La Asociación de Abogados Puertorriqueños (PRBA, en inglés) planteó su oposición a la reforma judicial que se recoge en el Proyecto del Senado (PS) 1096, por lo que instó a la gobernadora Jenniffer González a vetar la medida legislativa.

La organización -que une a los abogados boricuas en el estado de Nueva York- aseguró que su oposición responde a un “profundo compromiso” con la preservación de la independencia judicial, que más allá de ser un “privilegio institucional” delegado a los jueces y juezas, es “protección fundamental que pertenece al pueblo”.

La independencia de la Rama Judicial, señaló en su carta, “garantiza que toda persona que ingrese a una sala de justicia tenga acceso a un tribunal justo e imparcial, libre de influencias políticas indebidas, excesos gubernamentales o interferencias externas”.

Además, la misiva destaca que los constituyentes “procuraron deliberadamente” crear un sistema judicial aislado de la interferencias de los poderes políticos. Según la asociación, esa intención queda reflejada expresamente en el la Sección 7 del Artículo V de la Constitución, que reconoce que el “Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales”. No obstante, el “Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”.

“Esta distinción entre reglamentación y administración no fue casual. Su objetivo, más bien, era promover la independencia institucional, la rendición de cuentas administrativa y el funcionamiento eficiente de los tribunales”, asegura, en su carta, la PRBA.

En ese sentido, aseguran que el PS 1096 socavaría el marco constitucional, puesto a que plantea delegar gran parte de las facultades administrativas de la jueza presidenta al pleno del Tribunal Supremo. Tal redistribución, aseguran, plantea preocupaciones referentes a la separación de poderes y el alcance de la Asamblea Legislativa para enmendar mandatos constitucionales.

“Una alteración fundamental de la estructura de gobernanza constitucional del poder judicial no puede realizarse mediante legislación ordinaria cuando lo que se requiere es una enmienda constitucional”, señala la organización fundada en 1957.

Aunque la organización plantea reservas sobre la creación del “patronato judicial”, para recibir donaciones monetarias, esta parte se eliminó del PS 1096 como parte de las enmiendas en el trámite legislativo.

La PRBA reconoció que “reforma judicial significativa podría ser necesaria para fortalecer la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia”. Sin embargo, considera que debe hacerse “mediante un proceso reflexivo, inclusivo y constitucionalmente sólido”.

El grupo indicó que su “responsabilidad de defender el estado de derecho trasciende las fronteras geográficas”, puesto a entender que “las amenazas a la independencia judicial en la Isla repercuten en nuestras comunidades aquí en Nueva York”.

“La integridad del sistema judicial de Puerto Rico no es meramente una preocupación local; es una cuestión de principio constitucional compartido y responsabilidad colectiva. Como miembros de la profesión jurídica y de la comunidad puertorriqueña en general, no podemos permanecer callados cuando la independencia del poder judicial y las protecciones fundamentales que brinda el estado de derecho están en peligro”, subrayó la organización.

En ese sentido, la PRBA se solidarizó con la expresión de más de un centenar de profesores de las tres escuelas de Derecho de Puerto Rico, quienes también pidieron que González vete el proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Compartieron su preocupación respecto a la potencial fragmentación administrativa, la disminución de la rendición de cuenta y la influencia política dentro de la gobernanza del Poder Judicial.

“La separación de poderes existe precisamente para evitar que una rama del gobierno invada las responsabilidades constitucionales de otra. Permitir semejante intrusión amenaza el delicado equilibrio del cual depende la gobernanza democrática”, indica.

Por eso, exhortaron a la gobernadora a vetar la medida rebasando las consideraciones partidistas y enfocándose en el “imperativo constitucional” de preservar la independencia judicial, así como su funcionamiento como una rama de gobierno “co-igual e independiente”.

“Un poder judicial independiente es indispensable para una democracia que funcione, y cuando la independencia de nuestros tribunales se ve amenazada, los derechos de todos los ciudadanos se ponen en peligro”, concluye la carta que firma la presidenta de la PRBA, Lillian Mosley.

El PS 1096 fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado el pasado 22 de octubre de 2026. Al día siguiente, se le envió para la consideración de la gobernadora, quien tenía 10 días para firmar o vetar el proyecto, puesto a que la Asamblea Legislativa está en sesión.