A menos de 48 horas de que inicie un paralización sistémica en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para exigir su renuncia, la presidenta Zayira Jordán Conde avisó este sábado que el Departamento de Educación de Estados Unidos solicitó, desde el martes, información sobre las interrupciones en las operaciones académicas en el Recinto de Río Piedras, advirtiendo que, si continúan, podría evaluarse su elegibilidad a programas federales.

Notificó, asimismo, que se recibió una comunicación de la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education, también el martes, para conocer el estatus de las operaciones del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que mantiene una manifestación indefinida desde el 13 de abril.

Otras unidades de la UPR han aprobado paralizaciones más cortas, pero todas cerrarán sus portones este lunes, en reclamo, además, de más recursos económicos para la centenaria institución.

Sobre Río Piedras, Jordán Conde indicó, mediante comunicado de prensa, que Educación federal insinuó que una interrupción prolongada de las actividades académicas podría conllevar a “la reevaluación de la elegibilidad institucional para participar en programas de ayuda federal estudiantil (Título IV), conforme al código de regulaciones federales (34 CFR 668.26)”.

“Si la suspensión de la instrucción académica continúa durante cinco o más días consecutivos, es posible que el Departamento deba evaluar si la institución sigue cumpliendo los requisitos para participar en el programa del Título IV”, reza el correo electrónico que la dependencia envió.

La comunicación fue dirigida a la rectora interina de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero, un día después de que iniciara la huelga indefinida condicionada a la permanencia de Jordán Conde.

La notificación requirió a la UPR confirmar su estatus operacional, así como proveer un calendario estimado para la reanudación de las clases y mantener comunicación continua sobre cualquier cambio en sus operaciones.

Al momento de esta publicación, la Administración Central de la UPR no había respondido a El Nuevo Día si la información requerida por Educación federal ya se entregó.

El lunes pasado, el Recinto de Río Piedras inició una “huelga indefinida” para exigir la renuncia de Jordán Conde y que se restablezca la fórmula presupuestaria de 9.6% para la UPR, a tono con lo que los alumnos aprobaron en una asamblea extraordinaria.

Mientras, el Recinto de Ciencias Médicas confirmó ayer, viernes, la cancelación de las citas en las distintas clínicas de salud para este lunes, 4 de mayo, luego que estudiantes aprobaran –en asamblea– un paro de 48 horas comenzando a las 4:00 a.m. de ese día, el cual estaba condicionado a que la presidenta renunciara.

Jordán Conde, quien ha insistido en que no renunciará al cargo, reiteró su llamado a que se reanuden las clases en los campus impactados.

“No podemos comprometer el semestre académico ni poner en riesgo las ayudas federales que son esenciales para nuestros estudiantes. Es momento de actuar con responsabilidad”, sostuvo.

Señaló, no obstante, que, en aquellas unidades donde ha sido posible, se han implantado “métodos alternos de enseñanza conforme a la normativa institucional”, mientras se realizan los ajustes necesarios para asegurar la culminación del semestre. Estas medidas, aclaró, no sustituyen la operación académica plena.

Como parte de las acciones para atender las manifestaciones, la Administración Central de la UPR creó un Comité de Diálogo para encaminar soluciones al contexto actual del sistema universitario. El grupo cuenta con la mediación de la doctora Mildred E. Negrón Martínez, abogada certificada, y la representación institucional del doctor José Luis Ayala, vicepresidente asociado de Asuntos Académicos y de Investigación, junto a un segundo representante de la UPR que será anunciado próximamente.

“Se encuentra pendiente la designación de los dos representantes estudiantiles”, agregó la institución, en el comunicado.

Jordán Conde reiteró la disposición de su administración al diálogo, al destacar “que se han tomado pasos concretos para atender los planteamientos del estudiantado”. No obstante, enfatizó que “ese proceso debe darse sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir su educación”.

“Los estudiantes quieren estudiar. Trabajemos juntos para atender las medidas onerosas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal y hagamos honor a la Universidad como el centro de investigación científica, servicios, educación y desarrollo económico que ha sido, es y será. Este es un momento histórico que nos exige unidad y transformación”, puntualizó.