Isabela - Aunque, por el momento, no hay “programado” un plan más amplio de interrupción del servicio de agua potable, la gobernadora Jenniffer González reveló este jueves que trabaja en la confección de una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en todo Puerto Rico a causa de la sequía.

El decreto se emitiría este lunes, luego que la gobernadora se reúna con los miembros del Comité de Sequía, a los que convoca, al menos, una vez a la semana.

“Estoy trabajando una orden de emergencia para declarar una situación de emergencia sobre sequía en Puerto Rico. Actualmente, la única orden de emergencia que tenemos sobre la situación de agua es para los municipios de Loíza, Canóvanas y Río Grande, como ustedes muy bien saben, tienen actualmente un sistema de interrupciones programadas para esos municipios”, manifestó la mandataria, a preguntas de la prensa, durante una conferencia de prensa en Isabela.

Anticipó que, entre otras cosas, la orden ejecutiva congelará los precios de productos esenciales en medio de una sequía, como las cisternas y el equipo necesario para su instalación, viabilizará con más agilidad la activación de la Guardia Nacional, las compras, el uso de tecnología, reembolsos y el acarreo de agua.

Recalcó que “no hay un plan de interrupciones programado”, pero reconoció que el panorama con los abastos de agua “se ha agravado”, particularmente en el embalse de Carraízo, que suple a unos 180,000 clientes de la zona metropolitana.

“La situación de sequía se ha agravado, lo que significa que el fenómeno de El Niño, que sigue impactando el Caribe y, en este caso, Puerto Rico, ha recrudecido la situación de nuestros abastos de agua, específicamente lo que tiene que ver con el embalse de Carraízo. Carraízo es el cuerpo de agua que abastece, específicamente, San Juan, Carolina, Trujillo Alto, partes de Canóvanas, partes de Dorado y partes de Juncos. Esto significa que ya salió del área de observación y obliga a que estemos monitoreando para hacer ajustes. Esto significa que, obviamente, tiene vida, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados quiere extenderle su vida”, explicó la mandataria.

De inmediato, instó a los residentes en San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Juncos y Gurabo a usar el agua potable con prudencia.

“Debemos considerar esto de lavar los carros, pegar mangueras en las marquesinas, pegar mangueras en las aceras. Tenemos una limitación sobre los abastos de agua. ¿Cómo extendemos el uso del agua? El problema que tenemos es que no está lloviendo y no hay pronóstico de lluvia suficiente para abastecer Carraízo en las próximas dos semanas. Ese es el problema”, afirmó.

“Nosotros no queremos interrumpir el servicio. Por lo tanto, si queremos extender la vida del embalse, tenemos que ser cuidadosos con el uso del agua que sirve a Carraízo”, abundó.

Señaló que se mantienen vigilantes a la situación en la zona sur, pues la falta de agua está afectando los cultivos. “Por eso el Departamento de Desarrollo Económico (y Comercio) está dando un incentivo de hasta $5,000 a comercios afectados. Todo esto se está haciendo en coordinación”, precisó.

Sobre la reunión del lunes, indicó que incluirá a los miembros del Comité de Sequía y a un grupo de alcaldes, que no precisó, para discutir “planes de acción”.

La expectativa, agregó, es que llueva para septiembre y de esa lluvia se puedan nutrir los embalses.

“No estamos como estuvo Puerto Rico en el 2014-2015, que ha sido la sequía más fuerte que hemos experimentado en los últimos 10 años, porque hemos tomado medidas desde mayo para proteger nuestros embalses”, sostuvo la gobernadora.

Las expresiones se produjeron al concluir los actos de inauguración de los Centros Integrados de Servicios de Salud (CISS) en Isabela, mediante una inversión de $10 millones con fondos propios.

Además de los servicios clínicos, el centro ofrecerá entrega de medicamentos al hogar, toma de muestras de laboratorio a domicilio, educación en salud y el programa de transportación TaxCISS diseñado para facilitar que los pacientes no falten a sus citas médicas.

A la actividad, asistió el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera. Ambos se expresaron confiados en que puedan lograr la reautorización de, al menos, $3,700 millones anuales en fondos federales, cuya autorización expira en octubre del próximo año.

La gobernadora optó por defender las gestiones de “los funcionarios de la administración Trump” en este tema, mientras Hernández Rivera planteó que “tanto demócratas como republicanos comprenden el problema y tienen un compromiso con atenderlo”.

“Dicho eso, simplemente por la mera filosofía política de cada partido, una composición de un Congreso demócrata va a estar más dispuesto a ser más generoso. Pero eso se verá en noviembre”, afirmó el comisionado residente en Washington.