El representante legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuestionó este lunes las intenciones de la empresa New Fortress Energy (NFE) para negociar de buena fe en un pleito federal en su contra, luego que entregaran información incompleta al gobierno y que, en medio de una vista, divulgaran criterios adicionales para compartir información con terceros.

“Cada minuto que pasa es un daño. Lo que aprendimos la semana pasada es que teníamos la impresión (...) que, cuando el (tanquero) Amur (River) atracara, (...) el daño cesaría. Y aprendimos, al menos yo lo supe el sábado pasado, que el daño neto nunca termina. Nunca paró, porque solo estaban abasteciendo de gas a una de las dos terminales”, manifestó el abogado Max Pérez Bouret, durante una vista de status ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega.

El juez federal Pedro Delgado Hernández concedió el viernes una orden de emergencia (TRO, por sus siglas en inglés) solicitada por el gobierno para forzar a NFE a brindar acceso a otras empresas a su terminal de gas natural, luego que la empresa reconociera que no podía suplir más gas natural a generatrices de la AEE. La acción judicial se tomó ante la expectativa de que el cargamento de combustible que trajo, a mediados de octubre, la barcaza Amur River se agotaría el sábado, lo cual ocurrió.

NFE incumplió, inicialmente, con la directriz de Delgado Hernández en torno a la cooperación que debe prestar para que un tercero pueda suplir gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés), al entregar información incompleta sobre la disponibilidad de sus instalaciones.

NFE informó a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) que seis instalaciones y equipos ubicados en su terminal en la bahía de San Juan y que sirven a la central San Juan y la central Palo Seco estarían disponibles “a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de peaje (’tolling’)”.

No obstante, el juez Delgado Hernández señaló que NFE debe garantizar acceso a las instalaciones dentro de los próximos 30 días, sin estar sujeto a ningún acuerdo comercial.

“En el escrito que nos ocupa, NFE afirma que las instalaciones ‘permanecen en condiciones operativas y estarán listas para recibir cargamentos de gas a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de peaje’. Esto no es lo mismo que lo que la TRO ordenó a NFE especificar. Por lo tanto, no ha habido cumplimiento”, manifestó el juez, en una anotación disponible en el expediente electrónico del caso.

Posteriormente, pasadas las 5:00 p.m. del lunes, la empresa presentó una nueva moción en la cual enmienda su aseveración anterior y confirma la disponibilidad de instalaciones y equipo en los próximos 30 días.

Durante la vista de status, el magistrado Ramos Vega inquirió sobre la disposición de NFE para compartir información con otras empresas sobre dichas instalaciones, de modo que puedan determinar si pueden suplir o no gas natural.

El abogado de NFE, Lee Sepulvado Ramos, manifestó que la empresa está disponible para conversar con terceros, incluso antes que la AEE formalice un acuerdo de “tolling”. Sin embargo, alertó que podría haber información sensible que requiera que dichas empresas o sus ejecutivos reciban algún tipo de autorización (“clearance”) del gobierno federal.

“Me enteré hoy mismo (lunes) que el acceso a los manuales sobre procedimientos repetitivos y pruebas se considera información sobre infraestructuras críticas y se requiere de la Comisión Federal Reguladora de la Energía una autorización. El acceso por parte de terceros necesita ‘clearance’”, informó Sepulvado.

“No se nos puede exigir que divulguemos información que, por mandato legal, debe someterse a determinados criterios. No estoy sugiriendo que alguien vaya a actuar de forma indebida, solo digo que la ley parece exigir que dichas divulgaciones cuenten con la aprobación de la Comisión Federal Reguladora de la Energía. Trabajaremos con ellos, es un asunto que podemos resolver relativamente rápido”, agregó.

Dicha información tomó por sorpresa tanto al abogado del demandante como el magistrado.

Pérez Bouret solicitó al magistrado establecer una supervisión directa del Tribunal al cumplimiento con la orden de emergencia, al argumentar que NFE ha evidenciado un patrón de cumplir con órdenes judiciales a última hora para evitar fallos adversos. Usó como ejemplo el atraco del Amur River el 13 de octubre, que se dio horas antes de una vista judicial para precisamente buscar alternativas para el suplido de gas natural.

“El Tribunal debería juzgar a NFE por lo que ha hecho y no por lo que dice ahora. Se trata de una promesa hecha bajo la amenaza de una decisión adversa. Esto no constituye un cumplimiento real, es un cumplimiento táctico. Así que es música para mis oídos lo que plantea la otra parte hoy (que compartirán información con terceros), pero el récord está ahí. Y ahora nos encontramos con (unas regulaciones federales), una exigencia que nunca se nos había planteado”, manifestó Pérez Bouret.

Ramos Vega ordenó a los representantes legales de la empresa NFE y de la AEE a intentar adelantar acuerdos sobre cómo se cumplirá con la orden judicial para permitir que otras empresas tengan acceso al terminal de LNG de la empresa.

Las partes tendrán una reunión el martes, a las 5:00 p.m., en el despacho del magistrado para discutir los detalles.

La demanda radicada por la AEE inicialmente en junio fue enmendada el 19 de octubre ante las dilaciones de NFE en la entrega del gas natural que suple a las plantas San Juan y Palo Seco. La empresa solicitó, tarde este lunes, una extensión de 30 días para responder al recurso judicial enmendado.

La vista de estatus de este lunes se dio en momentos en que aún está en el terminal de NFE el Amur River, embarcación que se suponía saliera en la mañana. La embarcación saldrá sin que NFE tenga otro tanquero disponible para suplir LNG, debido a problemas en su terminal en México.

Por otro lado, el juez Delgado Hernández rechazó la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para intervenir en el pleito.

“La incorporación de una parte adicional siempre complica el proceso, al menos hasta cierto punto. Y, en un caso que requiere tanta celeridad, el tribunal considera que el costo no compensa el beneficio, sobre todo, cuando la JSF no ha explicado qué aportaría al litigio”, estableció el juez, en una orden emitida este lunes.