El Colegio promueve que la asignación de casos de oficio se haga por medio de un panel voluntario y justamente compensado en lugar del esquema propuesto en el reglamento. (David Villafañe)

La matrícula del Colegio de Abogados y Abogadas aprobó una resolución durante su asamblea general -celebrada este fin de semana- para impugnar judicialmente el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio presentado por el Tribunal Supremo y que debe entrar en vigor en enero del 2020.

“Tenemos una reunión próximamente para identificar la estrategia más adecuada. El cuándo va a ser resultado de esa estrategia”, dijo Edgardo Román Espada, presidente del CAAPR.

Sostuvo, sin embargo, que el proceder del organismo dependerá de varios factores, entre ellos que la Legislatura le de paso nuevamente a una propuesta que crearía un panel voluntario de abogados compensados en procedimientos de naturaleza penal. El Proyecto de la Cámara 11 fue aprobado este cuatrienio, pero no recibió el aval del Ejecutivo. 

Román Espada reconoció la intención detrás del documento de ampliar el acceso a la justicia. No obstante, dijo, su verdadero efecto es uno que va en detrimento de la abogacía, pues los letrados no solo tienen que aceptar el caso de oficio de manera pro-bono, sino que recibir el reembolso por el exceso de 30 horas trabajadas en un año natural se convierte en un proceso tortuoso que, en algunos casos, no tiene resultados.

“La única profesión que tiene que obsequiarle al gobierno para que el gobierno cumpla con su obligación es la de abogados”, planteó. 

La solicitud de un reembolso tiene que ser aprobada por el juez que atendió el caso en el tribunal de primera instancia, el juez administración de la región judicial donde se ventiló, la Oficina de Administración de Tribunales y, finalmente, por el Departamento de Hacienda, que es la agencia que emite el pago.

“Han tardado hasta año y medio en pagar”, sostuvo. 

El Colegio promueve que la asignación de casos de oficio se haga por medio de un panel voluntario y justamente compensado en lugar del esquema propuesto en el reglamento, pues el mismo, alegan, constituye “una confiscación ilegítima (taking)”.

El licenciado sostuvo que en la práctica el reglamento vigente, así como el propuesto, conllevará una sobrecarga en la asignación de casos de oficio y fallas en el pago de los reembolsos. “En un gobierno que está quebrado es una propuesta que no tiene mayor credibilidad. En el presupuesto de la rama judicial o del Ejecutivo no hay un solo centavo asignado para el pago de oficio”, señaló.   

Para promover el servicio a la población indigente, dijo, el Colegio ha apoyado múltiples iniciativas como la Sociedad para Asistencia Legal y creó el Programa Pro-Bono que provee servicios legales gratuitos. Sobre la percepción de que cada vez menos abogados están dispuestos a hacer trabajos pro-bono, aseguró que es una apreciación incorrecta. 

“Es un problema de atropello y no de gusto”, alegó. 

El Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico dispone por primera vez cómo se asignará este tipo de representación legal en los casos de naturaleza civil.

Los abogados de oficio son asignados por los jueces a personas que no pueden pagar por estos servicios o cuando no cualifican para recibir representación de alguna organización de asistencia legal para la población indigente.

El servicio de un abogado de oficio está disponible en los casos criminales por la disposición constitucional que garantiza la asistencia de abogado a todo imputado en un proceso penal, pero no estaba clara su aplicación en casos civiles, que incluye áreas como el derecho de familia, daños y contratos.


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