El juez Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar un recurso legal presentado por la Cámara de Representantes en el que pedía la entrega un "informe preliminar de investigación de 48 horas", dentro de un término de 24 horas, sobre el manejo de suministros en

La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, informó hoy, miércoles, que aún no saben si apelarán la decisión del Tribunal de San Juan, que les ordena entregar el documento conocido como el "informe preliminar de investigación de 48 horas", dentro de un término de 24 horas, ordenó este miércoles el Tribunal de Primera Instancia.

"El Departamento de Justicia está evaluando el derecho aplicable para tomar una determinación con respecto a cómo proceder a nombre del Negociado de Investigaciones Especiales y el DJ para proteger la confidencialidad de nuestras investigaciones. Mantener la confidencialidad del expediente investigativo es un asunto de vital importancia para garantizar procesos justos y efectivos a nombre del Pueblo de Puerto Rico", sostuvo Longo Quiñones en declaraciones escritas.

El juez Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, declaró ha lugar el recurso presentado por el cuerpo legislativo en el que pedía la entrega del documento.

Tanto Longo Quiñones, como el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tienen 24 horas para entregar una "copia fiel, exacta e impresa" del informe.

"El incumplimiento o desobediencia a la Orden aquí dictada será castigada por este tribunal como un desacato civil al mismo", reza la determinación del juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La gobernadora Wanda Vázquez ordenó el pasado 18 de enero una investigación, a estar lista en 48 horas, sobre el hallazgo de los suministros sin usar en dicho almacén de Ponce. La situación trascendió durante la emergencia por la secuencia sísmica que afectó a la zona suroeste de Puerto Rico que incluyó un terremoto de magnitud 6.4 el pasado 7 de enero.

De igual forma, la primera ejecutiva despidió al ahora excomisionado del Nmead, Carlos Acevedo.

El recurso presentado por la Cámara estipulaba que Justicia “intenta negar una información basado en leyes y jurisprudencia que tienden la limitada secretividad de la información pública para los ciudadanos”. De hecho, en una de las comunicaciones entre Justicia y la Cámara en medio de intentos por solicitar el documento, la agencia sostuvo que cuando el gobierno se niega a entregar un documento a un ciudadano, “la regulación debe satisfacer un escrutinio estricto”.

“El Departamento de Justicia, así como el NIE, pierden de perspectiva que la información aquí en controversia la está solicitando una Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en el ejercicio válido y legítimo de sus facultades constitucionales. Por tanto, la doctrina sobre la confidencialidad de la información que pretende levantar el Departamento de Justicia y el NIE no es oponible a las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa”, reza el escrito.

La demanda detalló que el 24 de enero, luego de la creación de una comisión especial para investigar el incidente, el nominado secretario de Estado, Elmer Román, dijo en una vista pública que guardaba deferencia a Justicia.

El 5 de febrero, Longo Quiñones indicó en una vista pública que estaba impedida de entregar el documento ya que, de hacerlo, violaría la ley orgánica de la agencia.

Estamos impedidos expresamente… de divulgar información obtenida como parte de una investigación mientras esté en curso”, dijo Longo Quiñones en la vista.

El comisionado del NIE, Héctor López, contestó el 12 de febrero ante una petición de información de la Cámara que, aunque la dependencia que dirige realizó la pesquisa, el informe de la investigación forma parte del sumario fiscal, por lo que está impedido de compartir una copia.


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