Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

La mitad de un poste de electricidad tumbado por los vientos en la PR-102. (horizontal-x3)
La mitad de un poste de electricidad tumbado por los vientos en la PR-102. (Ramón “Tonito” Zayas)

En momentos en que el comité de Recursos Naturales del Congreso se propone investigar la contratación de Whitefish Energy Holdings y congresistas en esa rama de gobierno federal han solicitado investigaciones del tema al Buró de Investigaciones Federales y la Oficina del Inspector Federal, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) indicó este viernes que no tuvo nada que ver con esa contratación.

Asimismo, la agencia federal indicó que tiene dudas en torno a la manera en que la AEE gestionó dicho contrato y que no ha podido confirmar si los precios en dicho pacto son “razonables”.

Sobre todo, FEMA sostuvo que cualquier lenguaje en dicho contrato que señale que la agencia aprobó el acuerdo es “impreciso”.

En el contrato enmendado de Whitefish, en su inciso 68, se establece que la AEE “representa y garantiza que FEMA ha revisado y aprobado este contrato y ha confirmado que este contrato es aceptable en cualquier forma para cualificar para fondos de FEMA o cualquier otra agencia del gobierno de Estados Unidos”.

FEMA hizo sus declaraciones este viernes, cuando la agencia federal indicó además que se encuentra en conversaciones con la representación legal de la AEE para indagar acerca del contrato y subrayó que a la fecha, no ha hecho desembolso alguno para pagar por los servicios que ofrece Whitefish.

La declaración de FEMA surge justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha recurrido a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, que preside el proceso de bancarrota de la AEE bajo el Título III de PROMESA para que confirme la designación de Noel Zamot como Oficial de Transformación de la AEE.

“La decisión de conceder un contrato a Whitefish Energy fue hecha exclusivamente por la AEE. FEMA no estuvo involucrada en esa selección”, dijo la agencia federal al advertir que cualquier dependencia del gobierno estatal que no siga los procedimientos de FEMA para la obtención de fondos de desastre se expone a no ser reembolsado por los costos incurridos.

“Partiendo de una revisión inicial y de información provista por la AEE, FEMA tiene preocupaciones significativas en la forma en que la AEE gestionó este contrato y no ha confirmado si los precios del contrato son razonables”, destacó la agencia federal en su declaración escrita.

Los señalamientos de FEMA suponen otro golpe al proceso de restauración de la red eléctrica de Puerto Rico que, en esencia, permanece inoperante desde el paso del huracán María.

Además, las observaciones de FEMA se producen luego de que reportes periodísticos en Estados Unidos y por El Nuevo Día revelaran dudas en torno al proceso que se siguió para recabar los servicios de Whitefish.

Esta semana, El Nuevo Día reveló que los costos de mano de obra en el contrato de Whitefish implicarían una paga de hasta 10 veces, la paga que reciben los trabajadores de la AEE por realizar las mismas tareas. También reveló que si Whitefish utiliza subcontratistas, los precios por tales servicios podrían ser sobre 20% más caros que los ya establecidos por la empresa con sede en el estado de Whitefish.

El Nuevo Día ha solicitado repetidamente información a la AEE acerca de los documentos o procesos que utilizó para convocar los servicios de Whitefish, pero no ha recibido respuesta.

Contratos sin restricciones

A pesar de que la reglamentación de FEMA vinculada con el reembolso de fondos incurridos por gobiernos estatales o municipales es bastante específica, el pasado

28 de septiembre, es decir ocho días después del azote del huracán María, Rosselló Nevares emitió una orden ejecutiva en la que en esencia, dejó sin efecto, todos los procesos establecidos por ley o por reglamento para contratar a entidades privadas, utilizando como argumento para su decreto, la declaración de un estado de emergencia.

Específicamente, en la orden ejecutiva 2018-59 se exime a los contratistas, pero también “a cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública y/o entidad suscrita a la rama Ejecutiva del gobierno de Puerto Rico de cumplir con cualquier requisito impuesto por ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicables que regule el proceso de contratación gubernamental”.

Según la orden ejecutiva, las agencias que emitan tales contratos tendrán tres meses después “de que concluya la emergencia y se normalicen las operaciones” para requerir u obtener los documentos que serían necesarios para cumplir con los procesos de contratación con el gobierno u otros procesos similares.

Además de Whitefish…

Aparte de los cuestionamientos en torno al proceso de contratación que se utilizó y la estructura de costes establecida en el contrato de Whitefish, el pacto establece que la AEE está obligada a revisar toda factura del contratista en un plazo de siete días. Si la AEE no paga en dicho período se aplicará un cargo de financiamiento sobre el pago adeudado de 1% mensual. El contrato tiene una duración de un año.

En el contrato suscrito el 17 de octubre pasado como una enmienda a un primer contrato no divulgado por la AEE del 26 de septiembre pasado, se declara que Whitefish no ha empleado a ninguna persona para solicitar o lograr el acuerdo que obtuvo bajo ningún acuerdo de comisión, corretaje o tarifas contingentes.

También se indica que el contratista tendrá que presentar, si aplican, las evidencias requeridas de contribuciones y similares no más tarde de 15 días de suscrito el acuerdo.

Si bien el contrato a Whitefish se ha convertido en el punto principal en el proceso de restauración de la red eléctrica, la AEE también ha contratado otras empresas como Cobra Acquisitions para esos trabajos y tampoco ha revelado el proceso que siguió para dicha contratación.

En el caso de Cobra, contrato que asciende a $200 millones por un plazo de tres meses, la AEE accedió a pagar $4,000 diarios por los equipos y cada empleado dedicado a las tareas de reparación del sistema eléctrico; $2,000 diarios por cada oficial de seguridad que se necesite y $2,500 diarios por cada supervisor o personal de logística que realice trabajos para la AEE. Además, la AEE aceptó pagar unos $18.6 millones para dar hospedaje y alimentos a los empleados de Cobra que se trasladen a Puerto Rico.


💬Ver 0 comentarios