, así como las renovaciones de licencias (software), se hacen a través de fondos discrecionales. Ambas partidas suman $35 millones. En tanto, el servicio de internet en las escuelas se paga con fondos federales.

Ramos Parés describió como un “reto” convencer a las estructuras fiscalizadores de la necesidad de dotar a los estudiantes con nueva tecnología periódicamente. “Ha habido que producir política pública que permita, de alguna manera, considerar la necesidad de sustitución de equipo tecnológico”, anotó.

Ramos Parés confirmó, a preguntas de los representantes, que ya está ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el Plan de Clasificación y Retribución para empleados no docentes de Educación.

“Este Plan de Clasificación y Retribución es una urgencia”, aseveró, cuestionado por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Educación, detalló, cuenta con una plantilla de 11,912 empleados no docentes. De aprobarse el Plan de Clasificación y Retribución, 8,882 recibirían ajustes en su paga para alcanzar, como mínimo, el salario base establecido en su escala, con un incremento promedio estimado de $5,102 por empleado.

Mientras, 3,030 trabajadores no se verían impactados, ya que su compensación actual excede el mínimo de la escala asignada a su clasificación.

“Nuestra prioridad hoy son dos cosas: la Carrera Magisterial y que podamos liquidar esa deuda que está ahí; y, número dos, el Plan de Clasificación y Retribución de un personal que no ha visto incrementos en retribución por muchísimos años. Me atrevería a apostar que algunos de ellos hace dos décadas”, afirmó Ramos Parés.

El Plan de Carrera Magisterial –que había sido congelado en 2017– establecía una serie de incentivos escalonados para los maestros y maestras que avanzaran en su preparación académica.

El 30 de agosto de 2025, dijo, se efectuó el ajuste salarial de 2,543 docentes activos, lo que representó un desembolso de $17.3 millones. Asimismo, agregó, se sometió ante la OGP un planteamiento para autorizar el pago retroactivo a 5,850 docentes activos e inactivos, que alcanzaría $59 millones.

“El objetivo no es solo de saldar deudas históricas, sino también asegurar la justa compensación de nuestros educadores”, sostuvo.

Durante la audiencia, Méndez abordó, también, la posibilidad de la otorgación de permanencias a los asistentes de servicio educativo para estudiantes de Educación Especial, conocidos como T1. No obstante, Ramos Parés dijo que “hay que ver si la nómina aguanta”.

“Creo que es un peso demasiado grande para el sistema estar reclutando 7,000 asistentes todos los años, pero responsablemente necesitamos tener más información y más claridad (...) para asegurarnos que lo que vayamos a hacer sea lo que verdaderamente necesita el sistema”, apuntó.