El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) certificó el envío del dinero del PagoGo a la Administración de los Sistemas de Retiro. (GFR Media) (semisquare-x3)
El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) certificó el envío del dinero del PagoGo a la Administración de los Sistemas de Retiro. (GFR Media)

El municipio de San Juan y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) intentarán llegar a un acuerdo en la demanda presentada por el ayuntamiento ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan reclamando que se detenga el cobro de dinero hasta que se termine una revisión de las facturas del sistema “Pay as you go”.

Este sistema, también conocido como “PayGo”, permite que, aunque la ASR no tenga dinero y esté en quiebra, el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas aporten a un pote con el que se honran las jubilaciones de los servidores públicos.

El problema es que, según el abogado del ayuntamiento Frank Torres Viada, la ASR ya ha enviado facturas cobrándole al municipio por las pensiones de personas fallecidas y de jubilados que nunca trabajaron en el ayuntamiento. Se supone, bajo la Ley 106 del 2017, que estableció el sistema PayGo, cada instrumentalidad pública le corresponde aportar por sus retirados.

El municipio solicita que el Tribunal de Primera Instancia acoja unas mociones de injunction y mandamus concediéndole acceso a la información que necesitan para verificar las facturas y deteniendo los esfuerzos de cobro del gobierno contra el municipio por concepto del PayGo.

El abogado de la ASR, Oreste R. Ramos, por su parte, argumentó ante el juez que el estatuto no le provee la capacidad al municipio de disputar las facturas que le envía la ASR. Indicó, además, que aún cuando se proveyera esa capacidad de revisión al ayuntamiento, no se pueden detener los pagos al sistema PayGo.

“No existe provisión alguna que establezca que al municipio se le tenga que explicar la cantidad que se le está pidiendo”, argumentó Ramos.

El abogado del ASR, sin embargo, reconoció que ante unas objeciones hechas previamente por el ayuntamiento se identificaron alrededor de 200 casos que se le estaban facturando al municipio pese a que se trataba de personas que habían fallecido y retirados de otras instrumentalidades públicas.

Torres Viada, por su parte, que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) certificó el envío del dinero del PagoGo a la ASR. Recalcó que los deberes ministeriales del ayuntamiento obligan a que se revisen las facturas que se pagan puesto que, si se desembolsan fondos en exceso, eso implicaría menos recursos para otros programas del gobierno municipal.

Del mismo modo, el abogado del ayuntamiento resaltó que se supone que la ASR publique un registro de beneficiarios con el que se podrían contrastar las facturas. Argumentó que la Administración está en violación a la Ley 106 al no haber publicado todavía ese registro.

Ramos, por su parte, dijo que este registro ya existe pero que está dentro del sistema de informática de la agencia. No indicó por qué no ha sido publicado.

En medio de las argumentaciones el juez Anthony Cuevas Ramos, preguntó por qué algo tan básico como una verificación de las facturas ha causado tantos problemas y exhortó a las partes a conversar para ver si pueden llegar a un acuerdo.

Tras un breve receso, Ramos y Torres Viada anunciaron en sala que habían llegado a un acuerdo preliminar y que se reunirían durante los próximos diez días para intentar llegar a un entendido más concreto.

El juez citó una nueva audiencia del caso para el 21 de junio, con la intención ver el progreso que hayan alcanzado las partes.

“Tal vez si actuamos con sensatez en el asunto no se tiene que llegar tan lejos”, dijo el juez.

Tras la audiencia, la alcaldesa de San Juan, Carmen “Yulín” Cruz Soto, emitió un comunicado de prensa expresándose complacida por la petición del juez de un proceso de negociación entre las partes.

“Hoy el Tribunal ordenó al Sistema de Retiro conversar con el Municipio de San Juan para tratar de lograr un acuerdo sobre el cotejo de los expedientes de los pensionados y determinar la corrección de la factura enviada al municipio por el Sistema de Retiro.  Ese fue siempre el objetivo del Municipio: asegurarnos de la certeza de la factura antes de proceder con el pago”, sostuvo Cruz Soto.


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