Carolina - La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, se mostró confiada este martes en que la gobernadora Jenniffer González accederá a su pedido de vetar el proyecto de ley sobre la reforma judicial, pero no descartó impugnar la medida en corte si, por el contrario, es avalada por la primera ejecutiva.

“La posición que tenemos sobre el proyecto fue manifestada a la gobernadora… Yo percibí apertura de múltiples espacios. Mi llamado a la gobernadora, y también ha sido público –yo no hago nada tras bastidores–, ha sido a que vete el proyecto por las razones que le hemos expuesto”, dijo la jueza presidenta, al concluir una conferencia de prensa en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

¿Ha obtenido respuesta de la gobernadora?, preguntó El Nuevo Día.

“Hemos tenido conversaciones, múltiples conversaciones. Esto no empezó esta semana. Yo he tenido conversaciones, igual que las tuve con el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz), el presidente de la Cámara de Representantes (Carlos “Johnny” Méndez). También he tenido reuniones con la gobernadora. Vamos a esperar a ver qué está en su facultad: firmarlo o vetarlo. Yo hago mi exhortación y explico las razones por las cuales (me opongo)… La decisión, obviamente, es de la gobernadora”, respondió Oronoz Rodríguez.

Si la gobernadora firma el proyecto, ¿lo impugnaría en los tribunales?, se le preguntó.

“No quiero adelantar cuál sería el próximo paso. Estamos evaluando todas las posibles alternativas. Así que ni descarto ni confirmo que ese sería uno de nuestros movimientos”, contestó.

“Yo tengo esperanza de que no lo firme. Hasta que no lo firme o lo vete, pues estamos a la espera, y seguiremos evaluando las distintas opciones”, abundó la jueza presidenta del máximo foro judicial.

No fue posible, de inmediato, obtener comentarios de La Fortaleza.

Oronoz Rodríguez también ripostó las expresiones que hiciera Rivera Schatz, autor del proyecto de ley, respecto a que, en el Poder Judicial, existe una “monarquía”, al señalar que percibe una intención de “desvirtuar” el poder constitucional de esa rama del gobierno.

“No creo que (la intención del proyecto) sea lo que se dice públicamente, que es quitar la llamada ‘monarquía’. Aquí no hay monarquía. Y si lo hubiera aquí (en el Poder Judicial), la hay entonces en las otras ramas de gobierno, porque es exactamente el mismo modelo”, subrayó.

“¿Por qué lo que funciona para otras ramas no puede permitírsele al Poder Judicial? ¿Ustedes se imaginan yo diciéndole a alguno de los presidentes de Cámara o Senado cómo seleccionar su personal? ¿Ustedes se imaginan yo diciéndole a la gobernadora de Puerto Rico que alguien que no es ella va a seleccionar su equipo de confianza en La Fortaleza? Insólito", abundó la jueza presidenta el máximo foro judicial.

El Proyecto del Senado (PS) 1096 fue aprobado por ambos cuerpos, y la gobernadora tiene hasta el 4 de noviembre para convertirlo en ley o vetarlo. La medida, entre otras cosas, propone cambiar la forma en que se nombran los jueces administradores y eliminaría el cargo de jueces municipales, que pasarían a ser jueces superiores.

Además, delegaría en el pleno del Tribunal Supremo –no en la figura de la jueza presidenta– la designación de jueces regionales, entre otros puestos.

La jueza presidenta Oronoz Rodríguez se opone a la medida por entender que “trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas de nuestro gobierno”.

El proyecto de ley dispone que el Poder Judicial estará compuesto por los nueve miembros del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones, con 39 jueces operando en paneles de tres a siete miembros, y el Tribunal de Primera Instancia, fijado en 338 jueces, eliminando la categoría de juez municipal.

Cuestionada sobre cómo funcionaría ese esquema en la práctica, Oronoz Rodríguez expresó: “Ese es precisamente uno de los problemas enormes que tiene el proyecto. Este proyecto no define”.

“No define cómo va a ser la administración, porque todo esto ha (sido) delegado a reglamentos que no existen el día de hoy, así que no solamente es que es abstracto, es que es totalmente impreciso”, sentenció.

Reiteró que, de aprobarse la medida, el Poder Judicial quedaría “diluido” y sin una línea clara de mando ni de responsabilidades.

“Y ‘diluido’ puede ser en nueve personas en el pleno o puede ser en comités que se creen, o en grupos, puede ser multisectoriales, pero en grupos. Entonces, ¿quién va a ser responsable? ¿Cuál es la línea de mando? ¿Quién plasma la política pública? ¿Quién le responde al país? ¿Quién hace los planes decenales? ¿Cómo nueve personas se ponen de acuerdo en lo que debe ser el futuro de una rama de gobierno? ¿Por qué lo que no es bueno para el Senado, ni para la Cámara, ni para la gobernadora, es bueno para el Poder Judicial?”, insistió la jueza presidenta.

“No solamente es que es atípico, es que es impracticable, es ineficiente. No tiene base o sustento jurídico o histórico. Cuando tú vas a la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico se basó en la Constitución de Nueva Jersey. Y, específicamente, querían un juez presidente con poderes administrativos y de dirigir una rama de gobierno y a un pleno que hiciera los reglamentos, como ha funcionado en Puerto Rico hace casi 75 años”, agregó.

Rechazó que sea necesario el “consenso o las decisiones colegiadas” para administrar el Poder Judicial porque, para ello, se requiere inmediatez y acción a base de una agenda y con prioridades definidas.

Las expresiones de la jueza Oronoz Rodríguez se produjeron durante una rueda de prensa en la que anunció la ampliación del Proyecto Justicia para la Niñez y la Sala TEMIS, en el Tribunal de Carolina. Esta es la segunda sala que inaugura el sistema judicial para atender menores de edad que forman parte de procesos judiciales. Se trata de una sala especializada, ambientada y con mobiliario para menores, que busca evitar la revictimización y procurar que bajen sus niveles de angustia para proceder con sus respectivos procesos legales.

La primera sala TEMIS fue inaugurada en el Centro Judicial de Caguas, en 2024, explicó la jueza presidenta. La expectativa es que haya una de estas salas en cada una de las 13 regiones que componen el sistema judicial, informó.

El Proyecto Justicia para la Niñez consiste en servicios de orientación y referidos para representación legal gratuita en casos de maltrato y negligencia de menores.

“Los niños y las niñas no llegan a nuestros tribunales por elección propia. Son las circunstancias de sus vidas las que los colocan ante el sistema de justicia, muchas veces, después de experiencias que jamás hubiéramos querido que enfrentaran. Nuestra responsabilidad es procurar que ese encuentro no añada nuevas heridas, sino que les ofrezca protección, dignidad y oportunidades para un futuro más seguro”, puntualizó Oronoz Rodríguez