La jueza de distrito Camille Vélez Rivé, del Tribunal federal, reprogramó para el 28 de septiembre la conferencia con antelación al juicio prevista para este viernes en el caso que enfrentan Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez.

La determinación respondió a una solicitud presentada por la defensa de otro de los coacusados, el contador público autorizado (CPA) Ramón Valentín Montalvo, quien encara seis cargos por soborno bancario y uno adicional por conspiración para cometer fraude electrónico.

“Un aplazamiento es necesario debido a que el abogado Edwin Prado fue sometido a una cirugía relacionada con el cáncer y posteriormente recibió radioterapia. A pesar de que el abogado se ha esforzado por cumplir con sus responsabilidades profesionales, aún no se ha recuperado completamente. Su condición médica y recuperación han afectado significativamente su tiempo disponible para completar el trabajo requerido en este caso”, explicó la defensa del contador, que solicitó la posposición de la vista por un periodo de 60 días.

En la moción, la defensa de Valentín Montalvo recordó que durante la última vista, celebrada el 18 de mayo, la Fiscalía federal confirmó que las ofertas sometidas por los abogados de los acusados fueron rechazadas. Ante ese escenario, argumentó que era necesario contar con más tiempo para continuar las conversaciones y evaluar la posibilidad de resolver el caso sin llegar a un juicio.

Además de Valentín Montalvo y los hermanos del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), la acusación incluye a las corporaciones JCA Development, JCA Packaging Group, RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply.

La defensa del contador adelantó, además, que prevé presentar varias mociones que, a su juicio, serán necesarias para salvaguardar los derechos de su cliente. Sostuvo que el aplazamiento también facilitaría la continuación de las negociaciones entre las partes, lo que podría reducir las controversias pendientes y contribuir a un uso más eficiente de los recursos.

Antes de resolver la petición, Vélez Rivé indicó que, si bien comprendía la situación médica del licenciado Prado, la solicitud podía tener implicaciones para los calendarios de trabajo de los abogados que representan a los demás acusados. Por ello, concedió un término para que las restantes partes expresaran su posición.

Horas después, los abogados de los demás coacusados respaldaron la solicitud, mientras que la Fiscalía federal notificó al tribunal que no presentaba objeción al cambio de fecha. Con el consentimiento de todos los involucrados, Vélez Rivé ordenó reprogramar la vista para el 28 de septiembre en la sala 4 del Tribunal Federal.

El caso fue revelado en abril de 2025, cuando agentes federales arrestaron a los hermanos Navarro Suárez y a Valentín Montalvo, además de intervenir con varias corporaciones vinculadas a ellos.

Un gran jurado emitió, el 27 de marzo de 2025, un pliego acusatorio contra los hermanos Navarro Suárez, sus cuatro empresas y contra Valentín Montalvo por, supuestamente, operar un esquema de fraude.

Según el contenido del pliego, los acusados, pesuntamente, trabajaron en coordinación y se apropiaron de más de $2.2 millones en fondos federales mediante préstamos bajo la Ley CARES.

Los acusados sometieron alegatos de no culpabilidad durante la comparecencia inicial.

Según la Fiscalía federal, los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, cuando los hermanos Navarro Suárez y Valentín Montalvo, supuestamente, radicaron 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA), y a una institución financiera.

Los fondos estaban destinados para, entre otras cosas, el pago de nómina y deudas fijas en medio de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.

Los acusados -que enfrentan 12 cargos- presuntamente ofrecieron y/o prometieron $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso.

En el pliego se especificó, además, que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados, supuestamente, reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EIDL.