Para muchos puertorriqueños, dar el salto al empleo formal significa perder –en algunos casos de golpe– beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Plan Vital, lo que impacta su capacidad de cubrir necesidades básicas con salarios que, muchas veces, no reflejan el costo de vida. Así lo evidenció un estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que advierte que esta “caída abrupta” de ayudas desincentiva la inserción laboral y empuja a muchos a rechazar empleos formales o recurrir a la economía informal para preservar su estabilidad.

El análisis, titulado “Entre la espada y la pared: la caída abrupta de beneficios del gobierno y la movilidad económica de las familias en Puerto Rico”, encontró que programas como el de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF-C), PAN, Plan Vital y Vivienda Pública “no están diseñados para encaminar a las familias hacia su movilidad económica”.

Los hallazgos también exponen que aumentos pequeños en los ingresos pueden redundar en reducciones “desproporcionadas” en beneficios, en algunos casos, mayores al ingreso adicional recibido en el hogar.

“No se trata de falta de ganas, de no querer trabajar, no es falta de esfuerzo. Es que el sistema, como está diseñado en este momento, hay que revisitarlo, hay que mirarlo y hacerlo que funcione a la realidad actual que enfrentan miles de familias. (…) Cuando el ingreso por trabajo no es suficiente, avanzar implica riesgos y estamos limitando la movilidad económica de las familias, estamos frenando el potencial de miles de familias que quieren y están tratando de salir adelante”, señaló Sarah Vázquez Pérez, directora ejecutiva del Instituto.

El concepto que se repite en el análisis es “caída abrupta de beneficios”. Este se refiere a cuando un aumento en los ingresos causa que las familias pierdan ayudas de asistencia social y cuando los beneficios perdidos son mayores al aumento en salario, lo que puede ser un disuasivo al empleo.

La investigación reveló que el PAN muestra el mejor ejemplo de cómo los programas pueden diseñarse para reducir la caída abrupta de beneficios e incentivar el empleo al implantar tres estrategias: un proceso de transición de 24 meses para estimular que las personas beneficiarias entren a la fuerza laboral, reducciones escalonadas en beneficios según aumenta el ingreso y mayores deducciones a los ingresos, lo que permite que más familias puedan cualificar.

El programa TANF-C –que brinda asistencia a familias con menores– mostró la caída más abrupta, pues la totalidad del beneficio se pierde al superar un ingreso mensual de $1,400.

En el caso del Plan Vital, la doctora María Enchautegui Román, coautora del análisis, explicó que la pérdida abrupta de elegibilidad afecta principalmente a adultos, pues los menores pueden mantenerse cubiertos a través del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP). Como ejemplo, mencionó el caso de un adulto que vive solo y labora 40 horas semanales a $10.50, con un ingreso mensual de $1,806. Por exceder el límite de $1,800 por apenas seis dólares, perdería por completo el beneficio.

El escenario es “mixto” en el programa de Vivienda Pública, pues el aumento en renta se evalúa tan pronto se reportan los nuevos ingresos y el beneficio de renta se elimina tan pronto se llega al máximo de ingreso.

En los grupos focales formados como parte del análisis –en los que participaron principalmente madres– se repitieron con frecuencia palabras como “miedo”, “estancadas”, la sensación de estar “en un hoyo” y de que el gobierno “penaliza” por trabajar.

“Tenemos que comenzar a hablar de la necesidad de transformar el sistema, de la realidad de que la movilidad social económica es posible y que uno, como persona, puede aspirar a vivir una vida digna, no a sobrevivir. El riesgo de no hacer nada es continuar perpetuando un ciclo de pobreza en donde la gente pobre va a ser cada vez más pobre y vamos a tener, lejos de una sociedad más estable, una sociedad más deprimida económica y socialmente”, planteó Ciení Rodríguez Troche, exsecretaria del Departamento de la Familia, durante un panel sobre el análisis.

El estudio, que recuerda que el 52% de los niños en Puerto Rico vive en pobreza, viene acompañado de acciones puntales para que los principales programas de asistencia gubernamental reduzcan la caída abrupta de beneficios, entre ellas, promover la transparencia en la información sobre elegibilidad y orientación obligatoria; mejorar el servicio al cliente y uniformar su calidad; optimizar los programas existentes; implementar períodos de gracia claros y comunicados; emular el modelo del PAN; establecer topes temporales o escalonados en el aumento de renta para familias en Vivienda Pública que comienzan a trabajar; identificar fondos locales recurrentes para compensar la pérdida de beneficios cuando las familias comienzan a trabajar; y desarrollar una coordinación interagencial formal entre los programas de beneficios.

“Creo que un punto de comienzo es que hay que decidir y aceptar que la caída abrupta de beneficios es un problema y hay que decidir que es una prioridad de país cambiarlo para poder movernos adelante, para asegurar el bienestar de las familias con menores, pero para asegurar también el desarrollo económico de todo Puerto Rico. En la medida en que no aceptemos que esto es un problema que necesita solucionarse, va a ser bien difícil que adoptemos esas medidas a corto, mediano y largo plazo”, aseveró Estela Reyes Rodríguez, directora de abogacía del Instituto.