Ante la “crisis” de proliferación de cerdos salvajes en terrenos agrícolas, la gobernadora Jenniffer González firmó una ley que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a autorizar, indefinidamente, a los agricultores afectados a cazar estos animales, mediante un permiso especial con vigencia de dos años.

Por otro lado, la ley prohíbe el transporte, venta o consumo de carne proveniente de cerdos salvajes cazados bajo estos permisos, estableciendo que quienes incumplan tendrán una multa de $500 por cada violación.

“Los agricultores de Puerto Rico llevan años enfrentando pérdidas significativas provocadas por la proliferación descontrolada de cerdos salvajes. Esta ley nos permite actuar con urgencia y responsabilidad para proteger nuestras cosechas, respaldar a nuestros agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria de nuestra isla”, expresó la gobernadora, en comunicado de prensa.

La Ley 102-2026, de autoría del representante Axel “Chino” Roque, conocida como la “Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores”, autoriza a todo agricultor afectado por la presencia de estos animales en sus fincas a cazarlos, en coordinación con el DRNA, el Departamento de Agricultura y otras agencias pertinentes.

También, ordena la adopción de reglamentos y acuerdos interagenciales para garantizar que el manejo, disposición y control de los cerdos salvajes se realice de manera segura, ordenada y conforme a las disposiciones de salud pública y conservación ambiental.

El permiso especial de caza no deportiva para control poblacional tendrá una vigencia de dos años, sujeto a la posibilidad de renovación. Será responsabilidad del agricultor rendir un informe tanto al DRNA como a Agricultura sobre la cantidad de cerdos salvajes que cazó durante ese período.

En su exposición de motivos, la ley plantea que muchos agricultores se han visto afectados desde el huracán María, en 2017, cuando estos animales proliferaron.

“Esto ha ido provocando una crisis muy preocupante para múltiples agricultores que, en ocasiones, de la noche a la mañana, se enfrentan a cómo una manada de estos cerdos ha destruido cosechas enteras. Sin lugar a duda, la magnitud de esta crisis es tal, que se comienza a poner en riesgo la frágil sostenibilidad alimentaria de nuestra Isla”, establece el estatuto.

El agricultor autorizado para cazar los cerdos salvajes presentes en sus fincas deberá identificar un área dentro de su propiedad para la disposición adecuada de los restos.

Este mecanismo, descrito como “excepcional”, dispone que el DRNA tendrá que realizar informes cada dos años sobre la efectividad de la caza y su impacto en los cultivos. “Este informe será remitido de manera consecutiva cada dos años hasta tanto se dé por cierto y concluido que ya el riesgo es uno no existente”, ordena la ley.

La mandataria también estampó su firma en la Ley 103-2026, de la autoría del representante Ángel Morey, que enmienda el Programa de Oportunidades Financieras para Jóvenes Empresariales, adscrito al Banco de Desarrollo Económico.

La nueva legislación agiliza los procesos para jóvenes emprendedores mediante la creación de un sistema de referidos y atención prioritaria para la obtención de permisos, licencias, certificaciones y otros trámites gubernamentales necesarios para establecer y desarrollar nuevos negocios.

“Esta medida busca eliminar barreras innecesarias y facilitar que más jóvenes puedan convertir sus ideas en empresas que generen desarrollo económico y oportunidades para Puerto Rico”, expresó González.

Asimismo, la gobernadora enmendó la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos para incoporar mecanismos legales para solicitar órdenes de protección en casos de maltrato, negligencia, abuso, hostigamiento, explotación financiera u otras conductas que atenten contra su seguridad, bienestar e integridad.

Esta medida dispone que podrán solicitar este remedio civil personas con impedimentos mayores de 18 años o cualquier persona a favor de la víctima cuando la parte perjudicada padezca de incapacidad física o mental, así como los padres o tutores de un menor de edad.