En los pasados días, fuentes cercanas al gobierno federal han expresado preocupación con la posibilidad de que la administración de Donald Trump pueda, además, retirar dinero previamente asignado por la vía ejecutiva. (AP)

Washington - El presidente Donald Trump ha pedido que se impongan nuevas restricciones en el acceso de Puerto Rico a unos $8,285 millones en fondos de mitigación del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

El gobierno de Puerto Rico ha estado todo el verano a la espera de nuevos desembolsos de HUD. Los fondos de mitigación tienen el propósito de financiar proyectos de vivienda e infraestructura que ayude a lidiar con futuros huracanes.

Pero, en medio de la crisis política a que se enfrenta la Isla, que ya provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y bajas significativas en su equipo de trabajo, el Departamento de la Vivienda federal (HUD), antes de entregar el dinero, impondrá nuevas restricciones a Puerto Rico, informó hoy el diario The Washington Post.

Las fuentes del periódico estadounidenses no pudieron precisar qué tipo de restricciones serán impuestas. Indicaron, sin embargo, que también afectarán adversamente a unos $770 millones asignados a las Islas Vírgenes estadounidenses.

En los pasados días, fuentes cercanas al gobierno federal han expresado preocupación con la posibilidad de que la administración Trump pueda, además, retirar dinero previamente asignado por la vía ejecutiva. De los cerca de $20,000 millones en fondos CDBG-DR que el gobierno federal ha asignado a Puerto Rico para mitigar la catástrofe causada por el huracán María, unos $9,000 millones fueron otorgados administrativamente.

“Ese temor existe”, dijo a El Nuevo Día una fuente cercana a los asuntos de Puerto Rico en Washington.

De los cerca de $20,000 millones en fondos CDBG-DR que se le han prometido a la Isla, solo se han desembolsado $1,507 millones.

Por meses, medios estadounidenses han advertido que el presidente Trump ha buscado frenar las asignaciones a la isla, un tema que está bajo investigación de la Oficina del Inspector General de HUD.

El pasado 28 de febrero, el secretario de HUD, Ben Carson, anunció la aprobación del plan de uso de $8,200 millones en fondos CDBG-DR. Esos fondos aún no han sido desembolsados. Entonces, Carson sostuvo que debido al historial de “malversación fiscal”, también se entregarían con fuertes restricciones.

Los nuevos controles de HUD se suman a medidas tomadas en los pasados días por FEMA, el Departamento de Educación federal y propuestas en el Congreso para requerir auditorías del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, tras los recientes casos de corrupción en la Isla.

Como consecuencia inmediata de los arrestos, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes incluyó en un proyecto que impulsa asignar $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos años fiscales, lenguaje que ordena auditar el plan de salud del gobierno, que fue parte del esquema de corrupción que provocó algunos de los arrestos del 10 de julio.

FEMA, el pasado viernes, le quitó al gobierno de Puerto Rico el control de los desembolsos para municipios y dependencias del gobierno, el cual le había otorgado en abril.

Junto al senador Rick Scott y el congresista Sean Duffy, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha revivido la idea de crear el puesto de coordinador federal para controlar el proceso de distribución de los fondos asignados para mitigar el desastre causado por el huracán María.

Mientras, el responsable de los asuntos de Puerto Rico en la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva, presidente del comité de Recursos Naturales, ha redactado un borrador de legislación para reformar la ley Promesa que, entre otras cosas, crearía el puesto de coordinador general para la reconstrucción y otro de oficial de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para supervisar esa empresa pública.

El Congreso está en receso legislativo hasta el 9 de septiembre.


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