En el Viejo San Juan hay sobre 300 espacios residenciales para reservar (horizontal-x3)
En el Viejo San Juan hay sobre 300 espacios residenciales para reservar. (GFR Media)

Tras la radicación de un proyecto que dejaría fuera de servicio por un año en el Viejo San Juan el arrendamiento de propiedades a corto plazo a través de plataformas digitales como Airbnb, el presidente de la Legislatura Municipal de la capital, Marcos Rigau, aseguró que la medida sufrirá cambios.

Según el proyecto de ordenanza 13, radicado por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, la proliferación de arrendamiento turístico de viviendas completas o habitaciones “inciden y afectan la integridad de las comunidades residenciales del Viejo San Juan”.

La medida fue radicada el 11 de mayo y establece que tras la aprobación de la ordenanza se decretaría una moratoria de un año en el otorgamiento de permisos de uso que autoricen el arrendamiento a corto plazo de residencias o habitaciones en predios que cuenten con la zonificación residencial en la isleta capitalina.

El proyecto también sostiene que el ayuntamiento “rechaza el desplazamiento y la gentrificación de las áreas urbanas” del Viejo San Juan para “proteger el entorno histórico-cultural del Viejo San Juan y preservar su carácter comunitario y residencial”.

No obstante, Rigau afirmó a endi.com que la radicación de esta medida es tan solo el inicio de un proceso para reglamentar una nueva industria “que no podemos dejarla silvestre”.

Una búsqueda en el portal de airbnb.com arrojó que en el Viejo San Juan hay sobre 300 espacios residenciales para reservar

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Rigau indicó que la medida se presentó a petición de los residente del Viejo San Juan, quienes han señalado problemas de seguridad y limpieza en la isleta.

“Pero más que a las quejas de los residentes, esto responde a la necesidad de tener una reglamentación ordenada donde se proteja el derecho de propiedades que permanecen alquiladas y el derecho de dueños de residencias que viven ahí para mantener el carácter residencial del Viejo San Juan”, aseguró.

Sostuvo que busca que el proyecto mejore para poder armonizar los intereses de todas las partes involucradas.

“El dueño de una propiedad pues quiere usar su propiedad libremente y los residentes de una comunidad quieren tener los menores problemas de ruido e inconvenientes posible. Entonces tienes que armonizarlo”, estableció el presidente.

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan dijo que el proyecto final será “en común acuerdo” con la alcaldesa.

“Toda medida que se presenta está sujeta a revisión y cambios, ninguna está escrita en mármol”, recalcó.

Rigau también dijo que la legislatura municipal ha estado siguiendo este tema desde hace meses y que ha realizado varios estudios sobre la situación. 

De igual forma, aseguró que su intención es que San Juan pueda insertarse en la corriente de varias ciudades en el mundo que han reglamentado la operación de estas plataformas digitales.

“Todas las ciudades del mundo están pasando por esto. Nosotros hemos conseguido la reglamentación de muchas ciudades. Normalmente, la tecnología viene primero y luego la organización”, indicó.

Tras las críticas que ha recibido la administración municipal por este proyecto, Rigau estableció que “no queremos cortar ningún desarrollo económico, queremos fomentarlo”.

No obstante, el portavoz de la Asociación de Comerciantes de Viejo San Juan, Juan Fernández, aseveró que la ordenanza presentada “matará lo poco que genera economía” en la isleta capitalina.

“En Puerto Rico y en el Viejo San Juan enfrentamos el mayor reto de todos los tiempos para reponernos de los daños causados por el paso del huracán María y la idea más brillante del municipio para ‘ayudar’ consiste en detener lo poco que funciona algo”, estableció Fernández.

El portavoz dijo que la actividad económica proveniente del llamado "Room, Breakfast and Bed" también está creando empleos en la restauración y adaptación de estructuras vacías y abandonados en más de un 70%.

“Condicionar o prohibir que el dueño de una propiedad, que la compró y la pagó con su esfuerzo y dinero, no la pueda rentar a corto plazo a quien prefiera es en mi opinión completamente injusto y atenta contra el concepto de oferta y demanda que rige nuestra democracia de respeto a las libertades de todos”, destacó.

“No sé de leyes federales, pero creo que prohibir esto huele a inconstitucional”, añadió Fernández.

Por su parte, el presidente de la legislatura municipal invitó a los residentes, comerciantes y dueños de vivienda en la isleta a que se presenten en las vistas públicas que se celebrarán este viernes y sábado en el hemiciclo del organismo en San Juan.

“Lo primero que tú haces antes de reglamentar nada es escuchar a las partes concernidas. No hemos decidido nada. Esta es la propuesta que hace la administración y nosotros la evaluaremos”, estableció Rigau.

Aunque Airbnb es la plataforma digital de arrendamiento temporero más conocida, otras como Home Away y Join a Join, también dominan esta industria.

En el 2017, el gobierno de Puerto Rico y Airbnb llegaron a un acuerdo para que la empresa cobrara el 7% del impuesto por ocupación para los ingresos de la Compañía de Turismo. 

Igualmente, el gobernador Ricardo Rosselló anunció recientemente un acuerdo con la plataforma digital para que establezca en Puerto Rico iniciativas para incrementar el turismo en la isla con actividades únicas entre los anfitriones y visitantes.


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