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Juicio contra hermanos de “Georgie” Navarro duraría más de dos semanas y tendría 20 testigos: ¿cuándo inicia?

A pesar de las largas negociaciones, la Fiscalía federal y la defensa no alcanzaron un acuerdo

27 de octubre de 2026 - 5:26 PM

De izquierda a derecha, los hermanos Ricardo y Edgardo Navarro Suárez. (carlos.rivera@gfrmedia.com)

En momentos en que se anticipa que el proceso judicial podría extenderse por más de dos semanas, cuando declaren 20 testigos, la jueza federal de distrito Camille Vélez Rivé, del Tribunal federal en Puerto Rico, fijó la fecha del juicio contra los hermanos del representante Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro Suárez.

El juicio por jurado contra Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez, quienes enfrentan cargos de conspiración, soborno y lavado de dinero, se llevará a cabo en la sala 4 del Tribunal federal, en Hato Rey, a partir de las 9:00 a.m. del 3 de mayo de 2027. Ese mismo día se realizará la selección de los miembros del jurado.

Además de los hermanos Navarro Suárez, el caso involucra al contador público autorizado Ramón Valentín Montalvo y a las corporaciones JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group, Corp., y JCA Industrial Supply, Corp.

La fecha se estableció luego que la Fiscalía federal y la defensa informaran que no alcanzaron un acuerdo para resolver el caso mediante una declaración de culpabilidad, a cambio de la desestimación de algunos cargos.

Durante una reciente vista de estatus de los procedimientos, la fiscal federal auxiliar Myriam Y. Fernandez Gonzalez solicitó que se señalara la fecha del juicio, al confirmar que las partes no consiguieron llegar a un acuerdo.

¿Cuánto durará el juicio?

La Fiscalía federal estimó que necesitará aproximadamente dos semanas para presentar su caso y anticipó que llamará a declarar a cerca de 20 testigos.

Por su parte, el abogado Edgar R. Vega Pabón -quien representa a Edgardo y sus corporaciones JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc. y JCA Industrial Supply Corp.- calculó que el proceso podría prolongarse hasta tres semanas y media.

Ante la falta de un acuerdo entre las partes, la jueza estableció un calendario para la presentación de documentos y mociones previas al juicio, con el propósito de que tanto la Fiscalía como la defensa puedan preparar sus respectivos argumentos y pruebas.

Fechas clave antes del juicio

El tribunal fijó el 5 de abril de 2027 como fecha límite para presentar las mociones in limine, las designaciones de peritos, los avisos de designación de prueba y las notificaciones relacionadas con la Regla 404(b) de Evidencia. Las oposiciones a las mociones in limine deberán presentarse en o antes del 16 de abril de 2027.

Las mociones in limine son solicitudes que las partes presentan antes del juicio para que el tribunal determine qué pruebas, testimonios o argumentos podrán presentarse ante el jurado y bajo qué condiciones.

Además, las partes tendrán hasta el 12 de abril de 2027 para entregar los materiales correspondientes a Jencks y Giglio -que son términos legales fundamentales en el derecho procesal penal de los Estados Unidos que se refieren a las obligaciones que tiene la fiscalía de entregar evidencia a la defensa antes o durante un juicio-; las propuestas de preguntas para la selección del jurado; las instrucciones que se impartirán a los integrantes del jurado; y por último, el formulario de veredicto propuesto.

La determinación de calendario ocurre luego de que el tribunal ordenara excluir del cómputo del plazo dispuesto por la Ley de Juicio Rápido el período hasta el 3 de mayo de 2027, para permitir que las partes tengan tiempo suficiente para prepararse para el proceso.

¿En qué consistió el supuesto fraude?

Según el pliego acusatorio, los acusados y sus cómplices presentaron al menos 26 solicitudes de préstamos federales entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, mediante los programas de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y del Programa de Protección de Nómina.

Las solicitudes buscaban obtener un total de $2,238,747 de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) y del denominado “banco 1”, una institución financiera con sede en Puerto Rico.

La Fiscalía federal sostiene que los fondos se procuraron mediante solicitudes fraudulentas, el pago de $69,500 en sobornos a un empleado de la institución bancaria y el reclutamiento de terceros para facilitar el esquema.

Los señalamientos forman parte de las acusaciones que se ventilarán durante el juicio, cuyo inicio está previsto para el 3 de mayo de 2027.

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