El acceso a los servicios de salud está nuevamente en peligro y amenaza con perjudicar a los pacientes, con citas médicas disponibles con aún mayor retraso del actual, más profesionales de la salud mudando sus prácticas del país, un aumento de denegaciones en la cubierta de medicamentos y una limitación en otros servicios, como pruebas de laboratorios, entre otros.
Ese es el veredicto de portavoces de más de 20 organizaciones de salud que denunciaron en la mañana de hoy la negativa de planes Medicare Advantage (MA) de cumplir con una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico que prohíbe que se les reduzcan las tarifas ya aprobadas por el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS). La Ley 90 de 2019, aprobada en agosto de este año, también prohíbe la cancelación de contratos a proveedores sin justa causa.
“Ya dos aseguradoras, MMM y MCS, han manifestado que piensan que el campo está ocupado porque hay una ley federal que los regula y que el estado no puede establecer qué tarifas pagan”, denunció la doctora Norma Devarie, presidenta de Cardiocoop, quien lamentó que esta situación afecte aún más a una población de adultos mayores e incapacitados con problemas de salud y movilidad, entre otros.
Según la cardióloga, el Comisionado de Seguros ya les informó de un protocolo que deben seguir para entablar querellas por esta problemática, mientras que directivos de CMS les informaron por escrito que el gobierno federal no se involucra en el establecimiento de tarifas pues es un asunto de naturaleza contractual entre las compañías y los proveedores.
Ante esta situación, Devarie le hizo un llamado ayer al Departamento de Justicia a defender la Ley 90 luego de que cuatro aseguradoras MA presentaran una demanda federal a principios de este mes alegando que una legislación federal prevalece sobre la recién creada Ley 90.
Aunque la demanda de los planes MA fue radicada en el tribunal federal, Devarie explicó que Justicia es uno de los demandados, por lo cual es necesario que defienda la Ley 90.
“¿Cómo es que CMS permite que las aseguradoras (MA) cubran (dentro de sus beneficios el pago de servicios de) agua, luz y la compra de servicios de carro, pero no (algunos servicios) médicos y dentistas, entre otros?”, manifestó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico.
Según varios portavoces médicos denunciaron, esta situación justificará el que más estudiantes graduados de medicina opten por establecer sus prácticas fuera del país. Como ejemplo, el dentista David Kerr deploró que de los 40 dentistas que se gradúan anualmente del Recinto de Ciencias Médicas, solo uno o dos está optando por quedarse en la isla.
“Estamos indignados y frustrados. Nuestros pacientes lo que necesitan es cuidado médico de calidad”, comentó la doctora Elena Jiménez, portavoz de Oftacoop, quien advirtió que ya los médicos del país reciben tarifas de Medicare menores a las establecidas a nivel nacional por ser un territorio.
Por su parte, la Medicaid and Medicare Advantage Products Association ofPuerto Rico (MMAPA) reiteró que acudió al tribunal federal para impugnar la Ley 90 por entender que este estatuto entra en campo ocupado por la ley federal.
En declaraciones escritas la organización informó a través de Ignacio Fernández de Lahongrais, abogado que representa a MMAPA en este caso, que “la guía de CMS no obliga a establecer las tarifas a esos niveles en los acuerdos de compensación que existan entre las organizaciones de cuidado coordinado y los proveedores participantes en el programa MA”.
