Según el alcalde de San Lorenzo, Joe Román, los mensajes de amenaza también van contra empleados y policías municipales en relación con los cierres de las carreteras. (GFR Media)

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El alcalde de San Lorenzo, Joe Román, reclamó que las autoridades atiendan una querella que sometió por alegadas amenazas en contra suya y de empleados municipales relacionada al cierre de carreteras que implantó como medida contra el COVID-19.

Al tiempo que aseguró que su plan de control vial sigue vigente pese a la controversia con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Román denunció que fiscalía no dio paso a la denuncia que sometió con alegaciones de "amenazas de agresión".

"No citaron a nadie porque la fiscal no autorizó a investigar la querella. No veía méritos, cuando se le entregó toda la evidencia relacionada a las amenazas", dijo Román a El Nuevo Día.

"Queremos que se tome acción de inmediato y no se espere a que ocurra una desgracia para luego justificar las cosas", agregó.

Explicó que se trata de personas que están en contra de los cierres de carreteras.

Resaltó que hay mensajes "de personas que hablan de este servidor, de empleados municipales y policías municipales, hablando de agresión y destruir propiedad. Por eso hicimos la querella".

"Todas esas personas están trabajando en la calle todos los días y no queremos que ocurra algo que lamentar, como ocurrió con Alexa", dijo Román, en relación a la mujer transexual que fue asesinada el 24 de febrero, después de que se publicaran mensajes en las redes sociales en relación a ella.

Según Román, entre "las presiones" que recibió para levantar los cierres de carreteras había elementos del bajo mundo.

"Al nosotros controlar el acceso, eso no le da paso a sus actividades ilegales", expuso Román.

Cuando se le preguntó si eran narcotraficantes, Román contestó: "De todo eso". Sin embargo, dijo que no podía establecer que las amenazas recibidas a través de las redes sociales. "Lo que te puedo decir es que esas personas sí han amenazado", manifestó el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, indicó que ya se comunicó con la jefa de fiscales de la agencia para contactar al alcaldes.

Después de indagar sobre la querella, Longo indicó que "solamente hubo una consulta sobre amenaza que son de índole cibernética".

"Exhortamos al alcalde, como a cualquier empleado del municipio que se haya sentido amenazado que vuelvan y contacten y planteen su querella", dijo Longo a El Nuevo Día.

"Me parece que inicialmente no fue una querella lo que se habló con la fiscal, pero nosotros mismos vamos a contactar al alcalde para que se mire su reclamo. Cualquier alegación de amenaza merece ser evaluada", añadió.

Más allá de las amenazas, los cierres de carreteras que estableció Román levantaron críticas de ciertos sectores.

Además de los ciudadanos que se quejaban de no poder pasar directo a sus residencias, se denunció que la colocación de vallas de cemento impedía el paso de camiones de bomberos y ambulancias en caso de emergencia.

Mientras, el DTOP revocó el permiso que había otorgado el 2 de abril y en los pasados días estableció otro que detalla "en lugar de cierres absolutos, serán puntos de cotejo que no podrán estar cerrados por completo con barreras de hormigón".

"El alcalde puede colocar una barrera de hormigón, siempre y cuando esta no obstruya todos los carriles, pero deberá completar el cierre con una barrera removible de madera", dispuso el DTOP.

Román, a su vez, dijo que esa medida era para cuatro de las diez carreteras que ha cerrado en su municipio.

"Prevaleció el buen juicio que hemos establecido desde un principio para proteger la salud prevaleció por encima de todas las presiones y de las agendas de algunas personas que no les importa la salud de la ciudadanía", afirmó.


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