El Senado aprobó este jueves unánimemente una resolución para investigar el estado actual y el plan de restauración del Paseo Lineal de Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan, que se ha deteriorado al punto de colocar en riesgo la acera y la avenida Luis Muñoz Rivera y, por lo tanto, a quienes transitan por allí.

La Resolución del Senado 265, de la autoría de Nitza Morán, indagará, además, sobre el uso y manejo de los fondos públicos asignados para su mantenimiento y rehabilitación, así como la efectividad, si alguna, de las medidas de mitigación temporales que se han tomado para evitar daños adicionales.

“Esta resolución no busca nada más saber dónde estamos... sino también saber qué se puede hacer, en dónde están los próximos trabajos, si hay fondos disponibles y qué fue lo que se hizo mal”, señaló Morán, durante la sesión senatorial.

Tras sobrevivir retos judiciales, el Paseo de Puerta de Tierra fue inaugurado, en octubre de 2016, por la administración de Alejandro García Padilla, pero el huracán María, en septiembre del año siguiente, y posteriores eventos de marejadas aceleraron el deterioro de la estructura, que, entre 2020 y 2021, comenzó a colapsar parcialmente.

Actualmente, según ha podido constatar este diario, el nivel de erosión del terreno colindante a la avenida, a la altura del edificio de Medicina Tropical, aledaño al Capitolio, se ha acercado peligrosamente a la acera por la que diariamente caminan o trotan miles de personas. Parte de ese tramo fue cerrado.

Según reportajes previos de este rotativo, durante el desarrollo del proyecto de $32 millones –que contó con el aval de la administración municipal de Carmen Yulín Cruz– se identificaron 10 zonas que exhibían erosión causada por las escorrentías pluviales, descargas de aguas en el talud y tuberías colapsadas, además de la erosión costera. Una de las áreas no reforzada durante la construcción estuvo entre las que se derrumbó en 2021.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, recordó que fue precisamente bajo el pretexto de “salvaguardar” la seguridad de la ciudadanía y de la vía de rodaje –debido a los graves desprendimientos de terreno que presentaban, entonces, cuatro tramos del paseo lineal– que la “administración popular promovió la construcción del proyecto”.

“Esta resolución es el producto de lo contrario a lo que decía Recursos Naturales, que advirtió tanta gente, que eso era un peligro para la ciudadanía, para los vehículos que transitan por esa vía de rodaje”, apuntó el senador.

“Tal y como manifestaron los que sabían de construcción y de diseño, se agravó el problema de la erosión, al punto de que hay un tramo cerrado por el Cuerpo de Ingenieros debido a la erosión costera, amén de los pésimos materiales que se utilizaron, que están corroídos naturalmente por el salitre”, subrayó González, al señalar que el proyecto sigue siendo una amenaza.

La medida fue referida a las comisiones de Transportación y Recursos Naturales.

Por segunda ocasión, en menos de dos semanas, la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa el proyecto de ley para que los alcaldes privaticen labores administrativas fundamentales. La medida estuvo en el calendario de votación el 20 de abril y hoy, jueves, sin ser considerada.

Múltiples voces, incluyendo alcaldes, han dicho que la legislación resulta “innecesaria”, ya que dicha facultad está contenida en el Artículo 1.008 del Código Municipal, que dispone “que los municipios cuentan con poderes amplios, tanto naturales como delegados, para llevar a cabo sus funciones, incluyendo la contratación de servicios profesionales, técnicos y tecnológicos, así como la capacidad de establecer acuerdos, consorcios y alianzas con entidades públicas y privadas para la prestación de servicios".

El Proyecto de la Cámara (PC) 1006, de la autoría de Jorge Navarro, permitiría establecer contratos de alianza público privada (APP) para “aquellas funciones administrativas y operacionales que los gobiernos municipales consideren pertinentes”, en unidades administrativas internas como la Oficina del Alcalde, la Secretaría Municipal, la Oficina de Finanzas Municipales y la de Presupuesto, así como la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, entre otras.