Una vista de las puertas de La Fortaleza cerradas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Partido Popular Democrático puso a la disposición de la Cámara de Representantes la disponibilidad de 15 representantes de la colectividad para iniciar una investigación sobre las causas que podrían llevar al residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló, mientras el Partido Independentista Puertorriqueño exigió al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, que comience el proceso contra el mandatario.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo M. Román Espada, recalcó en entrevista con El Nuevo Día que “la Constitución de Puerto Rico establece un mecanismo mediante el cual las estructuras democráticas permiten acusar y enjuiciar al gobernador con el fin de destituirle del cargo”, bajo ciertas circunstancias.

Ante las diversas peticiones de remover al gobernador de su cargo y su decisión de permanecer, te explicamos cuáles serían los pasos a seguir en un proceso de residenciamiento, bajo el marco que establece la Constitución de Puerto Rico.  

1. La Cámara debe determinar una causal. Para iniciar el proceso, la Constitución dispone que tiene que existir una de las siguientes causales: soborno, traición, delito grave o menos grave que implique depravación.

“La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación”, establece la Constitución.

Se necesitarían entonces 34 votos (dos terceras partes del número total de miembros) para aprobar causal de residenciamiento.

El exjuez del Tribunal de Apelaciones Hiram Sánchez Martínez explicó a El Nuevo Día que “es un procedimiento legal muy parecido a los juicios penales, donde en lugar de un fiscal, lo que hay es un cuerpo legislativo”.

2. Pasa al Senado. Si se determina causal y se apruebe en la Cámara, el Senado celebraría un juicio en que actuaría como jurado, mientras sería presidido por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

“El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación”, dice la Constitución.

En el Senado, se necesitaría el aval de tres cuartas partes de los senadores -un total de 23 votos- para aprobar el residenciamiento, según el senador Eduardo Bhatia.

3. Proceso decisivo. La Constitución establece que “la persona residenciada (el gobernador) quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley”.

Asimismo, establece que los poderes del Ejecutivo en cuanto a suspender la ejecución de sentencias criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes, no se extiende a procesos de residencia.

Información recopilada por las periodistas Yalixa Rivera Cruz, Marga Parés Arroyo y Heidee Rolón Cintrón.


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