El senador novoprogresista Larry Seilhamer, al presentar la medida en el hemiciclo, argumentó que la Legislatura pudiera rechazar un contrato si no está satisfecha con el costo negociado de energía. (semisquare-x3)
El senador novoprogresista Larry Seilhamer, al presentar la medida en el hemiciclo, argumentó que la Legislatura pudiera rechazar un contrato si no está satisfecha con el costo negociado de energía. (Gerald López Cepero)

El proyecto que abre la puerta a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue aprobado esta noche en el Senado a viva voz con una serie de enmiendas acordadas con la Cámara deRepresentantes

La medida fue aprobada con 21 votos a favor y seis en contra, mientras que hubo dos abstenciones.

La mayoría penepé votó a favor, al igual que los populares Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres y Jósé Nadal Power. Se opusieron el resto de los populares, el independentista Juan Dalmau Ramírez y el independiente José Vargas Vidot.

Los dos senadores abstenidos fueron Luis Berdiel y Miguel Romero.

Tan pronto como la semana que viene se espera que el proyecto pase a la Cámara baja, donde el lenguaje de ambas piezas se unificará con las enmiendas que también fueron acordadas el martes en una reunión en La Fortaleza

La única alusión en el proyecto al costo de la luz es que se tienen que negociar "tarifas razonables".

El senador novoprogresista Larry Seilhamer, al presentar la medida en el hemiciclo, argumentó que la Legislatura pudiera rechazar un contrato si no está satisfecha con el costo negociado de energía.

"Este no es un proyecto técnico, es una medida de negociación con los activos de la AEE que son del pueblo de Puerto Rico. Queda claro que no se podrá dar paso a un monopolio privado y que las transacciones de venta o alianza serán para los mejores intereses del pueblo'", dijo Seilhamer.

En efecto, la medida prohibe la formación de monopolios en la industria de generación de energía.

Además, la pieza legislativa dispone que ningún contrato de cesión o venta será final si no cumple con el marco regulatorio y la política energética, que serán consignados en dos proyectos separados durante la sesión legislativa que comienza en agosto.

Del mis modo, los contratos de venta serán aprobados por la Asamblea Legislativa luego de una evaluación de no más de 45 días, mientras que los de cesión de activos pasarán por el crisol de la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, entidad con un representante de cada cuerpo legislativo.

La medida de La Fortaleza recoge uno de los compromisos en el plan fiscal de la AEE para colocar en manos privadas los activos de la corporación pública.

Dentro de los cambios introducidos por el Senado se autorizó la venta de activos relacionados a la generación de electricidad y la concesión, a modo de alianza público privada, de los activos relacionados con la generación y la distribución del sistema.

En el Senado se creó lo que se conoce como un certificado de cumplimiento de energía a ser otorgado por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) a cualquier transacción de concesión de activos o de venta -conocido como un Contrato Preliminar- siempre y cuando se cumpla con el marco regulatorio aún sin legislar y la política pública energética, también sin legislar.

El Senado originalmente introdujo en dicha enmienda lenguaje para que los contatos tuvieran que cumplir con las propias normas y reglamentos de la CEPR, pero el cambio fue removido luego de una reunión el martes en La Fortaleza. 

Por ende, la medida amplía el alcance de la CEPR antes de que se firme cualquier acuerdo, aunque no tendrá la facultad de enmendar o alterar contratos. 

"Ninguna transacción podra ser final hasta que cuente con el certificado de cumplimiento otorgado por la CEPR asegurando que la misma cumple con el marco regulatorio y la política pública energética", dijo Seilhamer. 

"La medida nos da garras para defender el buen uso de los activos del pueblo de Puerto Rico", añadió el también exbaloncelista.

El martes se acordó en La Fortaleza que la CEPR tendrá 15 días para evaluar los contratos preliminares, sin opcion a prórroga.

Otro aspecto nuevo en la medida obligará a cualquier proponente de privatizador a presentar una declaración jurada que sostenga que no ha pagado comisiones o bonificaciones, ni tiene compromiso de pagos futuros a ningún funcionario público, empleado o exfuncionario que haya participado en las negociaciones y las transacciones dispuestas por la ley. 

En cuanto a los consultores financieros, los consultores legales, peritos u otros asesores que participen en las negociaciones, también tendrán que presentar declaraciones juradas donde identificarán a las personas naturales o jurídicas que han recibido o recibirán honorarios por servicios o pagos, por cualquier concepto.

En cuanto al futuro de los empleados actuales de la AEE se dispone que ningún contrato de alianza o venta se utilizará como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular, y que el personal que compone la AEE que opte por permanecer en el gobieron será asignado a otras tareas.

El proyecto dispone, además, que los empleados que como resultado de la aprobiación de la ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables.

El senador popular Cirilo Tirado se opuso a la medida al indicar que lo que se busca es "privatizar las ganancias", en alusión a la idea de vender la generación eléctrica y "socializar las pérdidas" al referirse a la transmisición y distribución. 

"Eso es lo que quieren con la venta de la AEE y no les han dicho todavía cómo van a bajar la luz", dijo Tirado durante su turno en el hemiciclo.  "Quien venga a encargarse del sisteme viene a generar dinero, no a perder dinero", subrayó el senador.


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