El representante Antonio Soto dijo que se había reunido con la primera ejecutiva y el secretario de Hacienda para explicarle cómo la pieza legislativa sería financiada. (GFR Media)

El representante Antonio "Tony" Soto tronó esta mañana contra su correligionaria, la gobernadora Wanda Vázquez y contra el secretario de Hacienda, Francisco Parés, luego de que la primera ejecutiva vetó un proyecto que enmienda la reforma contributiva al dejar pasar el plazo de 30 días desde que fue enviado a La Fortaleza.

La medida fue objetada por la Junta de Supervisión Fiscal, que argumentó que la pieza no identifica las fuentes de financiamiento para garantizar los beneficios contributivos que establece.

Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, describió el veto de Vázquez como un "grave error" y argumentó en un comunicado de prensa que la medida beneficiaba a "miles" de adultos mayores, profesionales que trabajan por cuenta propia y pequeños comerciantes.

"Prefiero pensar que la gobernadora fue mal asesorada e inducida a un grave error y no el que La Fortaleza sucumbió ante intereses particulares", sostuvo Soto al afirmar que la medida beneficiaba a 875,000 contribuyentes.

Entre otras cosas, el proyecto reducía un 3% la carga contributiva de los ciudadanos con salarios de hasta $150,000, merma que se suma a la legislada de 5% en el 2017. El proyecto también aumentaba el crédito a adultos mayores de $200 a $400 y aumentaba en $100,000 la exención sobre el impuesto conocido como B2B,

En una entrevista con El Nuevo Día en noviembre, cuando la medida fue aprobada sin mayor discusión pública y a toda prisa en la Legislatura, Soto argumentó que el proyecto tiene los mecanismos necesarios para garantizar su financiamiento, dado que, si bien otorga alivios contributivos ascendentes a $45.6 millones, deroga o modifica leyes generando $57.7 millones al fisco.

Soto argumentó que con la medida se deroga la Ley de Revitalización de Cascos Urbanos (Ley 212-2002), generando ahorros por $35.2 millones. El legislador argumentó que el Código de Incentivos y la Ley de Zonas de Oportunidad incluyen suficientes incentivos para los cascos urbanos.

Con el proyecto supuestamente se generan ahorros por $12 millones al reducir el crédito contributivo por Servidumbres de Conservación y reduce a la mitad, para un ahorro al erario de $500,000, el crédito a las fundaciones de los exgobernadores.

Otra herramienta de ahorro reduce lo que se conoce como las Pérdidas Netas de Operaciones (Net Operating Loss), un instrumento mediante el cual varias compañías que forman parte de un mismo grupo, pueden hacerse transferencias de estas pérdidas para ahorrarse parte de su contribución al fisco. Este cambio presuntamente generaría $10 millones en ahorros para un total de $57.7 millones entre las iniciativas.

Soto argumentó que la medida y los cambios introducidos en un comité de conferencia fueron dialogados entre los cuerpos legislativos y la rama ejecutiva, específicamente el Departamento de Hacienda. No incluyó en ese listado a la JSF.

Soto mencionó que la medida se confeccionó con los "mismos números del Plan Fiscal de la Junta".

"Estamos diciendo que si consideras que la ley 212 tiene un costo de $35 millones anuales de acuerdo al Plan Fiscal que certificaste, si derogo la ley 212 ese costo anual ya no lo tengo y como no lo tengo puedo pasar un beneficio contributivo a la gente”, respondió durante la entrevista de noviembre.

En el comunicado de hoy, insistió en que la medida fue discutida con el secretario de Hacienda y con el subsecretario.

"Se le explicó en detalle al equipo de la gobernadora de dónde saldría el dinero para financiar las rebajas contributivas para poder tener una medida fiscalmente responsable", sostuvo Soto hoy. "Quien ahora diga que el proyecto no cuenta con los payfors (mecanismos de financiamiento) sencillamente miente".

Soto fue más allá y dijo que con el veto, Vázquez demuestra que está "en contra de los adultos mayores, en contra de los contribuyentes honrados, en contra de los asalariados, en contra de la Pymes y en contra de los miles de trabajadores por servicios profesionales".

El proyecto también abría la puerta a que contables no licenciados puedan realizar ciertas certificaciones requeridas exclusivamente a Contadores Públicos Autorizados como resultado de las enmiendas al Código de Rentas Internas del año pasado. Esa legislación generó críticas en sectores que denunciaron que el requerimiento resultaba muy oneroso.

“Estos (los contadores no licenciados) podrán entrar en el juego llenando un formulario que tiene que preparar Hacienda”, dijo Soto. Estas personas podrán certificar hasta un 25% de los gastos de negocios de individuos con ingresos de hasta $750,000.

En la mayoría de las ocasiones son individuos que rinden servicios profesionales o pequeños y medianos comerciantes

El proyecto legisla una exención al pago del Impuesto de Ventas y Uso a favor de los hospitales por la renta de equipo y exime a los pequeños y medianos comerciantes de tener que confeccionar auditorías de sus estados financieros siempre y cuando su volumen de negocios sea de más de $10 millones. Previamente, tenían que presentar estados financieros auditados los negocios con volumen de negocios de más de $3 millones.

También se aumenta la exención de $50,000 a $300,000 sobre el pago de la Patente Nacional que actualmente hacen los contratistas del gobierno

De otra parte, Soto indicó que le solicitará al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, que solicite por la vía judicial un injuction preliminar y permanente y sentencia declaratoria para validar un aspecto del proyecto vetado y que extendía por dos años el requisito de las compañías de telecomunicaciones y de seguros de entregar a sus clientes declaraciones informativas sobre sus servicios.

"Esto corregía lo recogido en la Determinación Administrativa 19-08 emitida por el secretario de Hacienda, de pretender posponer unilateralmente por un año el requisito de entregar las informativas sin mediar legislación a los efectos", sostuvo Soto al indicar que ya había mediado una carta enviada por Méndez y por Soto a Parés exigiéndole "que cumpliera la ley".


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