Negligencia, maltrato físico o emocional y abuso sexual en niños y adultos mayores son algunos de los tipos de maltrato que el Departamento de la Familia investiga en los referidos que recibe. (ARCHIVO)

Un año después de que el Departamento de la Familia (DF) abriera una convocatoria para reclutar a 200 trabajadores sociales y 50 supervisores, la agencia no ha logrado llenar todas estas vacantes y mantiene la necesidad de llenar las plazas de estos profesionales para agilizar los servicios.

“El trabajo social es una de las áreas más fuertes del Departamento. Se necesitan los profesionales más comprometidos. Las Unidades de Investigaciones Especiales trabajan 24/7”, resaltó la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar.

En entrevista con El Nuevo Día, Andújar anunció que la agencia se prepara para abrir otra convocatoria de estos profesionales porque solo pudieron reclutar 184 trabajadores sociales y supervisores cuando se necesitan más.

Pero expertos advierten que bajos salarios, cargadas agendas de trabajo y falta de protección en situaciones de riesgo dificultan que estas plazas sean atractivas y se llenen con la urgencia que se requiere.

La preocupación es tal que la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Mabel López Ortiz, se reunió recientemente con Andújar, para discutir esta situación y plantear algunas alternativas que ayuden a llenar estas plazas, como un protocolo de salud y seguridad que les de herramientas de protección para facilitar el trabajo de estos profesionales.

“Los policías llevan chalecos antibala cuando van a áreas vulnerables, mientras los trabajadores sociales van solos y sin chalecos. Si las familias que atendemos se sienten amenazadas, se pueden poner violentas. Nos llaman los “quitaniños”, por ejemplo, pero la realidad es que vamos a velar por la seguridad de los niños y los adultos mayores”, dijo López Ortiz.

Según la catedrática del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, los trabajadores sociales que trabajan en el DF tienen “las peores condiciones de trabajo y las peores pagas”, lo que asegura le hizo saber a la titular de Familia en la reunión que sostuvieron el pasado 16 de septiembre.

La convocatoria que el DF abrió el año pasado para reclutar trabajadores sociales ofrecía un sueldo de $1,770 al mes. López Ortiz destacó que un salario de entre $1,700 y $2,000 al mes es muy bajo en contrapeso con el alza en el costo de vida. La catedrática reconoció que, con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, esos salarios no se pueden mejorar por el momento.

Otra preocupación, dijo, es que bajo un plan de reclasificación que evalúa el gobierno se le cambie el nombre a las plazas de trabajadores sociales. Recordó que aunque la Ley 7 de Emergencia Fiscal no tocó a los trabajadores sociales, el despido de choferes y secretarias en la agencia ha incidido en que los profesionales que representa hayan tenido que asumir una diversidad de tareas adicionales.

“Le propusimos (a la secretaria de la Familia) aunar esfuerzos en un proyecto de ley que regulara la carga de trabajo (de los trabajadores sociales)”, dijo, al resaltar que, durante la reunión, Andújar admitió que enfrentan dificultad en la retención y reclutamiento de estos profesionales.

“El trabajo social es una de las profesiones que atienden poblaciones de más pobreza y desigualdad. El gobierno no nos ha dado el valor y respeto que tenemos”, añadió.

Larry Emil Alicea Rodríguez, expresidente del Colegio de Trabajadores Sociales, coincidió en que las condiciones de trabajo en el DF dificultan el reclutamiento.

“Aún cuando se reclute más gente, hay una gran cantidad de personas que se necesitan. Eso no va a bajar la carga de trabajo. Hay lista de espera y casos sin asignar”, expresó.

Sobre los bajos salarios, Alicea Rodríguez mencionó que, en Estados Unidos, trabajadores sociales con bachillerato, con tareas menos complicadas y una menor carga de trabajo, unos diez a doce casos por persona, comienzan en unos $2,500 al mes.

“No es culpa del Departamento de la Familia. Es el tiempo que se lleva sin atender (esta situación) en diferentes administraciones (de gobierno)”, sostuvo.

López Ortiz y Alicea Rodríguez coincidieron en que, a nivel general, los salarios de estos profesionales provocan que muchos no trabajen o busquen otros empleos, como “bartenders” o empleados de tiendas, con sueldos de $800 al mes o menos. Ambos aplaudieron la iniciativa de Andújar de reclutar más trabajadores sociales, pero resaltaron que el esfuerzo debe acompañarse de mejores condiciones laborales.

“Los derechos laborales del trabajador social, más que beneficiar al colega, benefician a la población porque permite más tiempo para cada caso y para profundizar. Es imposible que te asignen 40 casos, que son 40 familias. Es difícil por el tiempo (requerido), no puedes”, dijo.

Agregó que el trabajo de estos profesionales también incluye una coordinación interagencial, por ejemplo, con los departamento de Vivienda y Salud, entre otros servicios que requiera cada caso.

Alicea Rodríguez advirtió, además, el factor de la migración, aunque comentó que la cantidad anual que emerge de nuevos graduados de trabajo social ha ayudado a compensar esta posible deficiencia. Según López Ortiz, al 30 de septiembre de este año, había 4,500 trabajadores sociales colegiados, mientras el año pasado había 7,500. Sin embargo, destacó que, en las próximas semanas el número debe aumentar con más colegiados pagando la cuota. Señaló, además, que se le ha orientado a estos profesionales que la descolegiación no deroga la ley que los regula.


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